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La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario.
Para acogerse a las disposiciones de la presente Ley, el proyecto a ejecutar o en ejecución, deberá generar no menos de cien (100) jornales, o sea, cien (100) días-persona por hectárea sembrada o manejada durante cada año agrícola en plantaciones permanentes y de doscientos (200) jornales en cultivos de ciclos cortos; en ambos casos, incluyendo las fases de empaque e industrialización; además, se requerirá una inversión no menor de nueve mil lempiras (Lps. 9,000.00) por hectárea. Cada proyecto requerirá una inversión total no menor de once millones de Lempiras (Lps. 11,000.000.00). En dicho monto no se incluirá el valor de la tierra en los proyectos a ejecutar, ni del inmueble en los proyectos existentes, a precios constantes del 30 de diciembre de 1998, deflactados por el índice mensual de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Honduras.
La inversión programada para infraestructura deberá iniciarse en un plazo máximo de un (1) año y el cultivo en un año y medio (1-1/2), contados ambos a partir de la fecha de la notificación de la resolución que apruebe el Proyecto. En caso contrario se revocará la citada resolución así como la que haya autorizada el o los sobre techos. La inversión adicional deberá proyectarse en el cronograma de ejecución del proyecto, el que deberá acompañarse a la solicitud. La petición especificará la duración del Proyecto. La notificación de la aprobación del Proyecto se hará en un plazo máximo de diez (10) días de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos. El Instituto Nacional Agrario (INA), podrá solicitar la revocatoria de la resolución que ampare el Proyecto, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, en cualquier tiempo, acreditando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del proyectista; en este caso, dicha Secretaría de Estado deberá tomar acción al respecto de conformidad con la Ley.
Los interesados en gozar de los beneficios de la presente Ley, deberán presentar para su aprobación el Proyecto de Inversión Agrícola o Agroindustrial respectivo, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, acreditando que el mismo cumple con los requisitos estipulados en el Artículo anterior.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente deberá realizar la evaluación del impacto ambiental del Proyecto, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de conformidad con la Ley General del Ambiente.
Previo a la emisión de la Resolución, la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería solicitará informe al Instituto Nacional Agrario (INA) sobre la existencia o inexistencia de problemas agrarios en las tierras involucradas en el Proyecto, quien deberá evacuarlo en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contado a partir de la recepción de dicha solicitud.
Los Proyectos Agrícolas o Agroindustriales acogidos al Régimen de Importación Temporal (RIT) que cumplan con lo dispuesto en el Artículo anterior, podrán acogerse a esta Ley.
Las tierras de propiedad privada, dentro de los límites que establece la Ley de Reforma Agraria y los sobre techos de tierras de propiedad privada debidamente autorizadas destinadas a los proyectos a que se refiere los Artículos 1, 2 y 3 de esta Ley, que estén siendo explotadas por sus propietarios, arrendatarios o coinversores, serán inafectables para fines de reforma agraria, mientras estén siendo eficientemente trabajados y cumplan con los requisitos establecidos en los Artículos 2 y 3 de este Decreto.
Las tierras privadas autorizadas como sobre techo que estén debidamente explotadas con cultivos permanentes o en ciclos sucesivos, extremos que calificará previamente la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería en consulta previa con el Instituto Nacional Agrario(INA) en un período no mayor de treinta (30) días calendario después de recibida la solicitud del interesado, podrán venderse, permutarse, donarse, gravarse, y enajenarse a cualquier título, parcial o totalmente, a personas naturales o Jurídicas. Las tierras que pertenecen a adjudicatarios individuales o grupos asociativos de la reforma agraria, continuarán rigiéndose por lo estipulado en la Legislación agraria vigente.
Las autorizaciones otorgadas al amparo de la presente Ley, podrán ser transferidas a otra persona, natural o jurídica, que reúna los mismos requisitos legales y que se haga cargo del proyecto de inversión, previa resolución favorable de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, quien la emitirá en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario. El adquirente del Proyecto de Inversión se sujetará a las regulaciones previstas en esta Ley.
Los Contratos de Arrendamiento o Coinversión de Tierras Agrícolas ejecutadas para la realización de los proyectos especificados en el Artículo 1 de esta Ley, deberán ser inscritos y anotados al margen del asiento de dominio, en el Registro de la Propiedad de la circunscripción que corresponda. Los adquirentes de tierras en que se ejecute proyecto de inversión Agrícola y agroindustrial, al amparo y de conformidad con la Ley, estarán obligados a respetar los contratos celebrados.
Los contratos de Coinversión no son traslaticios de dominio ni dan opción preferente a la adquisición del inmueble.
Para los efectos de esta Ley, se considerará como predio rústico o tierra rural aquella que se encuentre fuera de los límites urbanos y sea susceptibles de uso agrícola o ganadero.
La utilización de las tierras de vocación forestal se hará de acuerdo con lo prescrito por el Decreto Ley 103, del 10 de enero de 1974.
Las Secretarías de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería; Finanzas; Trabajo y, Seguridad Social; y el Instituto Nacional Agrario (INA), podrán en cualquier momento, supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios e imponer las correspondientes sanciones, en el ámbito de su respectiva competencia.
Los funcionarios y empleados públicos que infrinjan esta Ley quedarán sujetos a la responsabilidad administrativa y civil que corresponda.
No serán aplicables a lo previsto en esta Ley, las disposiciones legales que se le opongan.
Los Proyectos que se acojan a las disposiciones del Artículo 39 de la Ley de Reforma Agraria, reformado en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, quedarán sujetos a las prohibiciones establecidas en el Artículo 26 de la Ley de Reforma Agraria.
Lo dispuesto en el presente Capítulo servirá de base fundamental para la reglamentación, ejecución e interpretación de la presente Ley.
Todas las tierras rurales de propiedad del Estado susceptibles de uso agrícola o ganadero se destinarán a la realización de la reforma agraria.
Con tal fin, el Poder Ejecutivo transferirá gratuitamente al Instituto Nacional Agrario todos los predios rurales que se hallen registrados a favor del Estado.
Las tierras rurales que sean propiedad del Estado por carecer de otro dueño y las que haya adquirido a cualquier título y que no se encuentren registradas a favor del mismo, pasan al Instituto Nacional Agrario por el solo efecto de esta disposición.
Quedan excluidos de lo dispuesto en el Artículo 12:
Las tierras nacionales o ejidales cuyo uso y goce haya sido concedido a un particular, serán afectables si no están siendo explotadas de conformidad con lo prescrito en la presente Ley.
El Instituto Nacional Agrario (INA), exigirá la inmediata devolución de todas las tierras nacionales y ejidales que estén ilegalmente en poder de particulares.
No obstante lo anterior, quien acredite debidamente ante el mencionado Instituto, haber ocupado, por sí mismo y en forma pacífica, tierras nacionales o ejidales inferiores a doscientas (200) Hectáreas, tendrá derecho a que se le adjudique la correspondiente superficie siempre que las mismas estén siendo explotadas en sistemas agroforestales o silvopastoriles, cultivos intensos o crianza de animales en confinamiento.
El precio y las condiciones de esta venta serán determinados por el Instituto Nacional Agrario (INA), de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 92 de esta Ley; si el precio no se pagara al contado, el saldo se garantizará con la hipoteca constituida sobre el predio vendido. En todo caso, el título de dominio pleno se otorgará e inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se formalice la venta.
Se excluye del derecho al beneficio contemplado en este Artículo aquellas personas que sean propietarias de uno o más predios rurales cuando su extensión sea igual o mayor al área indicada en el párrafo segundo de este Artículo; si fuere menor, tendrán derecho a que se les adjudique y titule aquella porción de tierras nacionales o ejidales que estuvieren ocupando hasta completar la superficie indicada.
