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La presente Ley regula la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional.
El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales, la protección de la sociedad, y la rehabilitación, reeducación, y la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.
La actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados en Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales.
Mientras se encuentren bajo el cuidado y la responsabilidad de las instituciones penitenciarias, éstas deben respetarse estrictamente a las personas privadas de libertad sus derechos humanos, con las limitaciones y restricciones derivadas de su condición de procesadas o condenadas.
La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades, debe estar sometida al permanente control y vigilancia del Juez de Ejecución, de conformidad a lo prescrito en el Código Procesal Penal.
No se debe aplicar a las personas privadas de libertad ninguna pena que no haya sido impuesta por autoridadjurisdiccional competente ni sanción o medida disciplinaria que no esté expresamente establecida en esta Ley.
Se prohíbe someter a las personas privadas de libertad a torturasy a cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a sudignidad, así como el empleo de medios de coerción que no seanpermitidos por la Ley. Quienes ejecuten, ordenen o toleren dichasactuaciones están sujetos a las sanciones previstas en el CódigoPenal.
El Sistema Penitenciario Nacional se debe regir por el principio de progresividad y por el principio de la individualización del tratamiento.
Los sistemas y tratamiento que se utilicen con las personas privadas de libertad deben ser concebidos para su desarrollo gradual y progresivo, la prevención de la reincidencia y habitualidad, y deben estar encaminados a fomentar en ellas el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley.
Todas las personas privadas de libertad que cumplen condena están sujetas al Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo. Las personas bajo proceso y en prisión preventiva deben sujetarse a las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de esta Ley.
Forman el Sistema Penitenciario Nacional, las siguientes instituciones:
Créase el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o Instituto, como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, con autoridad en el territorio nacional, al cual corresponde, la organización, administración y el funcionamientodel Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes.
La sede del Instituto Nacional Penitenciario (INP) se ubica en la capital de la República.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), tiene las siguientes atribuciones:
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), tendrá los órganos siguientes:
Los Reglamentos de esta Ley deben establecer la organización y funcionamiento de los Departamentos y Unidades indicados en el presente Artículo.
El Consejo Directivo constituye la Dirección Superior del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el que está integrado por cinco (5) miembros:
El(la) Director(a) Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe actuar como Secretario del Consejo Directivo y debe participar en sus sesiones con derecho a voz, pero sin voto. A él le corresponde girar las convocatorias a sesiones a los miembros del Consejo, preparar la Agenda de las reuniones, en conjunto con la presidencia y redactar las actas.
Los representantes descritos en los numerales 4) y 5) duran en sus cargos tres (3) años, asimismo los Secretarios de Estado en sus ausencias pueden ser representados por sus SubSecretarios de Estado.
Corresponde al Consejo Directivo:
El Consejo Directivo debe celebrar sesiones ordinarias, por lo menos una (1) vez al mes y extraordinarias cuando sea convocado por la Presidencia del mismo, a petición de la Dirección Nacional o de tres (3) de sus miembros. El Quórum del Consejo se considerará válidamente constituido con la concurrencia de tres (3) de sus miembros, sin incluir al Director(a) Nacional, y las resoluciones se deben tomar por simple mayoría de votos. En caso de empate, la Presidencia tiene voto de calidad.
La Dirección Nacional es la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto. Le corresponde la ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la Dirección Superior del Régimen Penitenciario Nacional, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos.
La Dirección Nacional es ejercida por un(a) Director(a), quien debe dedicar toda su actividad al servicio exclusivo del cargo, en consecuencia, no puede desempeñar otro, remunerado o ad honorem, excepto los de carácter docente o cultural y los relacionados con servicios de asistencia social.
El(la) Director(a) Nacional es nombrado y puede ser removido por el Presidente de la República.
Para ser Director(a) Nacional se requiere:
Son funciones del Director(a) Nacional:
Son causales de remoción del(la) Director(a) Nacional:
El(la) Sub-Director(a) Nacional debe cumplir con los mismos requisitos que el(la) Director(a) Nacional, excepto lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 15, siendo además de carácter obligatorio que se trate de un(a) funcionario de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario. En el ejercicio de su cargo, debe cooperar con el(la) Director(a) Nacional en los aspectos administrativos y técnicos que éste le asigne, o estén establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, y lo sustituye en casos de ausencia o impedimento físico o legal.
La Inspectoría General es ejercida por un(a) Inspector(a) General, quien debe reunir los mismos requisitos que el(a) Director(a) Nacional, excepto el dispuesto en el numeral 3 del Artículo 15, siendo de carácter preferente que se trate de un(a) funcionario(a) de la carrera.
Son funciones del(la) Inspector(a) General:
La organización y funcionamiento de la Inspectoría General debe ser establecida en los Reglamentos.
Sin perjuicio de las normas establecidas, la Auditoría Interna es ejercida por un(a) Auditor(a), quien debe velar por el uso adecuado y racional de los recursos financieros y bienes del Sistema Penitenciario Nacional, mediante la fiscalización previa, concurrente y posterior; asimismo, debe brindar asesoramiento técnico y administrativo, garantizando el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas, normas generales de auditoría interna y demás medidas establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Los Establecimientos Penitenciarios comprenden:
Los Establecimientos Penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. Los locales destinados a este propósito, especialmente los de reclusión nocturna, deben satisfacer las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe velar porque todos los Establecimientos Penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional.
Los Centros son Establecimientos destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios que rigen al Sistema Penitenciario Nacional.
