Este estatuto regula el Sistema de Carrera del Ministerio Público, creado en la Ley del Ministerio Público.

En adelante, estos cuerpos legales se identificarán como estatuto. El primero y, como la ley, el segundo. No obstante, el fiscal general de la República podrá emitir los reglamentos que fueren necesarios para desarrollar el Estatuto.

El Sistema de Carrera del Ministerio Público estará integrado por los órganos, normas, técnicas y procedimientos que permitan el acceso del servidor al ejercicio de funciones públicas, en condiciones que ofrezcan, por parte del Estado, elevar la calidad y cantidad de la prestación de los servicios públicos y, por parte del servidor, ejercer una actividad exclusiva que le garantice, en forma permanente, los medios necesarios para atender decorosa y dignamente sus necesidades y las de su familia.

El Sistema de Carrera del Ministerio Público tendrá por objetivo garantizar lo siguiente: La imparcialidad y el mérito en la selección y el reclutamiento; la objetividad en la evaluación de los servicios; el reconocimiento y disfrute de los derechos de los servidores; el rendimiento eficiente y eficaz en la prestación de los servicios; y la estabilidad en el ejercicio de los cargos dentro del Ministerio Público.

La relación de servicio entre el Ministerio Público y los servidores que allí prestan sus servicios deberá tener su origen en un acto unilateral y orientarse hacia la profesionalización en la prestación de los servicios, mediante mecanismos permanentes de capacitación y entrenamiento en el ejercicio de sus funciones que ofrezcan la posibilidad de acceder a posiciones de mayor jerarquía, en atención a sus méritos.

Quedará comprendido dentro del Sistema de Carrera que reconoce la ley, este estatuto y el reglamento, todo el personal que cumpla con los requisitos previstos en estos instrumentos legales.

Quedan excluidos del Sistema de Carrera del Ministerio Público:

a)      El fiscal general de la República y el fiscal general adjunto;

b)     Los directores de la Dirección de Investigación Criminal, de la Dirección de Medicina Forense y de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico;

c)      Los que fueren contratados para prestar sus servicios profesionales o técnicos;

d)     Los servidores de confianza, los cuales serán identificados en el Reglamento;

e)     El Supervisor Nacional del Ministerio Público;

f)       Los servidores de confianza, los cuales serán identificados en el Reglamento.

Cuando fueren nombrado en cargos excluidos y puestos de confianza, servidores y funcionarios incorporados en el Sistema de la Carrera del Ministerio Público, se les deberá conceder una licencia sin goce de sueldo en el cargo que vinieren desempeñando; debiendo al término de sus funciones, retomar el puesto que desempeñaban antes de ocupar el cargo excluido; o, a cualquiera otro, según la disponibilidad de la Institución, conservando su antigüedad en el servicio, el grado salarial y el reconocimiento de todos los incrementos salariales por costo de vida que hubiesen beneficiado al puesto en que se hubiesen desempeñado antes de iniciar con su servicio en el puesto excluido, sin corresponderles en cuanto a este último ningún derecho en similar sentido. En caso de no requerir de sus servicios la institución o no desear continuar desempeñándose el servidor o funcionario en su anterior cargo, le corresponderá el pago de sus prestaciones labores como servidor de carrera, de conformidad a lo determinado por este Estatuto y su reglamento.

Son órganos del Sistema de Carrera, los siguientes:

a)      El Consejo de Personal, y;

b)     La División de Recursos Humanos.

El Consejo de Personal, en adelante identificado como el Consejo, estará integrado de la siguiente forma:

a)      El fiscal general adjunto, quien lo presidirá

b)     Los titulares de cada una de las direcciones que integran el Ministerio Público. y;

c)      Un representante de los servidores comprendidos en el Sistema de Carrera.

Cada representante propietario tendrá un suplente, el cual se designará y acreditará como lo dispone el reglamento.

Para integrar el Consejo como representante, propietario o suplente, de los servidores, se requerirá tener una antigüedad mínima de dos años en la Dirección en donde preste sus servicios y no haber sido sancionado por infracciones en el ejercicio de su cargo.