Asimismo quedan excluidos del beneficio contemplado en este Artículo, aquellas personas a quienes se le comprobare, a partir de la vigencia de la Ley para la
Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola que talen, descombren o rocen áreas de vocación forestal para convertirlas a usos agrícolas contrarias al uso racional, conservación y manejo de las áreas forestales.
Lo establecido en esta norma será también aplicable a quienes estén ocupando un predio rústico nacional o ejidal con base en un título supletorio.
El Instituto Nacional Agrario (INA), actuará de acuerdo con la Administración Forestal del Estado en los terrenos de vocación forestal con el fin de mantener su uso forestal.
El Instituto Nacional Agrario revisará todos los contratos de arrendamiento y las concesiones sobre tierras nacionales y ejidales existentes a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley.
En caso de que el arrendatario no estuviese cumpliendo con lo estipulado en el respectivo contrato de arrendamiento, o las tierras se encontrasen explotadas por
medio de sub-arrendatarios, aparceros, medieros, colonos u otras formas indirectas de explotación, se revocará el contrato sin más trámite que la notificación por escrito del Director del Instituto Nacional Agrario al arrendatario o su representante legal, quien no tendrá derecho a que se le reconozcan las mejoras.
Cuando el arrendatario se encontrare ausente, se ocultare, se ignorare su paradero o no tuviera mandatario o representante legal, la notificación se hará a cualquier persona mayor de dieciséis años que viva o labore en dichas tierras.
Si de la revisión de las concesiones se establece que las tierras se encuentran incultas o mal explotadas, o que han sido destinadas a fines distintos de los determinados en la respectiva concesión, se encontraren indirectamente explotadas, el Instituto Nacional Agrario solicitará a la autoridad competente, por intermedio del Ministerio de Recursos Naturales, la recuperación de esas tierras, sin reconocérsele al afectado el pago de mejoras.
Si de la revisión del contrato de arrendamiento o de la concesión a que se refiere el artículo anterior resulta que el arrendatario o concesionario se ha posesionado de una extensión de tierra mayor que la determinada en el respectivo contrato o concesión, el excedente será recuperado por el Instituto Nacional Agrario, perdiendo el arrendatario o concesionario el derecho a que se le reconozcan las mejoras que hubiere hecho.
El Instituto Nacional Agrario revisará los expedientes de remedidas de tierras, debiendo recuperar el excedente en caso de que el interesado se haya posesionado de una extensión de tierra mayor a la que le pertenece, de conformidad con el título original, perdiendo el interesado el derecho a que se le reconozcan las mejoras.
Las tierras dadas en arrendamiento por el Instituto Nacional Agrario podrán ser recuperadas por éste cuando las necesite para los fines de la Reforma
Agraria o cuando el Poder Ejecutivo precise de ellas para una obra de necesidad o utilidad pública, mediante la sola notificación por escrito, al arrendatario o a su representante legal, de la resolución correspondiente. En tal caso, el arrendatario tendrá derecho a que se le pague el valor de las mejoras útiles y necesarias que hubiere hecho y a retirar las cosechas pendientes dentro del plazo que para el efecto deberá concedérsele.
Si el Instituto Nacional Agrario tuviere que afectar a poseedores de parcelas en dominio útil legalmente constituido, reconocerá y pagará el valor de las mejoras introducidas en el predio a justa tasación de peritos de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título III de esta Ley.
En caso de que sobre las mejoras pesare algún gravamen por razón de créditos concedidos a la producción, el Instituto Nacional Agrario retendrá el valor de las mejoras y lo aplicará al pago de la deuda, y el remanente, si lo hubiere, lo entregará al propietario.
Los predios rurales susceptibles de uso agrícola o ganadero de que sean propietarios los organismos descentralizados del Estado serán transferidos al Instituto Nacional Agrario dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha en que aquél lo solicite.
Se exceptúan los predios, o la parte de los mismos, que estén destinados a cualquiera de los fines previstos en el Artículo 13.
La valorización y pago de los predios transferidos se hará de acuerdo con lo prescrito en el Capítulo II del Título III de esta Ley.
Cuando cualquier ocupante de una tierra nacional o ejidal o de un predio rústico de propiedad de un organismo descentralizado del Estado se negare a entregarlo al Instituto Nacional Agrario, éste solicitará el desalojo a la fuerza pública competente.
Los funcionarios públicos o los representantes legales de los organismos descentralizados del Estado que intenten impedir el cumplimiento de lo estatuido en el artículo precedente, incurrirán en responsabilidad.
Serán afectadas con fines de Reforma Agraria las siguientes tierras rurales de dominio privado:
Derogado.
Para los efectos de lo establecido en el inciso a) del artículo anterior, se entenderá que constituye latifundio el predio rural que pertenezca a una persona natural o jurídica y que exceda de las áreas siguientes:
La parte de los predios que exceda de la extensión indicada en los numerales anteriores será expropiada, formen o no una sola unidad y cualquiera que sea su ubicación en el territorio nacional.
Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de dos o más predios rústicos ubicados en distintas zonas del país, no podrán tener en conjunto un área superior a los límites establecidos en el artículo 25 según las equivalencias que resultan del mismo.
La expropiación, en su caso, podrá afectar cualquiera de los predios o la totalidad o parte de los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55.
Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito en el Capítulo III de este Título.
El Reglamento respectivo determinará los límites geográficos de cada una de las regiones comprendidas en los distintos numerales de este Artículo.
Queda prohibida la enajenación de los predios que excedan el límite establecido en el artículo anterior, salvo previa aprobación del Instituto Nacional Agrario de los planes y programas que el propietario le presente con aquel fin. El Instituto Nacional Agrario otorgará su aprobación siempre que la enajenación vaya hacerse a favor del mismo Instituto o de beneficiarios de la Reforma Agraria y que guarden armonía con los objetivos de esta Ley.
Los actos que se realicen en contravención de esta norma serán nulos de pleno derecho.
Derogado.
Derogado.
Derogado.
Derogado.
Derogado.
Derogado.
Derogado.
Para los efectos en lo dispuesto en la Constitución de la República, en su Artículo 344, se entiende como minifundio todo predio inferior a una hectárea.
El Instituto Nacional Agrario formulará y pondrá en práctica un programa encaminado a erradicar en forma gradual y progresiva el minifundio; con tal fin expropiará las tierras que resulten necesarias para el sólo efecto de un reagruparse y adjudicarse de acuerdo con este Artículo. Dichas tierras una vez reagrupadas se adjudicarán en forma preferente a los ex propietarios que mejor las hayan utilizado y muestren más capacidad para el trabajo en el campo. En igualdad de condiciones se adjudicarán a quien tenga mayor número de dependientes.
Si las tierras resultaren insuficientes para dotar a todos los ex minifundistas, elInstituto Nacional Agrario les otorgará otros medios o los indemnizará, en su caso.
Serán expropiadas todas las tierras en que se hayan hecho y existan a la fecha de entrar en vigencia la presente ley asentamientos campesinos con base en el Decreto Ley Número 8 del 26 de diciembre de 1972.
Las tierras que a la fecha de entrar en vigencia esta ley estén ocupadas por aldeas o caseríos, cuya existencia no se deba a un vínculo contractual laboral entre los moradores y el propietario de aquéllas, serán expropiadas y adjudicadas a la respectiva comunidad.
Quedan comprendidas en lo prescrito en el párrafo anterior las porciones de la propiedad que hayan sido y estén siendo cultivadas por los vecinos de las aldeas o caseríos.