La ubicación de los Centros Penitenciarios es fijada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), dentro de las zonas o regiones geográficas que designe. Se debe procurar que cada una de éstas tenga el número suficientes de Centros para satisfacer las necesidades que requieran, evitando el desarraigo social de las personas privadas de libertad.
Las mujeres deben cumplir las penas privativas de libertad en Centros Penitenciarios exclusivos para ellas. Cuando no hayan dichos establecimientos, se debe ordenar su reclusión en pabellones y secciones independientes dentro delCentro Penitenciario de destino, totalmente separadas de los hombres, tanto si son procesadas como condenadas.
Estos establecimientos, así como los pabellones y secciones para mujeres en Establecimientos mixtos deben ser dirigidos y estar exclusivamente a cargo de personal femenino, sin perjuicio que los servicios religiosos, médicos, educativos y de seguridad exterior sean desempeñados por hombres.
En los Centros Penitenciarios se deben mantener separados a los menores adultos de los adultos; los enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los fármacodependientes y cualquier tipo de personas que, sufriendo serias limitaciones físicas o mentales, queden dentro del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones especializadas.
Las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas pueden ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la Dirección Nacional.
Una vez realizado el estudio técnicocriminológicoy la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, de acuerdo con esta Ley y sus Reglamentos, se le debe ubicar en los Centros Penitenciarios en los Regímenes de Seguridad siguientes:
Los Reglamentos deben establecer las condiciones, forma de tratamiento, régimen disciplinario, custodia, distribución numérica y restricciones de régimen de vida que corresponden a cada una de estas unidades.
Los Centros Penitenciarios pueden adoptar la forma de establecimientos abiertos, en los que debe prevalecer principalmente las condiciones y características del Régimen de Seguridad Mínima. Estos establecimientos abiertos también pueden organizarse como anexos a un Centro Penitenciario.
Los Centros de Trabajo Agroindustrial que se organicen para la instrucción y explotación agropecuaria deben adoptar esta modalidad. Los Reglamentos regulan su organización y funcionamiento.
Los Centros Preventivos son establecimientos destinados a la retención y custodia de las personas bajo detención judicial por el término de Ley o procesadas a quienes se haya decretado prisión preventiva por orden judicial, cuando no hayan Centros Preventivos, deben funcionar instalaciones anexas a los Centros Penitenciarios para la separación de las personas bajo esta condición de aquellas que cumplen condenas. En estas instalaciones se debe proporcionar asistencia especial, sin perjuicio que en atención a su grado de peligrosidad, el Consejo Técnico Interdisciplinario las ubique provisionalmente en un Centro o lugar apropiado, con tratamiento acorde a su situación.
En los Centros o instalaciones anexas Preventivos, deben funcionar Unidades de Admisión, destinadas a la atención primaria de toda persona durante los primeros seis(6) días de detención. Si a esta persona se le dicta la medida cautelar de prisión preventiva, se debe someter al régimen propio de estos Centros o instalaciones anexas, que establecen los Reglamentos.
Los Establecimientos Especiales son aquellos creados para el cumplimiento de medidas de seguridad,en los que debe prevalecer el carácter asistencial y terapéutico. Estos Establecimientos son de los siguientes tipos:
Los Reglamentos deben regular el funcionamiento de estos centros, establecimientos y anexos.
En cada Establecimiento Penitenciario debe haber un(a) Director(a) y un(a) Sub-Director(a) nombrados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a propuesta del(la) Director(a) Nacional.
Estos cargos deben recaer en funcionarios(as) de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario, que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera de Personal de Servicio Penitenciario.
Son atribuciones y obligaciones de los(las) Directores(as) de Establecimientos Penitenciarios:
El(la) Sub-Director(a) debe cooperar con el(la) Director(a) en los aspectos administrativos y técnicos que se le asignen, o estén establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, y le sustituye en casos de ausencia o impedimento físico o legal.
En cada Establecimiento Penitenciario debe haber un(a) Secretario(a) nombrado por la Dirección Nacional. Este puesto debe recaer en un(a) servidor(a) de la Carrera de Personal Servicio Penitenciario, que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario.
Son atribuciones de los(as) Secretarios(as) de los Establecimientos Penitenciarios:
Los Establecimientos Penitenciarios deben contar con Administradores, nombrados por la Dirección Nacional de entre los servidores(as) de la Carrera de Personal Servicio Penitenciario, que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Personal de Carrera de Servicio Penitenciario. LosAdministradores(as) deben cumplir las directrices e instrucciones de la Dirección Nacional y el Departamento de Administración. Dependen jerárquicamente del(la) Director(a) de cada Establecimiento Penitenciario.
Para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario y la estabilidad de sus funcionarios y empleados se crea la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario. El personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad que ingrese a éste debe ser previamente seleccionado mediante concurso y debe recibir la capacitación y especialización necesaria para el mejor desarrollo de los principios y normas del régimen penitenciario, en la forma y condiciones que esta Ley y sus Reglamentos establecen.
En la selección y designación del personal penitenciario se debe considerar la formación o preparación académica, la vocación, aptitudes, cualidades y antecedentes personales y la experiencia en la materia, preferentemente en el área penitenciaria o en temas afines.
Son requisitos para ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional:
El Reglamento de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional y el Manual de Puestos y Salarios respectivo deben determinar los demás requisitos y el procedimiento a seguir en la selección del personal para optar a cargos en los Establecimientos Penitenciarios.
No puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien:
Los miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario están sujetos a la obligación de recibir y aprobar, antes de quedar en posesión del cargo, los cursos de inducción, rehabilitación, reinserción y formación teórica y práctica que imparta la Unidad de Formación y Capacitación Penitenciaria. Asimismo, en el transcurso de su desempeño como miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario, deben recibir y aprobar los cursos de formación y especialización que la Unidad imparta.
Ninguna persona puede ingresar a trabajar en el Sistema Penitenciario Nacional, sin haber cumplido los requisitos de formación que exigen esta Ley y sus Reglamentos. Excepcionalmente, en casos calificados y establecidos por estaLey y el Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario, puede contratarse personas sin que reúnan las exigencias de las disposiciones anteriores. Las personas contratadas bajo esta modalidad, no forman parte del personal de Carrera y deben cesar en sus funciones una vez que concluyan sus contratos o terminen las causas que motivaron su reclutamiento.
El Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario debe establecer las jerarquías, escalafones y sub escalafones en que debe estar clasificado el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Para ocupar cualquiera de los cargos que establece la clasificación anterior, es requisito indispensable haber ingresado a la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario, de conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley y el respectivo Reglamento. El Reglamento debe definir los grados, rangos y modalidades de promoción, ascensos, retiro, terminación, derechos, obligaciones y prohibiciones del personal, manuales de puestos y salarios y demás aspectos propios de la administración de recursos humanos del Instituto.
En cada Centro Penitenciario debe funcionar un Consejo Técnico Interdisciplinario, organizado por el Departamento Técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INP) bajo la coordinación del Director del Establecimiento, el cual es un órgano colegiado e integrado por profesionales de la medicina, psiquiatría, psicología, del derecho, trabajadores sociales y de otras disciplinas que se considere necesarias, quienes deben estar sujetos a las políticas establecidas por el Consejo Directivo del Instituto y las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.
Las funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario son:
Toda persona privada de libertad debe recibir asistencia médica integral. La misma se debe prestar en la medida en que lo requiera la prevención, fomento y restitución de la salud de la persona privada de libertad e incluir servicios permanentes o temporales de medicina general, odontológicos, psicológicos y psiquiátricos, de conformidad a lo que se dispone en esta Ley y sus Reglamentos.
Toda persona, a su ingreso a un Establecimiento Penitenciario, debe ser examinada por un profesional médico calificado, para ser sometida a los exámenes y exploraciones clínicas necesarias, a fin de determinar su estado de salud, el tratamiento que haya de seguir y su capacidad para el trabajo, debiéndose adoptar las medidas profilácticas pertinentes para garantizar su salud.
Los servicios de asistencia médica se deben prestar en locales o instalaciones interiores o anexas a los Establecimientos Penitenciarios, contando con secciones de aislamiento para quienes estén afectados por enfermedades infecto-alto contagiosas y pabellones especiales para internos que padezcan de enfermedades mentales.
Cuando el resultado de los exámenes médicos revele que alguna persona adolece de una dolencia física o mental que haga necesaria la aplicación de una medida de internamiento en alguna institución especializada del Estado, debe ser remitido a ella, previo procedimiento y resolución de la autoridad competente que corresponda, adoptando las medidas de seguridad necesarias.
Los hijos(as) de las mujeres privadas de libertad, tienen derecho a ser asistidos(as) por éstas durante sus dos (2) primeros años de vida, en condiciones que le dispensen las menores limitaciones posibles en virtud de la privación de libertad, y salvo que ésta sea perjudicial a su interés superior, a este efecto se debe contar con las condiciones mínimas para instalar guarderías en módulos cercanos a las madres, y adecuadamente estructuradas; asimismo se debe contar con la asistencia alimentaria de cuidados y medicamentos necesarios.
El tiempo señalado en el párrafo anterior puede prorrogarse hasta por dos (2) años más cuando así convenga al interés superior del niño(a) mediante resolución motivada del Juez de Ejecución; asimismo mediante resolución debidamente justificada con participación del Fiscal de la Niñez, el Juez de Ejecución puede regular este derecho.
Una vez concluido el tiempo a que se refieren los dos párrafos anteriores, el Juez de Ejecución con participación del Fiscal de laNiñez proferirá la resolución motivada sobre la guarda y custodia del niño(a) que debe otorgarse conforme a Ley.
Las personas internas tienen derecho a ser asistidas por médicos de los hospitales públicos y médicos particulares o en instituciones de asistencia médica privada, en este último caso por su cuenta y costo, cuando la gravedad y urgencia lo amerite, previo dictamen favorable del médico del Centro Penitenciario, de un médico asistencial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o de un médico forense de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público.
En casos de que una persona interna necesite ser trasladada a una institución de asistencia médica pública o privada, las autoridades penitenciarias deben adoptar las previsiones de seguridad.
Cada Centro Penitenciario debe contar con los servicios de maestros, psicólogos, trabajadores sociales e instructores técnicos necesarios para coadyuvar en la rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad al cumplir sus penas. Este personal debe integrar diversos equipos técnicos que asesoren a los(las) Directores(as) de los establecimientos en las áreas creadas por el Departamento Técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional.
Las normas que regulan el régimen penitenciario se aplican a todas las personas privadas de libertaden los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, salvo aquellos casos en que por Ley o Sentencia Judicial específicamente se indique otra cosa.