Los servidores comprendidos en el Sistema de Carrera elegirán su representante, propietario y suplente, por un periodo de dos años en la forma que se establezca en el reglamento.

Serán funciones del Consejo:

a)      Estudiar la política de administración de personal y formular las propuestas para su diseño y aplicación;

b)     Derogado;

c)      Concluido el procedimiento disciplinario, elevar al fiscal general de la República su opinión sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de imposición de la sanción de despido;

d)     La resolución de las impugnaciones que se presentaren contra la imposición de las medidas disciplinarias que impongan a sus subordinados los superiores jerárquicos;

e)     Nombrar, de entre sus miembros, un secretario;

f)       Presentar un informe semestral de sus actividades al fiscal general de la República;

g)      Aceptar las excusas de los miembros en los casos que procedan, y;

h)     Las demás que se le atribuyan en el Reglamento.

El procedimiento ante el Consejo se iniciará en la forma prescrita en este estatuto y se sustanciara en la forma que dispone el Reglamento.

La División de Recursos Humanos. que en adelante se identificará como LA DIVISION, será el órgano ejecutivo de la administración del Sistema de Carrera del Ministerio Público.

El jefe de la División y el subjefe de la División de Recursos Humanos deberán reunir los siguientes requisitos:

a)      Ser mayor de veinticinco años;

b)     Ser profesional universitario colegiado, y;

c)      Aprobar el concurso respectivo.

Las funciones de la división serán las siguientes:

a)      Cumplir y hacer cumplir la Ley, este estatuto y sus reglamentos;

b)     Diseñar la política de personal y proponerla al fiscal general para su aprobación;

c)      Establecer el sistema de clasificación de cargos y de sueldos, preparando los manuales respectivos:

d)     Formular las normas, criterios y tecnologías para el reclutamiento y la selección del personal, sujetándose en todo caso a lo dispuesto en la Ley, este estatuto y sus reglamentos;

e)     Practicar los concursos para los cargos en las fechas previamente establecidas y mantener un registro actualizado de los que resultaren aprobados;

f)       Elaborar los manuales e instructivos que se aplicarán para evaluar los servicios del personal sometido a este estatuto y darle a esta evaluación el seguimiento respectivo;

g)      Instituir un sistema de capacitación, con el propósito de actualizar los conocimientos del personal sometido a este estatuto y de entrenarlo en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos, para que la prestación de los servicios sea más eficaz;

h)     Llevar el registro de inelegibles y el registro de reingreso, e;

i)        Sustanciar mediante el Tribunal Disciplinario que funcionará lo interno de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público, la tramitación de los procedimientos disciplinarios que le correspondan según lo prescrito por el Reglamento General del Estatuto y asimismo de las solicitudes de imposición de despido que le sean presentadas por Supervisión Nacional.

Se integrará un Comité de Probidad y Ética Pública, que tendrá por objeto establecer las condiciones que aseguren el ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores públicos y de aquellas personas vinculadas con actividades financieras y económico-patrimoniales relacionadas con el Estado. La anterior actividad la desarrollará recibiendo denuncias o iniciando de oficio investigaciones. Este Comité estará presidido por el representante de la División de Recursos Humanos, que designe el fiscal general de la República.

También lo integrarán como miembros un representante de la División Legal y un delegado de la Supervisión Nacional. Siendo la designación de estos miembros, exclusiva responsabilidad del fiscal general de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa garantizada por la Constitución de la República y para los efectos de que sus hallazgos y por ende, las responsabilidades imputadas, permitan a los supuestos responsables someterse a las reglas del debido proceso establecidas en nuestro procedimiento disciplinario, garantizando sus derechos fundamentales; y que, no existirá ulterior afectación a los intereses institucionales, producto de denuncias que no sean tramitadas conforme a las reglas de temporalidad y forma, reconocidas por la jurisprudencia laboral contencioso-administrativa, de la correspondiente sala de la Corte Suprema de Justicia.

El Manual de Clasificación de Cargos o Puestos será elaborado por la división y aprobado mediante la Resolución Interna por el fiscal general de la República.