No serán expropiables los predios rústicos que estén destinados a fines de enseñanza, fomento o experimentación agrícola, ganadera o forestal, o a capacitación campesina, mientras cumplan con esas funciones, sus propietarios no persigan fines de lucro y cumplan tales funciones de acuerdo con los planes y programas que previamente haya aprobado la autoridad competente.
Derogado.
Derogado por disposición del Artículo 88 del decreto N°. 31-92 , de fecha 5 de marzo de 1992 , que contiene la Ley para la Modernización y el Desarrollo de Sector Agrícola publicado en el Diario La Gaceta N°. 26713 del 6 de abril de 1992.
El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Recursos Naturales, podrá, en casos excepcionales y habida cuenta de la importancia económica y social de un proyecto o explotación agrícola o ganadera, autorizar la existencia de propietarios y propietarias que excedan el límite máximo fijado en el Artículo 25 precedente.
El Poder Ejecutivo otorgará la autorización cuando proceda, siempre que el monto de la inversión sea por lo menos de L.1,000,000.00 (UN MILLON DE LEMPIRAS) a precios constantes de diciembre de 1991, deflactados por el índice mensual de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Honduras, y se trate de un proyecto o explotación orientado a producir bienes de importancia prioritaria para la economía nacional.
Las personas a quienes el Poder Ejecutivo otorgue el beneficio contemplado en el artículo anterior deberán explotar eficientemente las tierras y cumplir, durante la existencia del proyecto, los requisitos establecidos en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 43, de esta ley. Además deberán pagar salarios superiores en un veinticinco por ciento (25%), por lo menos, al salario mínimo fijado para la zona en que se encuentren los predios.
La violación de cualquiera de las condiciones previstas en el párrafo anterior dará lugar a la cancelación de la autorización a que se refiere el artículo 39.
Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de predios rurales y que no tengan el carácter de adjudicatarias, están obligadas:
La violación de lo prescrito en el inciso a) dará lugar a la expropiación si al vencerse el sexto mes de vigencia de esta ley no se estuviese explotando directamente el predio correspondiente.
La violación de lo prescrito en el inciso b) dará lugar a la expropiación de la tierra al iniciarse el cuarto año de vigencia de esta ley.
El incumplimiento de lo estatuido en los incisos c) y d) se sancionará de acuerdo con el Código del Trabajo, las leyes de previsión social y sus reglamentos y con los ordenamientos fiscales respectivos.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, anterior.
Derogado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las personas jurídicas propietarias de predios rurales tendrán las siguientes obligaciones y limitaciones:
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, si el Instituto Nacional Agrario comprobare que una persona jurídica es propietaria de uno o más predios rurales cuya extensión en conjunto exceda el límite establecido en el artículo 25, y no se halla en el caso contemplado en el artículo 39, expropiará el excedente.
La violación de lo prescrito en el inciso b) del artículo 43 dará lugar a que el Instituto Nacional Agrario fije un plazo al infractor para que dentro del mismo venda su participación o acciones preferentemente a trabajadores beneficiarios de la Reforma Agraria. La venta se efectuará al precio en libros y en las condiciones que el mencionado Instituto establezca.
La infracción de lo prescrito en los incisos c), e), y f) del artículo 43, dará lugar a la aplicación de una multa hasta de veinticinco mil lempiras (L.25,000.00)teniendo en cuenta la gravedad de la violación, la capacidad económica de la empresa y la reincidencia, en su caso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 40.
Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones que existan a la fecha de entrar en vigencia esta ley deberán convertir las acciones al portador en acciones nominativas dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha. El incumplimiento de esta norma dará lugar a la aplicación de la multa prevista en el artículo precedente. Si la violación persistiere después de haberse impuesto el máximo de dicha sanción, el Instituto Nacional Agrario podrá pedir, al tribunal de justicia competente, la disolución de la respectiva sociedad.
El Instituto Nacional Agrario, ejecutará la Reforma Agraria con base en los criterios contenidos en los planes y programas que con tal propósito deberá formular.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48, la reforma Agraria se ejecutará de acuerdo con las siguientes prioridades:
El Instituto Nacional Agrario hará saber al público y a los propietarios poseedores de tierras rurales que queden comprendidas dentro de las zonas en que ejecutará acciones de Reforma Agraria, mediante avisos que publicará en los diarios hablados y escritos de mayor audiencia o circulación del país, y en la Tabla de Avisos de las correspondientes Oficinas Agrarias y de las respectivas municipalidades, que a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la fecha que aquél determine, deberán presentar ante el mismo, el formulario que al efecto proporcionará a los interesados, una Declaración Jurada que por lo menos contendrá los datos siguientes:
Si el declarante tuviese propiedades rurales fuera de la zona indicada en el aviso, deberá manifestarlo así en la declaración jurada, con indicación de los datos señalados en los incisos anteriores.
Con la declaración jurada a que se refiere el artículo anterior se presentarán los títulos de propiedad o los documentos que amparen la posesión, los planos de los respectivos predios y los comprobantes de pago del impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes a los últimos tres años fiscales.
Si no se presentaren los títulos o documentos que amparen la propiedad o posesión, se presumirá que las tierras son nacionales o ejidales, salvo que se presenten antes de que se acuerde la expropiación. En tal caso, el Instituto Nacional Agrario aplicará al infractor una multa hasta de veinticinco mil lempiras (L.25,000.00), teniendo en cuenta la gravedad de la violación y la capacidad económica del propietario o poseedor.
Si no se presentaren los planos, éstos serán levantados por el Instituto Nacional
Agrario por cuenta del declarante y su costo se deducirá del valor de las tierras que se expropien. Si los predios no fueren expropiables, el declarante pagará al Instituto el valor de aquellos.
Si no se presentare el comprobante de pago del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al último año fiscal, se estará a lo prescrito en el Artículo 65.
El propietario o poseedor de tierras rurales que omita la presentación dela declaración jurada o la formule con datos falsos, incompletos o inexactos, será sancionado con multa hasta diez mil lempiras (L.10,000.00), sin perjuicio de las acciones penales que procedan.
Recibida la declaración jurada, el Instituto Nacional Agrario procederá a estudiar los títulos, documentos y planos y realizará en el campo las investigaciones necesarias para determinar si la totalidad o parte del predio está constituido por tierras nacionales o ejidales y si el mismo se encuentra en armonía o no con la función social de la propiedad al tenor de los Artículos 23 inciso b), 24 y 25 de esta Ley.
Las certificaciones de inafectibilidad extendidas por el Instituto Nacional Agrario a la vigencia de este Decreto no podrán invocarse para impedir el cumplimiento de lo prescrito en el párrafo precedente.
Los propietarios o poseedores de tierras están obligados a permitir las inspecciones y mensuras que orden practicar el Instituto Nacional Agrario. En caso de oposición, los funcionarios o peritos correspondientes serán auxiliados por la fuerza pública.
En todos los casos de expropiación parcial, la superficie expropiada será delimitada por el Instituto Nacional Agrario de acuerdo con las siguientes normas:
Las expropiaciones serán declaradas por medio de un Acuerdo deExpropiación que emitirá el Director del Instituto Nacional Agrario.
Dicho Acuerdo contendrá los siguientes datos:
El Acuerdo de Expropiación será notificado al propietario o a su mandatario o representante legal, en cualquiera de las formas siguientes:
Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, la persona afectada por la expropiación, su mandatario o representante legal podrá hacer uso de los recursos establecidos en el Capítulo V del Título VI de esta ley.