Para el ingreso y egreso de un encausado o sentenciado a cualquiera de los Establecimientos Penitenciarios, es requisito indispensable la orden de la autoridad judicial competente. Ninguna persona puede ser liberada o privada de su libertad sin dicha orden.
Los Órganos Jurisdiccionales competentes de toda la República, deben enviar mensualmente a los(las) Directores(as) de los Establecimientos Penitenciarios respectivos y a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), las certificaciones de los autos de prisión y de las sentencias que pronuncien.
A su vez, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, debe remitir al Instituto Nacional Penitenciario (INP), duplicados de las fichas dactiloscópicas de las personas que registren e ingresen al Sistema Penitenciario Nacional, para su incorporación a los respectivos expedientes individualizados en cada uno de los Centros Penitenciarios.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe realizar las coordinaciones necesarias con el Poder Judicial, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y otras instituciones del Estado para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores.
Al ingresar a un Establecimiento Penitenciario, la persona detenida o sentenciada será inscrita en el Libro de Registro que se lleve para tal efecto y se debe proceder a la apertura de un expediente individual que se encabeza con la orden de remisión. Los Reglamentos deben establecer los datos mínimos necesarios y demás documentos de carácter técnico que debe contener el expediente individual.
El Registro Nacional de las Personas (RNP) debe prestar al Instituto Nacional Penitenciario (INP) la colaboración que sea necesaria para garantizar la adecuada identificación yconformación del expediente individual de las personas que ingresen al Sistema Penitenciario Nacional.
Se prohíbe el cobro de multas, cuotas, pago por servicios, privilegios o beneficios, y cualquier otro tipo de exacciones ilegales.
La Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe establecer las medidas administrativas necesarias para evitar estas prácticas, sin perjuicio de la deducción de responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en casos de contravención de esta prohibición.
Tratamiento Penitenciario Progresivo es el conjunto de acciones graduales fundadas en Ley, ejecutadas por el personal de un Centro Penitenciario, previamente razonadas y orientadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho establecimiento de conformidad con las políticas dictadas por el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el fin de prevenir la reincidencia y habitualidad y fomentar en las personas privadas de libertad el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social, la voluntad de vivir conforme a la Ley y, en definitiva, lograr su adecuada reinserción social.
El Tratamiento Penitenciario Progresivo comprende los periodos siguientes:
El Reglamento de Régimen Penitenciario debe establecer el objeto, finalidad, alcances, duración, fases, sub-periodos, régimen de seguridad y demás características de cada uno de estos periodos.
La progresión o regresión de una persona interna entre uno y otro periodo contemplado en el artículo anterior, son decididas por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Establecimiento Penitenciario, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones acordadas en el Programa de Tratamiento Progresivo Individual, de los requisitos establecidos en esta Ley y el Reglamento de Régimen Penitenciario.
El régimen disciplinario de los Establecimientos Penitenciarios se debe orientar a garantizar la seguridad y a lograr la convivencia ordenada de la sociedad.
Los requerimientos disciplinarios del Establecimiento Penitenciario no deben menoscabar el desarrollo de las actividades destinadas a lograr la reinserción social de la persona interna.
La potestad disciplinaria es atribución exclusiva de los(las) Directores(as) de los Establecimientos Penitenciarios, por recomendación de los Consejos Técnicos Disciplinarios, conforme lo establece esta Ley y sus Reglamentos.
El Reglamento de Régimen Disciplinario debe determinar las faltas y su correspondencia con las sanciones establecidas en esta Ley, así como la forma en que el(la) Director(a) de cada Establecimiento Penitenciario debe imponerlas y el procedimiento a seguir en cada caso. Asimismo, debe establecer sistemas normados de premios e incentivos que sirvan de estímulo a la mejor conducta y más favorable evolución de las personas internas. En ningún caso estos premios o incentivos deben implicar la concesión de privilegios o tratos preferenciales, que atenten contra el principio de igualdad y no discriminación de las personas internas, la seguridad del Sistema Penitenciario Nacional, la Seguridad Pública y otras que se establezcan en el Reglamento respectivo.
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas disciplinarias son las siguientes:
En ningún caso se debe aplicar a las personas internas, medidas disciplinarias distintas a las anteriores.
La persona interna no puede ser sancionada dos (2) veces por la misma infracción, pero puede aplicársele otras sanciones disciplinarias de ejecución simultánea o sucesiva.
Ninguna sanción disciplinaria puede trascender a otra persona distinta del(la) infractor(a).
Las sanciones disciplinarias son impuestas mediante la observancia de un procedimiento que garantice a lapersona interna su derecho a ser informada de la falta que se le imputa y a ser oída en lo que alegue en su defensa.
Los medios de coacción sólo pueden aplicarse cuando concurran las circunstancias siguientes:
En todo caso, lo ocurrido debe comunicársele inmediatamente al servicio médico del respectivo Establecimiento Penitenciario, al Departamento de Seguridad y Orden y a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Sin menoscabo del derecho a dirigirse al Juez de Ejecución, las personas internas deben ser oídas por los Inspectores de los servicios penitenciarios en sus visitas y por el(la) Director(a) del Establecimiento o un(a) funcionario(a) en quien delegue o cualquier autoridad superior, cuando así lo soliciten, para presentar peticiones o formular quejas, las que deben ser expuestas en la forma que los reglamentos autoricen.