El Manual de Clasificación de Cargos o Puestos contendrá una detallada descripción de los cargos o puestos que sean estrictamente necesarios para que los órganos del Ministerio Público puedan cumplir con sus funciones.

Los cargos o puestos se agruparán en «clases», atendiendo sus similitudes. Las clases, a su vez, se agruparán en «series» y éstas en «grados».

El reglamento regulará el contenido del Manual de Clasificación de Cargos o Puestos.

A trabajo igual corresponderá un sueldo igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto y el tiempo de servicio sean también iguales.

Para aplicar este principio, se elaborará el Manual de Clasificación de Sueldos, atendiendo lo establecido en el Manual de Clasificación de Puestos o Cargos.

En el Manual de Clasificación de Sueldos se indicarán las remuneraciones mínimas, intermedias y máximas que corresponderán a cada cargo.

En todo caso, la remuneración mínima deberá fijarse atendiendo el grado de responsabilidad que el cargo exija y ningún servidor recibirá un sueldo inferior al mínimo fijado para el cargo que ocupa.

Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, se entenderá que el Manual está vigente a partir de su aprobación por el fiscal general de la República, mediante Resolución Interna.

Los niveles de sueldo indicados en el artículo anterior serán fijados, atendiendo las modalidades de cada puesto, de modo que permitan al servidor cubrir sus necesidades normales y las de su familia.

Cada dos años se revisarán las remuneraciones mínimas, intermedias y máximas, para garantizar al servidor una retribución justa. Para ello, se tomarán en cuenta los índices económicos del Banco Central, correspondientes a esos períodos.

Los aumentos de sueldo solamente podrán aplicarse dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en el Manual de Clasificación de Sueldos o Cargos, previa evaluación de servicios.

Solamente podrá participar en los procedimientos de selección de personal quien refina los siguientes requisitos:

a)      Ser hondureño y tener la calidad de ciudadano;

b)     Poseer los documentos que prueben su preparación técnica o profesional, cuando ello se requiera, y;

c)      Estar en posición de acreditar su buena salud, su buena conducta y que cumple con los demás requisitos que se exijan en los documentos del concurso.

No podrá participar en estos concursos el que se encontrará en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)      Quien estuviere inhabilitado para ejercer funciones públicas, mediante sentencia firme;

b)     Quien fuere despedido por justa causa de cualquier cargo público y no hubiere transcurrido cinco años desde la fecha del despido; y,

c)      Quien se encontrare suspendido en el ejercicio de la profesión, cuando se exigiere título académico para el desempeño del cargo sometido a concurso.

Los candidatos para ocupar un cargo vacante podrán ser de tres tipos, a saber:

a)      Los que prestaren sus servicios en la misma dependencia y tuvieren derecho a ser promovidos al cargo vacante;

b)     Los que presten sus servicios en una de las dependencias pertenecientes al Ministerio Público y tuvieren derecho a ser ascendidos al cargo vacante;

c)      Los que estuvieren inscritos en el registro de reingreso, y;

d)     Los que pretendan ingresar por primera vez al servicio y aprueben los concursos respectivos.

Los cargos comprendidos en el Manual de Clasificación de Puesto, deberán adjudicarse mediante concurso.

Los concursos se llevarán a cabo mediante procedimiento de oposición.

Estos procedimientos de oposición serán de dos tipos, a saber: por exámenes y por antecedentes.

La oposición por exámenes será la regla general. La oposición de antecedentes procederá cuando para el desempeño del cargo se exijan conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo imponga.

En todo caso, el Manual de Clasificación de Cargos indicará los puestos que serán sometidos al método de oposición de antecedentes.

La División, en el mes de enero de cada año o cuando las necesidades del Ministerio Público lo impongan, comunicará al público en general, mediante la prensa de circulación nacional o cualquier otro medio de publicidad, las fechas en las que se practicarán los concursos durante el año.

A los interesados se les entregará la documentación correspondiente, en la que se indicarán los cargos objeto del concurso, los requisitos personales que deberán reunir los candidatos y los propios del cargo y el tipo de procedimiento de oposición para cada uno de ellos.

Practicado el concurso, se elaborará una lista de los que se hubieren sometido al procedimiento de oposición respectivo, colocándolos en orden descendente de calificación, siguiendo una escala de cien a cero… (100% a 0%).