Si la persona afectada por la expropiación no recurre dentro del plazo establecido en el artículo anterior o si, habiéndolo hecho, el Acuerdo de Expropiación adquiere el carácter de firme, el Instituto Nacional Agrario citará al expropiado para que comparezca en día y hora determinados en la sede de la Institución para recibir el valor de la indemnización que le corresponda según dicho Acuerdo, o los documentos representativos de ésta.
Si el expropiado no comparece o se niega a recibir el valor de la indemnización, el Instituto Nacional Agrario consignará dicho valor en el Juzgado de Letras de lo Civil que ejerza la jurisdicción en el lugar en que esté ubicado el predio expropiado.
Dicho Juzgado, sin más trámite, tendrá, por hecha la consignación y mandará depositar a favor del expropiado el valor respectivo en las oficinas más próximas del Banco Central de Honduras.
Efectuado el pago o hecha la consignación, él o los expropiados deberán otorgar la correspondiente escritura pública de traspaso del predio a favor del Instituto Nacional Agrario. Si dichas personas no pueden o no quieren hacer el otorgamiento respectivo, lo hará el Juez competente en su nombre dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del pago o consignación y ordenará su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Los traspasos a que se refiere este artículo estarán exentos del pago de impuestos y de los derechos de inscripción en el Registro.
Las tierras y las mejoras expropiadas se traspasarán al Instituto Nacional Agrario libres de toda carga o gravamen.
Con tal fin, el Juzgado de Letras de lo Civil a que se refiere el Artículo 60 de esta ley, o el Instituto Nacional Agrario, en su caso, dispondrá del valor de la indemnización para el pago de los gravámenes que pesaren sobre el correspondiente terreno o mejoras y el saldo, si lo hubiere, lo entregará al ex propietario.
Cuando hubiere duda o controversia sobre el dominio del predio afectado, los Bonos de la Deuda Agraria que representen el valor de éste se extenderán a favor del Juzgado que estuviere conociendo del asunto. El Juez correspondiente endosará dichos Bonos a favor de quien resulte con derecho al dominio del predio expropiado, una vez firme la sentencia respectiva.
Las tierras de propiedad de instituciones descentralizadas del Estado serán valoradas por peritos nombrados por el Instituto Nacional Agrario.
En ningún caso dicho valor podrá exceder del que figure en los libros de la correspondiente institución.
El valor de los predios rústicos que se expropien con base en esta ley será igual al promedio que resulte de los valores declarados por el ex propietario para fines del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante los tres años anteriores a la fecha de expropiación.
Si el valor no hubiese sido declarado para el propósito indicado en el párrafoprecedente, el Instituto Nacional Agrario lo determinará tomando como base el valor promedio declarado para otros predios ubicados en la misma zona de conformidad con el párrafo anterior.
La inexistencia de la declaración se presumirá, salvo prueba en contrario por el solo hecho de que el interesado no presente los comprobantes de pago respectivos.
El valor de las mejoras útiles y necesarias se determinará en forma separada del valor del predio expropiado.
El pago de las mejoras se hará tomando en consideración los valores presentes dela misma, de conformidad con el sistema de depreciación aplicable de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta.
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, y previa iniciativa del Instituto Nacional Agrario, dentro del mes siguiente a la fecha de emisión de esta Ley promulgará un Reglamento para el avalúo de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones, y Plantaciones Permanentes.
Toda disminución de valor que las mejoras y demás bienes a que se refiere el párrafo anterior experimenten con posterioridad al avalúo, se restará de éste.
Las expropiaciones que se efectúen con base en esta ley se indemnizarán mediante pagos al contado y Bonos de la Deuda Agraria.
Los Bonos será emitidos por valores nominales de cien lempiras (L.100.00), quinientos lempiras (L.500.00), mil lempiras (L.1, 000.00), diez mil lempiras(L.10,000.00) y cien mil lempiras (L.100,000.00).
Los Bonos serán de tres clases:
Los bonos mencionados estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta.
Los Bonos serán nominativos y transferibles, tendrán la garantía plena del Estado y la emisión se efectuará en series anuales para cada clase.
El Poder Ejecutivo emitirá Bonos Agrarios en la cuantía suficiente para pagar el valor de las expropiaciones. La emisión y amortización de los bonos agrarios será controlada por el Ministerio Hacienda y Crédito Público.
En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se consignará anualmente la partida correspondiente para el servicio de la Deuda Agraria.
El Banco Central de Honduras actuará como agente financiero de los Bonos Agrarios con las atribuciones siguientes:
Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, la administración y fiscalización de la Deuda Agraria, así como la percepción de los pagos por las tierras y mejoras que adjudique o transfiera el InstitutoInstituto Nacional Agrario.
El pago de las tierras y mejoras expropiadas se hará en la siguiente forma:
Cuando las cantidades a pagar en Bonos de la Deuda Agraria contengan fracciones inferiores a cien lempiras (L.100.00), esa fracción se pagará al contado, aunque exceda los límites fijados en el presente artículo.
Los Bonos de la Deuda Agraria se podrán utilizar como garantía para financiar hasta el 50% del valor de la inversión en una empresa que esté comprendida en una rama industrial que el Titular del Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, a propuesta de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica, haya declarado estratégica para el desarrollo nacional, siempre que el expropiado tenedor de bonos aporte en efectivo el otro 50% del valor de dicha inversión. El financiamiento podrá ser otorgado por la Corporación Nacional de Inversiones, el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. Las acciones y aportes adquiridos con esta garantía no podrán ser transferidas en un período de diez (10) años, salvo que después de cinco (5) años el producto de su venta se invierta en el establecimiento de otra nueva empresa industrial que reúna similares condiciones.
Los Bonos de la Deuda Agraria podrán redimirse anticipadamente hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor si se llenan los requisitos siguientes:
El pago de las amortizaciones e intereses anuales de los Bonos de laDeuda Agraria se hará para cada tenedor hasta un máximo de veinte mil lempiras(L.20, 000.00) al contado. La diferencia se pagará en acciones de las empresas a que se refieren los dos artículos anteriores y, a falta de éstas, en dinero en efectivo.
Para determinar la suma que se pagará al contado cuando se expropien varias tierras y mejoras de un solo propietario, éstas, se tomarán como si fueran una sola propiedad.
Los impuestos, servicios y otras obligaciones que hayan estado pendientes durante los últimos cinco años a favor del Estado, el Distrito Central yMunicipios, tendrán prioridad de pago al efectuarse las indemnizaciones de las expropiaciones y se deducirán al hacerse las liquidaciones respectivas.
Los Bonos de la Deuda Agraria se emitirán a nombre de la persona natural o jurídica a quien se hubiese expropiado, salvo que en la presente ley se disponga otra cosa.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá un reglamento especial que regulará las disposiciones de este Capítulo.
Para ser adjudicatario o adjudicataria de tierras de la reforma agraria, se requiere que los campesinos, hombres o mujeres, reúnan los requisitos siguientes:
Los adjudicatarios de tierras mayores de dieciséis años se considerarán habilitados de edad para los efectos de la administración de sus parcelas o de las cooperativas o empresas asociativas de que formen parte, constituir prendas agrarias, obtener créditos y, en general, para realizar todos los actos de que son capaces los mayores de edad, siempre que tales actos tengan una relación directa con la materia a que se refiere la presente ley.
Salvo disposición especial en otro sentido, las adjudicaciones se harán de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
En igualdad de condiciones se preferirá siempre a quien tenga mayor número de dependientes.
Son obligaciones de los adjudicatarios o adjudicatarias:
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo precedente será causal suficiente para que el Instituto Nacional Agrario declare sin valor ni efecto la adjudicación hecha.
Si el Instituto ordenare la desocupación del predio, el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de las amortizaciones y del valor de las mejoras que hubiere efectuado, después de deducidos los créditos pendientes.