La persona interna que por dolo o culpa cause daños en las instalaciones, instrumentos de trabajo u objetos de uso, debe responder del daño causado sin perjuicio de la sanción disciplinaria a que haya lugar. El resarcimiento del daño se debe hacer con cargo al patrimonio de la persona interna responsable, y si no lo tiene, se debe deducir de las posteriores remuneraciones que haya de recibir por su trabajo.
Alas personas privadas de libertad o sujetas a medidas de seguridad que se recluyan en los establecimientos previstos en esta Ley, se les denomina internos o internas y se les debe citar o llamar únicamente por su nombre y apellido.
El régimen penitenciario debe asegurar y promover el bienestar psicofísico de las personas internas. Los(as) Directores(as) de los Establecimientos Penitenciarios deben dictar las medidas profilácticas e higiénicas necesarias para la protección de la integridad, el mantenimiento de la salud y el bienestar de la población privada de libertad, de acuerdo con los servicios médicos del Establecimiento. Las personas internas están obligadas a cumplir con las medidas que dicten las autoridades y cooperar con éstas en las actividades para el mantenimiento del aseo y el buen estado de las instalaciones que ocupan, siempre y cuando sean compartidas y no violen los principios del trabajo penitenciario.
La desobediencia, descuido o negligencia por parte de autoridades y personas internas, da lugar a la imposición de sanciones administrativas y disciplinarias.
La administración penitenciaria debe suministrar a las personas internas una dieta alimenticia adecuada a sus necesidades, suficiente para el mantenimiento de su salud y sustentada en criterios higiénico-dietéticos.
Se prohíbe el consumo, trasiego, distribución y venta de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. La contravención a esta prohibición da lugar a las sanciones penales y disciplinarias que la legislación penal vigente, esta Ley y sus reglamentos establecen.
El número de personas internas en cada establecimiento debe estar preestablecido en relación con su capacidad real y no excederse a fin de asegurar una adecuada convivencia.
En el caso de que el número de personas internas en un Establecimiento Penitenciario alcance el máximo permitido, el (la) Director(a) Nacional, con autorización del Consejo Directivo, debe proceder a distribuir la población penitenciaria en otros establecimientos, notificando en su caso a los respectivos Jueces de Ejecución.
Cuando se lleve a cabo la distribución poblacional por agotamiento de la capacidad máxima de un Establecimiento Penitenciario, se debe velar porque las personas internas de mayor antigüedad accedan a la Etapa de Preliberación o libertad condicional, si es posible, dentro del marco de la Ley.
En todo caso, el traslado de personas internas se debe realizar a los Establecimientos Penitenciarios más cercanos al lugar de residencia de sus familiares.
Las personas condenadas vestirán el uniforme que al efecto les sea suministrado por la administración penitenciaria. La que se debe regular en el Reglamento respectivo. Las personas detenidas y bajo proceso pueden usar otro uniforme y optar por usar sus propias prendas personales o el uniforme que les sea provisto por los Establecimientos Penitenciarios, el cual debe ser diferente al que utilicen las personas que cumplen condena. En uno y otro caso, las personas privadas de libertad que utilicen el uniforme reglamentario, están obligadas a conservarlo adecuadamente, así como a procurar su mayor duración.
Se prohíbe la utilización de colores, signos o distintivos en los uniformes que puedan considerarse degradantes o humillantes para la dignidad de la persona interna.
Se prohíbe a todo el personal penitenciario:
La persona interna puede presentar peticiones y quejas al(la) Director(a) del Establecimiento Penitenciario y dirigirse sin censura a otras autoridades administrativas superiores y al Juez de Ejecución. En caso de no ser atendido por su Director(a), puede acudir al Consejo Técnico Interdisciplinario.
Las resoluciones que estas autoridades adopten deben ser fundamentadas en Ley, emitidas en tiempo razonable y notificadas personalmente a la persona interna.
Las personas internas pueden disponer de su dinero y otros objetos de higiene personal y salud dentro de los Establecimientos Penitenciarios en la forma que establezcan esta Ley y sus Reglamentos, sin perjuicio de la obligación del Estado de proveer lo básico al interno.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), debe crear comisariatos o economatos propios para que la población interna pueda adquirir a precios favorables productos para satisfacer sus necesidades básicas. Estos deben estar sujetos a la fiscalización de la Auditoría Interna del Instituto.
Las personas internas gozan del derecho a la educación. La acción educadora que reciban debe ser formativa e informativa y de naturaleza integral. La educación que se imparta debe tener carácter académico, cívico, social, artístico, físico, ético, moral y espiritual; debe fijar sanos criterios de convivencia social, con miras a su reinserción social y su preparación para el trabajo en la vida ciudadana.
Es objeto de atención preferente el proceso de alfabetización y la educación básica. La instrucción de las personas privadas de libertad se debe extender en tanto sea posible hasta la educación media, diversificada y profesional.
La enseñanza correspondiente a la educación básica, media, diversificada y profesional, se debe adaptar a los programas oficiales vigentes, a fin que una vez que las personas internas sean puestas en libertad, puedan continuar con sus estudios.
Los estudios efectuados dan derecho a la obtención de los certificados que otorga la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y las instituciones de educación superior, sin que tales certificados contengan indicación alguna expresiva del Establecimiento Penitenciario y circunstancias en que se obtuvieron.
En todos los Establecimientos Penitenciarios se debe permitir a las personas privadas de libertad la lectura de periódicos, revistas y libros de libre circulación en el país, adecuados a sus necesidades de instrucción, formación y sana recreación. Para tales efectos, la administración penitenciaria debe fomentar la organización de bibliotecas fijas o ambulantes.