Si la declaratoria a que se refiere el párrafo primero se produce por falta de pago de las cuotas de amortización de la unidad adjudicada, aquélla no producirá efecto sino treinta días después, lapso en el cual el beneficiario podrá pagar las respectivas cuotas.
Cuando falleciere el adjudicatario o adjudicataria de un predio, o se volviere incapaz, tendrán derecho preferente al mismo, el cónyuge, o compañero o compañera sobreviviente que disfrute de capacidad y, en su defecto, corresponderá este derecho a sus sucesores legales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 79 de esta Ley.
Esta regla también será aplicable si la persona fallecida o incapacitada perteneciese, en el momento del suceso, a una cooperativa, empresa asociativa, o a cualquier otra forma de organización campesina reconocida legalmente por el Estado, respecto a los derechos que en ella tuviesen.
Los campesinos, estén o no organizados, no podrán ocupar tierras nacionales, ejidales o de propiedad privada sino en los términos y condiciones prescritas en esta ley.
La adjudicación de tierras estará a cargo del Instituto Nacional Agrario y se hará de acuerdo con los planes y programas que el mismo formule de conformidad con esta ley.
La adjudicación de tierras sólo se podrá hacer en unidades aptas para la explotación agrícola o ganadera que atendiendo a la calidad de los suelos y sus condiciones topográficas y ecológicas, sean suficientes para asegurar a los adjudicatarios y adjudicatarias, mediante una adecuada explotación económica, un ingreso que les permita:
Las adjudicaciones de tierras sólo serán hechas a personas naturales que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 79, precedente, a cooperativas ya empresas asociativas constituidas de conformidad con esta ley.
La circunstancia de que se halle en trámite la constitución legal de una cooperativa o empresa asociativa, no será obstáculo para la adjudicación de tierras en común.
Las tierras adjudicadas a los beneficiarios y beneficiarias de la Reforma Agraria por el Instituto Nacional Agrario lo serán a título oneroso; su adjudicación se efectuará sin necesidad de adelantar suma alguna y su valor podrá pagarse en un plazo hasta de veinte años, quedando gravadas con primera hipoteca por el valor dela adjudicación.
Los plazos y abonos para el pago de las tierras adjudicadas empezarán a contarse dos años después de que el beneficiario haya tomado posesión de las tierras. Para el cómputo del plazo no se tomarán en cuenta los años en que hubiesen pérdidas de cosechas por causas no imputables a los adjudicatarios.
Los adjudicatarios de tierras de la Reforma Agraria podrán amortizar voluntariamente la totalidad o parte del valor de las tierras adjudicadas antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que ello no les impida explotarlas eficientemente según los criterios establecidos en los Artículos 30 y 31, precedentes, y cumplir con las demás obligaciones derivadas de esta ley.
Los beneficiarios de la Reforma Agraria pagarán por los predios que se les adjudiquen, el valor en que fueron expropiados, incluidos los costos financieros.
A las tierras nacionales y ejidales se les imputará un valor igual al de los predios que se hayan expropiado en la zona en que estuviesen ubicados.
No obstante lo anterior, la Dirección Ejecutiva previo análisis , podrá adjudicar a los campesinos beneficiarios a las Cooperativas de Campesinos as tierras de cualquier naturaleza por un valor menor al anterior dadas sus condiciones , tales como la calidad de los suelos , infraestructura de la zona y otras..
Las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras donde estén asentadas, por el término no menor de tres años indicado en el Artículo 15 reformado de esta Ley, recibirán los títulos de propiedad en dominio pleno completamente gratis, extendidos por el Instituto Nacional Agrario en el plazo estipulado en el Artículo 15 referido.
Los adjudicatarios y adjudicatarias de tierras recibirán dentro de un plazo de hasta seis meses de la adjudicación, un título de dominio pleno que acredite a su favor, la propiedad de la tierra. Estas tierras podrán enajenarse a otras personas que reúnan los requisitos para ser beneficiarios o beneficiarias de la Reforma Agraria, quienes asumirán las obligaciones pendientes de pago. La tradición del dominio se efectuará incluyendo el gravamen hipotecario a que se refiere el Artículo 95 de esta Ley.
Las tierras adjudicadas a los beneficiarios y beneficiarias de Reforma Agraria podrán servir de garantía para la obtención de préstamos.
Una vez cancelado el valor de la adjudicación, los adjudicatarios y adjudicatarias dispondrán de su propiedad con los derechos que le sean inherentes a su condición de propietarios o propietarias.
Los adjudicatarios o adjudicatarias que venden sus tierras o los títulos de participación individual en el caso de propiedad colectiva, perderán en forma definitiva su condición de beneficiarios o beneficiarias de la Reforma Agraria.
Los títulos de propiedad a que se refiere el artículo anterior, serán otorgados por la persona titular del Instituto Nacional Agrario sin necesidad de asistencia notarial. Podrán extenderse en papel simple y no causarán impuesto de timbre ni derechos de registro.
Los títulos que se otorguen en la forma prevista en el párrafo anterior deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad y las certificaciones de los correspondientes asientos que aquél extienda tendrán la misma validez que los testimonios de escritura pública.
Desde el momento en que el adjudicatario o adjudicatarias tomen posesión de las tierras podrán trabajarse y construir en ellas, pero estarán gravadas con primera hipoteca a favor del Instituto Nacional Agrario por el valor de la adjudicación, la cual será cancelada al pagarse dicho valor.
En el caso de subastarse tierras adjudicadas, conforme a esta Ley, tendrán derecho preferente para intervenir en el remate como postores aquellas personas que acrediten mediante certificación extendida por el Instituto NacionalAgrario, reunir las condiciones requeridas para ser beneficiarios o beneficiarias de la Reforma Agraria.
El Instituto Nacional Agrario podrá adjudicar tierras en forma individual a las personas que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 79 precedente.
Cuando las adjudicaciones sean hechas a personas naturales, el asentamiento de los adjudicatarios se realizará en unidades agrícolas familiares.
Se entenderá por unidad agrícola familiar el lote de terreno que se adjudique a un beneficiario de la Reforma Agraria, para ser trabajado en condiciones de eficiencia directamente por él y los miembros de su familia.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en determinados períodos del ciclo productivo podrá emplearse mano de obra asalariada.
Derogado.
Si el adjudicatario fuere dueño de un predio de una superficie inferior a la unidad agrícola familiar, tendrá la obligación de traspasarlo al Instituto Nacional Agrario, siempre que éste lo requiera para ello y antes de aceptar las tierras adjudicadas a su favor.
Si el adjudicatario fuere comunero en un predio de superficie insuficiente para una adecuada explotación productiva dado el número de copartícipes, tendrá la obligación de traspasar sus derechos en la comunidad al Instituto Nacional Agrario antes de recibir la adjudicación hecha a su favor.
Los planes y programas a que se refiere el Artículo 86 deberán comprender medidas encaminadas a asegurar la organización de los adjudicatarios de unidades agrícolas familiares y la prestación de asistencia técnica y crediticia durante el tiempo indispensable para asegurar la normal explotación de la parcela.
El Instituto Nacional Agrario organizará o fomentará la constitución de cooperativas campesinas para la ejecución del Programa de Reforma Agraria.
Las cooperativas adjudicatarias de tierras estarán sujetas a las siguientes obligaciones:
Las cooperativas adjudicatarias de tierras estarán sujetas a las siguientes prohibiciones:
Las cooperativas campesinas deberán explotar la tierra por medio de sus asociados o copartícipes.
Si el número de asociados o copartícipes fuere insuficiente para la adecuada explotación de los predios, deberá aumentarse aquél a fin de hacer innecesaria la contratación de mano de obra.
Dichas organizaciones solamente podrán emplear mano de obra asalariada en determinados períodos del ciclo productivo. Los asalariados, en todo caso, tendrán derecho preferente a cualquier otra persona para ser incorporados como nuevos asociados de aquéllas y deberán recibir remuneraciones por lo menos igual a la que perciba el cooperativista o copartícipe que desempeñe labores semejantes. Además, deberá procurárseles alojamiento higiénico y adecuado cuando tengan que residir en el predio.
Las cooperativas campesinas que violaren, dependiendo de la gravedad de la contravención, alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, podrán ser intervenidas por el Instituto Nacional Agrario en la forma que prescriban los reglamentos.
En caso de reincidencia en la violación, el Titular del Poder Ejecutivo podrá autorizar al Director del Instituto Nacional Agrario para que gestione la cancelación de la personalidad jurídica de la respectiva cooperativa.
En caso de disolución de una cooperativa campesina, el Instituto Nacional Agrario tendrá derecho preferente para adquirir los bienes de la misma.
El valor y la forma de pago se determinarán de común acuerdo entre el Instituto Nacional Agrario y la cooperativa. Si no hubiere acuerdo, el Instituto lo determinará con arreglo al reglamento correspondiente.
Lo prescrito en la Ley de Asociaciones Cooperativas se entenderá sin perjuicio de lo estatuido en esta Sección.
El Instituto Nacional Agrario organizará y fomentará la Constitución de Empresas Asociativas de Campesinos, los cuales serán adjudicatarios prioritarios de las tierras destinadas a la Reforma Agraria.
Empresa Asociativa de Campesinos es la constituida por personas beneficiarias de la Reforma Agraria que acuerdan aportar en común su trabajo,industria, servicios y otros bienes, con el fin primordial de explotar directamente uno o más predios rústicos adjudicados por el Instituto Nacional Agrario, así como para comercializar o industrializar sus productos y repartirse entre los asociados, en forma proporcional a sus aportes, las utilidades o pérdidas que resulten en cada ejercicio económico.
La Empresa Asociativa de Campesinos, legalmente organizada e inscrita, goza de personalidad jurídica. En consecuencia, es sujeto de derechos y obligaciones.
Las empresas asociativas de campesinos podrán realizar labores que coadyuven a la organización y promoción social, económica y cultural de los campesinos u otras actividades lícitas necesarias para el cumplimiento de sus fines.
Las Empresas Asociativas de Campesinos deberán constituirse por cinco socios, por lo menos.
Para ser socio de las mismas se requiere reunir los requisitos establecidos en el Artículo 79 de esta ley.
Las empresas y sus socios estarán sujetos a las normas contenidas en el presente Capítulo relativo a los adjudicatarios.
Las empresas se constituirán mediante documento privado, el cual deberá contener los requisitos que exija el Estatuto a que se refiere el Artículo 122.
Su nombre se formará libremente, pero en él figurará siempre la expresión "Empresa Asociativa de Campesinos", o las siglas E.A.C.
Previo dictamen del Instituto Nacional Agrario, el Acta Constitutiva de la Empresa deberá inscribirse en el Registro de Empresas Asociativas de Campesinos que al efecto llevará el Ministerio de Recursos Naturales. La certificación de la inscripción será plena prueba de la existencia legal de la Empresa.
En la misma forma deberá inscribirse en dicho registro las reformas que se hagan al documento de constitución.
En la empresa la responsabilidad de los socios estará limitada a sus aportaciones.
La responsabilidad civil de la empresa frente a terceros compromete la totalidad del patrimonio social, excepto la tierra que se le haya adjudicado, en cuyo caso se estará a lo prescrito en el Artículo 96.
Los aportes de los socios a la empresa consistirán esencialmente en su trabajo personal. No obstante, la empresa podrá recibir de sus socios aportes en siempre que guarden armonía con lo prescrito en esta Ley y en el Estatuto a que se refiere el Artículo 122.
La empresa se disolverá:
En caso de disolución y liquidación, el Instituto Nacional Agrario tendrá derecho preferente para adquirir los activos de la empresa.
El Instituto Nacional Agrario, fiscalizará los actos de las empresas asociativas con el fin de asegurar que en su constitución y funcionamiento se observen las normas legales, estatutarias y reglamentarias que las rigen.
En cumplimiento de su función fiscalizadora el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, previa iniciativa del Instituto Nacional Agrario, dentro de los sesenta días siguientes a fecha de entrar en vigencia esta ley, emitirá el Estatuto de las Empresas Asociativas de Campesinos que, conforme a las disposiciones precedentes de esta Sección, habrá de regular su constitución, organización, funcionamiento, fiscalización y disolución, así como los derechos y deberes de los asociados para con la Empresa.
El Instituto Nacional Agrario determinará la superficie a adjudicar a cada empresa asociativa, para lo cual tendrá en cuenta el número de familias que la constituyen.
Los socios de las Empresas asociativas tendrán derecho, dentro del área que se haya adjudicado a aquélla, a construir una casa y a poseer un huerto familiar.
El derecho anterior se extinguirá con la pérdida de la condición de socio.
Lo dispuesto en los artículos 105, inciso a), b), c) y d); 106, 107, 108,109 y 110, será aplicable a las empresas asociativas.
Los beneficiarios de la Reforma Agraria tendrán derecho a que el Estado les otorgue en forma preferente asistencia técnica y crediticia.
En consecuencia, el Ministerio de Recursos Naturales, el Banco Nacional de Fomento y los demás organismos estatales centralizados o descentralizados quedan obligados a formular y ejecutar sus programas anuales de manera que se dé efectivo cumplimiento a lo prescrito en el párrafo anterior.
En los planes de desarrollo rural que formule el Instituto Nacional Agrario en colaboración con la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica, se incluirán programas de investigación, extensión, fomento, crédito, comercialización y otros que sirvan para alcanzar en el menor tiempo posible los objetivos enunciados en el Capítulo I de esta Ley.
Los créditos a los beneficiarios de la Reforma Agraria se otorgarán previo plan de inversión y se garantizarán de la siguiente manera:
En ambos casos los créditos podrán ser avalados por el Instituto Nacional Agrario.
El Instituto Nacional de Formación Profesional, en coordinación con las autoridades agrarias competentes, organizará y ejecutará programas de formación profesional para los beneficiarios de la Reforma Agraria.
La Dirección General de Fomento Cooperativo, en coordinación también con el Instituto Nacional Agrario, promoverá la formación de líderes y de cooperativas campesinas en conformidad con lo estatuido en esta ley.
El Instituto de la Vivienda prestará la asistencia técnica que le solicite el InstitutoNacional Agrario para la planificación urbanística de los centros de población de las cooperativas y empresas asociativas campesinas y dará prioridad a la construcción de viviendas rurales en conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.
La misma prioridad darán las demás instituciones estatales al Programa Nacional de Reforma Agraria.
Las instituciones de crédito estatales y, en particular, el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Nacional de Inversiones, establecerán anualmente planes de acción crediticia especiales para el otorgamiento de créditos a las industrias nacionales establecidas o por establecerse que utilicen básicamente materias primas producidas por cooperativas campesinas, empresas asociativas o por pequeños o medianos agricultores o ganaderos ajenos a la empresa industrial.
El Instituto Nacional Agrario es una institución semiautónoma dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Instituto Nacional Agrario será el organismo ejecutor de la política agraria del Estado y sus programas y proyectos deben estar en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Instituto aplicará y velará por la correcta ejecución de la presente ley y demás disposiciones relacionadas con la Reforma Agraria, a fin de lograr la transformación de la estructura agropecuaria del país e incorporar la población rural al desarrollo integral de la Nación.