Se debe promover la enseñanza de las artes y la práctica de certámenes artísticos y literarios, representaciones teatrales y otros actos culturales, preferentemente orientados a la formación integral de la población interna.
La administración penitenciaria debe garantizar la existencia de condiciones para el desarrollo y la realización de ejercicios físicos y fomentar las actividades deportivas y recreativas.
La Dirección del Establecimiento Penitenciario puede organizar las actividades descritas en los párrafos anteriores, previa opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario, conforme a lo dispuesto en la reglamentación.
El trabajo es un derecho y un deber de la persona humana, y en consecuencia, la persona interna bajo condena tiene derecho al trabajo. El trabajo de la persona condenada se debe realizar siempre en los talleres, recintos, instalaciones o predios de los Centros Penitenciarios, excepto cuando se trate de trabajo en obras públicas, de conformidad con la planificación correspondiente, bajo la vigilancia y control de la autoridad penitenciaria y sus condiciones son:
La asignación del trabajo a la persona interna se debe hacer bajo las modalidades siguientes:
En cualquiera de las modalidades de trabajo que se adopten, las actividades deben ser vigiladas por personal del Establecimiento Penitenciario, para garantizar que las mismas sean realizadas en los términos establecidos en los contratos y conforme a esta Ley y sus Reglamentos. Si la persona interna recibe salario, éste no debe ser inferior al salario mínimo vigente.
La jornada de trabajo de las personas privadas de libertad no puede exceder de la máxima legal, cuidándose además que sus horarios se encuentren debidamente integrados a los establecidos en los respectivos Programas del Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo que cada Consejo Técnico Interdisciplinario establezca.
El trabajo debe ser asignado tomando en cuenta la capacidad física y mental de la persona interna, según lo determine el médico del Establecimiento Penitenciario y debe atender a la vocación y capacitación laboral de ésta.
Se prohíbe toda forma de explotación laboral o de servicios entre las personas internas.
Se debe comunicar al Juez de Ejecución sobre todo trabajo realizado para personas naturales o jurídicas privadas, a efecto que vele porque no se someta a los internos a condiciones de explotación o abuso de su fuerza laboral.
El trabajo en obras públicas puede ser dispensado por el(la) Director(a) del Establecimiento Penitenciario a aquellas personas internas que adolezcan de una enfermedad que lo imposibilite para estos trabajos, sustituyéndolo por otro trabajo apropiado dentro del Establecimiento.
Las personas internas que, de conformidad con la Ley y sus Reglamentos, estén exentos de la obligación del trabajo, tienen el derecho de hacerlo voluntariamente en aquellas labores que no les perjudiquen y sean acordes a su condición.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe organizar los trabajos de carácter industrial o agropecuario que sean apropiados a la índole y necesidad de cada Establecimiento Penitenciario en la forma prevista en esta Ley y sus reglamentos.
El trabajo de las personas internas debe ser remunerado en condiciones que sirvan para fines de su propia subsistencia y el cumplimiento de sus deberes para con su familia y la sociedad. Para garantizar lo anterior, su salario debe distribuirse en la forma siguiente:
Lo dispuesto en el presente Artículo es aplicable, sin excepción, al salario de todas las personas internas que trabajen.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse periódicamente en forma oral y escrita, con sus familiares, allegados y abogados defensores, en los días y horas establecidas, y en la forma que autoricen los Reglamentos.
Las personas internas tienen derecho a comunicarse con un representante de su religión y a cumplir, en la medida de lo posible, con los preceptos de la religión que profesen.
En los Establecimientos Penitenciarios pueden celebrarse libremente servicios religiosos, de manera ordenada y previa autorización de la Dirección de los mismos, conforme a esta Ley y sus Reglamentos, siendo la asistencia a estos actos voluntaria.
Las personas internas de nacionalidad extranjera gozan de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares, en los horarios establecidos, salvo casos urgentes y debidamente autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP),a solicitud del privado de libertad, defensor(a) o funcionario(a) diplomático(a).
Todos los Establecimientos Penitenciarios deben contar con un área especialmente acondicionada para visitas. Para mantener la seguridad no se debe permitir el ingreso de visitantes a otras zonas distintas a las acondicionadas para este propósito.
La administración penitenciaria debe promover la asistencia social con derecho preferente a los familiares que dependan directamente de la persona interna, mediante la acción de instituciones y organismos de protección social, oficiales o no.
La Dirección del Establecimiento Penitenciario, previo el informe favorable del personal técnico y de seguridad y orden del mismo, puede autorizar salidas de personas internas en el Establecimiento a su cargo en los siguientes casos:
En los casos de los numerales 1) y 3) anteriores, el(la) Director(a) del Establecimiento debe tomar las previsiones de seguridad necesarias para evitar el riesgo de evasión, pudiendo negarse a autorizar la salida solicitada si éstas no puedan garantizarse.
Las personas internas pueden gozar del beneficio de recibir visitas íntimas de su cónyuge o compañera(o) de hogar en instalaciones o dependencias adecuadas para ello, la frecuencia del otorgamiento de este beneficio debe ser objeto de regulación por razones de salubridad y otras circunstancias calificadas en el Reglamento.
Los hombres y las mujeres procesadas o condenadas que sean cónyuges o compañeros de hogar entre sí, pueden pedir permiso para hacer su visita íntima y gozar de autorización para entrar al Establecimiento Penitenciario en que se encuentre su pareja. Cuando los medios y recursos lo permitan, las autoridades penitenciarias deben facilitar estas visitas.