El Instituto tendrá su domicilio en la capital de la República, su duración será indefinida y sus obligaciones contarán con la más completa garantía del Estado.
Corresponde al Estado por medio del Instituto Nacional Agrario:
a. Planificar, programar y llevar a la práctica la política de reforma Agraria;
c. Conocer y resolver todo lo relacionado con la tenencia, explotación, expropiación, recuperación y
distribución de la tierra destinada a la reforma Agraria.
d. Organizar y administrar el Catastro Agrario Nacional;
e. Organizar y administrar un Registro Agrario;
f. Gestionar y administrar los recursos internos y externos indispensables para la ejecución de la
Reforma Agraria;
g. Promover el mejoramiento económico, social, cultural y técnico de los campesinos;
h. Crear una conciencia nacional favorable a la reforma agraria mediante la difusión y promoción de su
principios y realizaciones;
h.Resolver sobre las denuncias o quejas presentadas en contra de los funcionarios yempleados
encargadosde realizar la Reforma Agraria y hacer correspondientes en su caso;
i.Ejercer los derechos y acciones que correspondan al Estado en relación con las tierras nacionales
y ejidales susceptibles de uso agrícola y ganadero; y,
j. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la presente ley.
La dirección superior del Instituto Nacional Agrario corresponderá al Titular del Poder Ejecutivo.
El Consejo Nacional Agrario será el organismo asesor del Titular del Poder Ejecutivo y conocerá, además de las apelaciones que se interpongan contras las resoluciones o acuerdos definitivos que emita el Director Ejecutivo del Instituto.
El Poder Ejecutivo, por Acuerdo emitido a través de la Secretaría de Recursos Naturales, integrará el Consejo Nacional Agrario, en la forma siguiente: a) Tres Abogados Propietarios y tres Abogados Suplentes. b) Un Ingeniero Agrónomo Propietario y un Ingeniero Agrónomo Suplente. c) Tres Propietarios y tres Suplentes de una lista de diez candidatos que propondrán las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos del país. d) Tres Propietarios y tres Suplentes, nombrados de una lista de diez candidatos que propondrán las Asociaciones de Campesinos del país. Si las Asociaciones indicadas en los incisos c) y d) anteriores, no hacen las propuestas en el plazo que se les determine o si los nombrados rehúsan a integrar el Consejo, el Poder Ejecutivo hará directamente el nombramiento. En el acuerdo de nombramiento del Poder Ejecutivo designará al Presidente y al Secretario del Consejo Nacional Agrario. Los miembros del Consejo Nacional Agrario deberán llenar los mismos requisitos que se requieren para ser Director Ejecutivo, no podrán desempeñar otro cargo en la Administración Pública, excepto como docentes ni ser miembros directivos de los partidos políticos. El Poder Ejecutivo podrá nombrar los asesores y los coordinadores que estime convenientes para la mejor aplicación de esta Ley.
El Consejo Nacional Agrario ejercerá sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad dentro de las normas establecidas por esta ley y sus reglamentos. Todo acto, resolución u omisión del Consejo Nacional que contravenga disposiciones legales o reglamentarias hará incurrir en responsabilidad personal y solidaria para con el Instituto, el Estado o terceros, a todos los integrantes del Consejo que estuvieren presentes en la sesión respectiva, salvo aquellos que hubieren hecho constar su voto contrario en el acta dela sesión en que se haya tratado el asunto.
Incurrirán en responsabilidad personal los que divulguen cualquier información de carácter confidencial relacionada con el Instituto y los que aprovecharen cualquier información para fines personales o en perjuicio del Estado, del Instituto o de terceros.
El Consejo Nacional Agrario se reunirá como Organismo Asesor del Titular del Poder Ejecutivo, ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el mencionado funcionario y, como Organismo de Apelación cada vez que sea convocado por dicho Titular o por su Presidente. La celebración de las sesiones del Consejo Nacional requerirán la presencia de por lo menos seis de sus miembros y las resoluciones se tomarán con el voto favorable de cinco de los miembros asistentes, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo emitirá su reglamento interior.
La administración del Instituto estará a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales.
En ausencia del Director Ejecutivo asumirá el cargo el Sub-Director Ejecutivo, que se nombrará en la misma forma.
Ordinariamente el Sub-Director Ejecutivo desempeñará las funciones que le señale el Director Ejecutivo.
El Director Ejecutivo y el Sub-Director Ejecutivo deberán ser hondureños por nacimiento, mayores de edad y de reconocida honorabilidad y capacidad para desempeñar sus funciones.
No podrán ser nombrados Director Ejecutivo o Sub-Director Ejecutivo del Instituto, los parientes dentro del 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad del Titular del Poder Ejecutivo o de cualquiera de los miembros del Consejo Nacional Agrario.
El Director Ejecutivo y el Sub-Director Ejecutivo deben dedicar todas sus actividades al servicio del Instituto, y mientras estén en ejercicio no podrán desempeñar otros cargos remunerados o ad honorem.
Para tomar posesión de sus cargos, el Director Ejecutivo y el Sub-Director Ejecutivo deberán rendir la fianza que determine la Contraloría General de la República.
El Director Ejecutivo y el Sub-Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, gozarán de inmunidad personal para no ser detenidos, acusados, ni juzgados aún en estado de sitio, si la autoridad competente no los declara previamente con lugar a formación de causa.
El Director Ejecutivo tendrá la categoría de Secretario de Estado e integrará el Consejo de Ministros.
Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo:
Son atribuciones del Director Ejecutivo:
El patrimonio del Instituto Nacional Agrario estará constituido por:
El Instituto Nacional Agrario estará exento de toda clase de impuestos estatales y municipales.
Los Fondos del Instituto serán depositados regularmente en el Banco Central de Honduras, debiendo ser utilizados exclusivamente para los fines de la Reforma Agraria. Los excedentes, si los hubiere, podrán ser invertidos en Bonos del Estado, en cuyo caso el capital y sus intereses deberán invertirse en los fines mencionados.
Para la fiscalización de las cuentas y operaciones del Instituto el Poder Ejecutivo nombrará un Auditor, quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos para el Director ejecutivo y responderá exclusivamente ante el Titular del poder Ejecutivo.
Dicho Auditor informará sin tardanza al Titular del Poder Ejecutivo y al Director Ejecutivo de los reparos y recomendaciones que formule.
El Titular del Poder Ejecutivo podrá contratar personas naturales o jurídicas para que efectúen auditorías externas, sin perjuicio de la que practique la Contraloría General de la República.
Contra las resoluciones definitivas que emita el Director Ejecutivo cabrá el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación ante el Consejo Nacional Agrario.
Dichos recursos se substanciarán de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos.
Contra las resoluciones que adopte el Consejo Nacional Agrario solamente cabrá el recurso de amparo, el que deberá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. Si se admite este recurso, no se concederá la suspensión del acto reclamado.
La Corte Suprema de Justicia tramitará y resolverá tales recursos de amparo con preferencia a cualquier otro asunto.
El Catastro Agrario Nacional llevará el inventario de las tierras rurales privadas, nacionales y ejidales y de los organismos autónomos y semiautónomos.
El Catastro Agrario Nacional examinará los títulos y planos de los predios rurales de cualquier dominio y efectuará las verificaciones y revisiones sobre la extensión y linderos de las tierras rurales privadas, nacionales y ejidales y de las instituciones autónomas y semiautónomas.
Si de la revisión apareciere que el predio tiene mayor extensión que la indicada en el título original, el Instituto Nacional Agrario recuperará el excedente.
En el caso de que el predio rural no haya sido medido, el InstitutoNacional Agrario notificará al propietario para que efectúe la mensura, la que deberá ser aprobada por la Oficina de Revisión General de Tierras.
Si el propietario no procede a realizar la mensura dentro del plazo indicado en la notificación, que no podrá ser menor de noventa días, el Instituto Nacional Agrario la ejecutará y sus costos correrán por cuenta del propietario.
El Catastro Agrario se realizará en todo el país.
Para esos efectos, el Instituto Nacional Agrario notificará a los propietarios de tierras rurales que presenten, en la Oficina del Catastro Agrario Nacional y dentro del plazo prudencial que les indique, sus títulos de dominio y los respectivos planos.
Los propietarios que no presenten sus títulos y planos dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior incurrirán en una multa de cien a cinco mil lempiras, la que será impuesta por el Instituto Nacional Agrario.
Junto a la multa, el Instituto Nacional Agrario notificará, por segunda vez, al propietario para que presente a la Oficina del Catastro Agrario Nacional, dentro del nuevo plazo que le indique, sus títulos de dominio y los respectivos planos.Si cumplido lo anterior el propietario reincidiere en la omisión, la multa será igual al doble de la máxima sanción autorizada en el artículo anterior.
Si el propietario, transcurrido el plazo de la segunda notificación, no presenta los títulos de dominio y planos a que aluden los artículos anteriores, elInstituto Nacional Agrario exigirá por la vía judicial, dicha presentación y el pago de las multas acumuladas, en su caso.
El Instituto Nacional Agrario establecerá el Registro Agrario Nacional, en el que se inscribirán:
El Registro Agrario Nacional será público. Anualmente, el Instituto Nacional Agrario publicará la lista actualizada a que se hace referencia en el literal g) Artículo anterior.
Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las certificaciones que de ellas se expidan harán plena prueba tanto en juicio como fuera de él.
El Instituto Nacional Agrario fijará y cobrará los derechos de expedición de certificaciones y constancias.
Sólo por resolución judicial podrán modificarse o rectificarse las inscripciones del Registro Agrario Nacional, siempre que en ellas se haya cometido error material o de concepto y a petición de parte interesada.
El Instituto Nacional Agrario contará con un cuerpo de Procuradores Agrarios encargados de patrocinar gratuitamente, ante la referida institución, a los solicitantes de tierras o de otros beneficios contemplados en la política agraria del Instituto y para asesorarlos en sus denuncias y quejas contra los empleados y funcionarios que no cumplan o violen las disposiciones de esta Ley o de los Reglamentos Correlativos.
Las denuncias y quejas referidas en el párrafo anterior podrán ser presentadas por escrito o de palabra. En este último caso debería hacerse constar en el acta que se levantará al efecto por los Procuradores Agrarios.
Los Procuradores Agrarios serán de libre nombramiento y remoción del Director del Instituto Nacional Agrario.
Habrá, por lo menos, un Procurador Agrario en la sede y en cada Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario.
Un Procurador Agrario, en la sede del Instituto Nacional Agrario, llevará un registro de los asuntos que patrocinen los demás Procuradores y rendirá a la Dirección de la referida Institución un informe trimestral sobre las gestiones y actividades realizadas por los Procuradores Agrarios.
Los problemas de interpretación que surjan al aplicar esta Ley se resolverá con base en los Artículos 17, 18, 19 y 20 del Título Preliminar del Código Civil. En casos de duda, se resolverá del modo que resulte más acorde con los objetivos, fines y principios de esta Ley.
Quedan exentos del uso de papel sellado y timbres todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades judiciales o administrativas en relación con la aplicación de esta Ley o de sus reglamentos u otros instrumentos que se deriven de aquélla.
Los actos, contratos, expropiaciones y obligaciones derivadas de la aplicación de la presente Ley estarán exentos del pago de toda clase de impuestos.
Las personas que instiguen, fomenten, promuevan o ejecuten actos de invasión o usurpación de predios rústicos de propiedad pública o privada, o que ejecuten actos de perturbación posesoria, quedarán excluidas del beneficio de adjudicación de tierras de la Reforma Agraria, hasta por dos años consecutivos, sin perjuicio de restablecimiento del derecho conculcado, y de las sanciones penales que procedan.
A los propietarios que instiguen, promuevan o ejecuten actos de perturbación posesoria o de despojo de las parcelas que estén siendo explotadas por los campesinos al amparo de esta Ley, se les sancionará con multa hasta 25,000.00 lempiras, sin perjuicio del restablecimiento del derecho conculcado y de las sanciones penales que procedan.
Igual sanción se aplicará a los propietarios que simulen parcelaciones, divisiones o traspasos a cualquier título.
Los Juzgados y Tribunales de la República suspenderán el trámite de los juicios de desahucio que se estén ventilando a la fecha de entrar en vigencia esta Ley contra los campesinos a que se refiere el Artículo 36, o que tenga el carácter de arrendatarios, colonos, aparceros, medieros u otra denominación que implique explotación indirecta. Lo dispuesto en esta norma se aplicará aun cuando los juicios se encuentren en estado de ejecución de sentencia.
Los asuntos que estuvieren en trámite en el Instituto Nacional Agrario o en los Juzgados o Tribunales de la República a la fecha de entrar en vigencia esta Ley, se proseguirán hasta su terminación de acuerdo con lo prescrito en la misma.
Las aguas de dominio público y privado quedan afectas a la realización de la Reforma Agraria.
En consecuencia, las mismas podrán ser utilizadas, conforme las disposiciones que apruebe el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Recursos Naturales, y previa iniciativa del Instituto Nacional Agrario, en el riego de cultivos y pastos, usos domésticos, servicios e instalaciones de los adjudicatarios y propietarios de predios rurales y en actividades industriales o agroindustriales u otras actividades análogas.
Se exceptúan de lo prescrito en el párrafo primero de este artículo:
El Instituto Nacional Agrario podrá modificar o cancelar el derecho a usar las aguas afectas a la Reforma Agraria, en cualquiera de los siguientes casos:
El Instituto Nacional Agrario cancelará los títulos de "Lotes de Familia "otorgados con anterioridad a la vigencia del Decreto número 2 del 26 de septiembre de 1962 y recuperará el dominio de los mismos en los siguientes casos:
Los "Lotes de Familia" que recupere el Instituto Nacional Agrario se destinarán a la Reforma Agraria.
Cuando el Instituto Nacional Agrario estimare conveniente que determinada zona o región se reserve o proteja, solicitará al Poder Ejecutivo que la declare zona o región reservada o protegida.
El Gobierno de la República, a través de todas sus dependencias y organismos centralizados o descentralizados, prestará pleno apoyo a la ejecución de la Reforma Agraria. Para ese efecto, coordinarán sus actividades con el Instituto Nacional Agrario, conforme lo establecido en esta Ley.
Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 320 de la Constitución de la República, y todas las demás autoridades del Estado, tienen la obligación de prestar al Instituto Nacional Agrario inmediata cooperación para el cumplimiento de sus decisiones.
Las empresas agrícolas, ganaderas o agroindustriales existentes no comprendidas en el Artículo 38, que estén explotando eficientemente predios que excedan del límite fijado en el Artículo 25, gozarán de un plazo de tres años contados a partir de la vigencia de esta Ley, para adecuar sus operaciones a los términos de la misma.
La presente Ley deroga el Decreto Legislativo número 2 del 29 de septiembre de 1962 y todas las demás normas que se le opongan.
El presente Decreto deberá publicarse en el Diario Oficial "La Gaceta" y entrará en vigencia el catorce de enero de mil novecientos setenta y cinco.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