El traslado individual o colectivo de personas internas de un Establecimiento Penitenciario a otro, o de un Establecimiento Penitenciario a sede judicial, sólo puede ser ordenado por los(las) Directores(as) de los respectivos Centros Penitenciarios.
Se debe procurar no exponer a la persona interna a la curiosidad pública. El traslado está exento de publicidad y debe efectuarse en medios higiénicos y seguros de transporte. Se debe establecer en los Reglamentos las precauciones que a adoptarse para prevenir evasiones, las cuales en ninguna circunstancia deben causar molestias innecesarias o sufrimiento físico a la persona interna.
El traslado de personas internas que cumplan condena de un Establecimiento Penitenciario a otro, debe ser comunicado al Juez de Ejecución con al menos veinticuatro (24) horas de antelación.
Este traslado también debe ser informado por la autoridad penitenciaria a las personas que el interno(a) haya designado y alrepresentante de Derechos Humanos que esté a cargo en la Institución.
Toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente o en grupo y sin importar su condición procesal, para proteger su seguridad e integridad personal, las de otras personas internas, terceros y la del establecimiento en que se encuentren. Estos traslados deben ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien debe informar, por los canales correspondientes y a la brevedad, al Juez de Ejecución.
Se prohíbe el empleo de aros de presión, esposas, grilletes o de cualquier otro medio de sujeción como castigo o sanción.
Sólo pueden adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:
La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo deben ser establecidos en los Reglamentos de esta Ley.
El Personal de Seguridad y Orden no debe recurrir al uso de la fuerza en sus relaciones con la población privada de libertad, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en esta Ley y sus Reglamentos. En cuyo caso, excepcionalmente puede hacer uso de la fuerza proporcional. Cuando sea necesario su empleo, el personal se debe limitar a hacer uso de la misma en la medida estrictamente necesaria y debe informar inmediatamente al(la) Director(a) del Establecimiento Penitenciario o al(la) funcionario(a) que lo reemplace en caso de no encontrarse éste(a) en servicio y al(la) representante de los Derechos Humanos.
La autoridad penitenciaria debe privilegiar la utilización de elementos disuasivos no letales.
El Personal de Seguridad y Orden debe utilizar armas de fuego únicamente en casos de carácter extraordinario, cuando resulten insuficientes medidas menos extremas y siempre procurando causar el menor daño posible al interno.
Salvo circunstancias especiales, el personal que mantenga contacto directo con la población interna dentro de los Establecimientos Penitenciarios no debe estar armado.
Los derechos que no han sido restringidos por motivo de sentencia condenatoria y que son inherentes a la persona del interno, no pueden ser suspendidos o limitados sino en los casos expresamente consignados en la Ley.
La restricción de derechos de la población interna debe emanar de autoridad judicial competente y solamente se puede decretar en los casos en que sea absolutamente necesario, siendo ésta una medida excepcional que debe realizarse con apego estricto al respeto del derecho a la dignidad de toda persona.
Las personas internas que, habiendo sido condenadas, hayan obtenido los requisitos de tiempo de cumplimiento efectivo de sus condenas y se encuentren en los supuestos establecidos por la legislación penal y procesal penal vigente, pueden solicitar al Juez de Ejecución que les sea otorgado el beneficio de la Libertad Condicional.
Si llega a conocimiento de la Dirección de un Establecimiento Penitenciario que una persona interna reúne los requisitos para gozar de este beneficio y no lo ha solicitado, debe notificarle de inmediato a ésta que reúne tales requisitos, así como al Juez de Ejecución, para que se inicie el procedimiento establecido en la Ley.
Las personas internas que gocen de Libertad Condicional quedan bajo el cuidado y vigilancia del Juez de Ejecución; en ningún caso se debe confiar su vigilancia a organismos policiales o de seguridad.
Un Reglamento Especial debe regular el régimen al que están sometidas las personas privadas de libertad que cumplen medidas de seguridad establecidas por la legislación penal y que hayan sido impuestas por mandato judicial.
Se debe fomentar la participación de la comunidad y de las asociaciones civiles, en la asistencia de lapoblación privada de libertad. El Instituto Nacional Penitenciario (INP), debe promover la participación y/o creación de patronatos de asistencia social para atender a personas internas o excarceladas, los cuales pueden estar integrados por personas naturales o jurídicas, quienes deben ejecutar sus actividades de forma coordinada y planificada conforme a los programas y actividades que apruebe el Instituto.
El Reglamento General de esta Ley debe establecer la forma, modalidades y alcances de esta participación en la asistencia de la población privada de libertad.
La vigilancia y control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad está a cargo del Juez de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Penal y demás Leyes aplicables.
Las personas que cumplen condenas en los Centros Penitenciarios pueden solicitar al Juez de Ejecución reclamos contra las resoluciones de las autoridades del Establecimiento Penitenciario que violen sus derechos fundamentales, que denieguen el disfrute de beneficios penitenciarios, o que impongan sanciones disciplinarias, así contra las decisiones referentes a su clasificación inicial y a las progresiones y regresiones en los periodos del Tratamiento Penitenciario Progresivo.
Los Jueces de Ejecución deben recibir la colaboración y asistencia que requieran de parte de las autoridades penitenciarias para el cumplimiento de sus atribuciones y sus resoluciones, so pena de la sanción correspondiente.
Los (las) Directores(as) y Secretarios(as) de los Centros Penitenciarios deben comunicar al menos con treinta(30) días de anticipación al Juez de Ejecución, la fecha definalización de la condena de toda persona privada de libertad que se encuentre a su cargo, para asegurar su liberación en la fecha establecida en la sentencia condenatoria.
Si la persona condenada está a su vez sujeta a una medida de seguridad, el(la) Director(a) y Secretario(a) del establecimiento deben enviar al Juez de Ejecución un informe sobre el grado de readaptación social que ésta hubiere alcanzado.
Las personas internas cuya edad esté comprendida entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años, así como los menores de veinticinco (25) que hayan delinquido por primera vez y cuyo Pronóstico Criminológico así lo aconseje, deben ser ubicadas en establecimientos especiales para jóvenes. Mientras se crean y organizan dichos establecimientos, los jóvenes deben ser recluidos en pabellones o secciones independientes de los establecimientos para adultos.
Los(as) Directores(as) de los Establecimientos Penitenciarios deben facilitar el acceso a las instalaciones a su cargo a los(as) funcionarios(as) judiciales, del Ministerio Público, Defensores Privados y Públicos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales. Los(as) Directores(as) deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad personal y la colaboración en el desempeño de sus actividades.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), por medio de las unidades correspondientes, debe encargarsedel diseño y supervisión de los proyectos arquitectónicos penitenciarios, a utilizarse en la construcción de los centros y establecimientos especiales para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.
TRANSITORIO. El proceso detransición de la estructura y personal de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al Instituto Nacional Penitenciario (INP), se debe ejecutar en un plazo que no exceda de dos (2) años, contados a partir de la vigencia de esta Ley, y debe ser planificado, dirigido y supervisado por una Comisión Especial de Transición integrada por tres (3) miembros que deben ser nombrados.
Los miembros de la Comisión Especial de Transición deben reunir los requisitos establecidos en el Artículo 15 de esta Ley.
La Comisión Especial de Transición tiene las funciones siguientes:
TRANSITORIO.La Comisión Especial de Transición debe nombrar un(a) Director(a) Interino(a) del Sistema Penitenciario Nacional, quien ejerce las funciones propias de(la) Director(a) Nacional durante el proceso de transición, excepto las establecidas en los numerales 4), 5), 6), 7), 8), 12),15), 16), 22), 23), 24) y 28) del Artículo 16 de esta Ley. El cargo es de libre remoción y el(la) ciudadano(a) que se nombre debe reunir los requisitos que se establecen en esta Ley para el cargo de Director(a) Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
TRANSITORIO. Para garantizar la profesionalización de la función penitenciaria, el personal policial de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos que labore en actividades penitenciarias puede ingresar a la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario establecida en esta Ley, previo retiro del Servicio Policial de Carrera. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Comisión Especial de Transición deben adoptar las medidas necesarias para facilitar el traspaso de este personal al Sistema Penitenciario Nacional,garantizando el reconocimiento de su antigüedad como servidores públicos y demás derechos adquiridos, siempre y cuando estos sean análogos y compatibles con los que se establecen para el personal penitenciario en el Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario.
TRANSITORIO. Los bienes, derechos y obligaciones, actuales y futuros del Sistema Penitenciario Nacional y los archivos y acciones, constituyen el patrimonio del Instituto Nacional Penitenciario (INP). La Dirección General de Servicios Especiales Preventivos debe hacer el traspaso al citado Instituto de los bienes, derechos, obligaciones, archivos y acciones correspondientes a la actividad penitenciaria, con su respectivo inventario, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.
La Comisión Especial de Transición debe verificar los inventarios anteriormente señalados y debe liquidar las obligaciones existentes y exigibles, pasando el remanente a formar parte del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Al no contarse con los recursos suficientes para liquidar las obligaciones existentes, se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas la creación de una partida presupuestaria para ese efecto.
TRANSITORIO. La Comisión Especial de Transición debe entregar al Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP) la dirección e inventario de los recursos humanos, materiales, disponibilidades presupuestarias y reservas líquidas, al vencimiento del plazo de dos (2) años establecidos para el proceso de transición.
Una vez instalado y en funciones el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el Presidente de la República debe nombrar al(la) Director(a) Nacional en propiedad. En el término de los dos (2) meses siguientes a su toma de posesión, tanto el Consejo Directivo como el(la) Director(a) Nacional deben proceder al nombramiento de los(las) funcionarios(as) y empleados(as) cuya designación esté prevista en esta Ley, sus Reglamentos y los Manuales respectivos.
TRANSITORIO.La Comisión Especial de Transición debe presentar los proyectos de los Reglamentos de la presente Ley al Poder Ejecutivo en el plazo máximo de ciento veinte (120) días contados a partir de su toma de posesión.
TRANSITORIO. Los Establecimientos Penitenciarios deben implementar en sus puntos de acceso, mecanismos de control que eviten el ingreso, entre otros, de armas, municiones, droga, estupefacientes, teléfonos celulares y cualquier otra sustancia o material prohibida por las Leyes y Reglamentos, etc.; para lo cual debe dotársele de los medios tecnológicos tales como: detector de metales, Rayos X y otros, así como el personal idóneo y capacitado.
TRANSITORIO. La ComisiónEspecial de Transición debe suscribir convenios con Instituciones para impartir la educación formal y no formal dentro de los Establecimientos Penitenciarios.
Derogar las disposiciones legales siguientes:
La presente Ley entrará en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de mayo de dos mil doce.