En todo caso, el porcentaje mínimo aceptable no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%).

Los que hubieren aprobado el concurso se incluirán en el registro de candidatos seleccionados que deberá llevar la División.

Cuando ocurriere una vacante, la División, a solicitud de la oficina de que se trate, someterá a esta una nómina de candidatos elegibles.

En la elaboración de la nómina indicada en el artículo anterior se seguirá el siguiente orden de prioridad:

a)      Los candidatos con derecho a ascenso de la misma clase y de la misma dependencia;

b)     Los candidatos con derecho a ascenso de la misma clase, pero que laboran en otra dependencia del Ministerio Público;

c)      Los inscritos para reingresar a la misma clase y grado, y;

d)     Los candidatos para ingresar al servicio, que hubieren obtenido la más alta calificación en los concursos respectivos.

El nombramiento lo emitirá, mediante Acuerdo, el fiscal general de la República o quien tuviere tal potestad por delegación de aquel.

En el acuerdo de nombramiento se ubicará, al menos, el cargo a desempeñar y la duración del período de prueba.

Lo dispuesto en la sección anterior no será aplicable cuando, por razones de fuerza mayor, sea necesario hacer un nombramiento provisional. En todo caso, los nombramientos provisionales no podrán exceder de noventa días y nadie podrá recibir más de un nombramiento de emergencia en cada período de doce meses.

El nombramiento provisional procederá en los siguientes casos:

a)      Cuando se requiera personal de emergencia, y;

b)     Cuando deba cubrirse una vacante y la División esté imposibilitada para remitir la nómina de candidatos elegibles.

Se podrá nombrar provisionalmente personal de emergencia cuando concurran las siguientes circunstancias:

a)      Cuando no hubieren cargos vacantes;

b)     Cuando lo impongan razones de fuerza mayor, cuya anticipación no fuese posible;

c)      Cuando del nombramiento dependa que no se produzcan serios perjuicios para el servicio o para el interés general, y;

d)     Cuando no fuere posible que el personal regular atienda los asuntos objeto del nombramiento provisional de personal de emergencia.

En el caso de la letra b) del artículo 33. se entenderá que la División está imposibilitada para remitir la nómina, en los casos siguientes:

a)      Cuando ninguno de los candidatos elegibles estuviere dispuesto a aceptar el nombramiento;

b)     Cuando no disponga de candidatos elegibles, o;

c)      Cuando, por fuerza mayor, no fuere posible llenar todas las formalidades y requisitos establecidas en la Ley, este estatuto y sus reglamentos, y las funciones objeto de este nombramiento no puedan ser atendidas por el personal regular.

El período de prueba oscilará entre treinta días y un afio, contado a partir de la fecha de la toma de posesión.

En el Manual de Clasificación de Puestos se establecerá el período de prueba para cada clase y grado, atendiendo la complejidad de las funciones de los cargos. No obstante, lo anterior, será de un año el período de prueba para los puestos de Agente del Ministerio Público o Fiscal, Médico Forense. Perito Forense y de aquellos cuya función sea la investigación criminal.

El periodo de prueba de todos aquellos servidores que no presten un servicio especializado o técnico, no podrá exceder de sesenta (60) días calendario.

Durante este período, se evaluará la aptitud del servidor a prueba, su conducta y el cumplimiento de sus deberes.

El responsable de la evaluación deberá entregar su informe antes de los últimos cinco días de finalizado el período de prueba, cuando este no excediere de noventa días. Cuando el período de prueba fuere de un año, se practicará una única evaluación, que deberá realizarse una vez cumplido el tercer mes de labor y/o antes de iniciado el séptimo mes. Quedando sujeto el empleado en periodo de prueba, durante lo que reste del periodo, a la determinación de si incurrió o no en supuestos de conducta improcedente, como requisito para aprobar su periodo de prueba.

Si la evaluación resultare negativa, la autoridad nominadora podrá revocar el nombramiento del servidor a prueba, sin ninguna responsabilidad de su parte.

El servidor a prueba durante este período podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

La cancelación del servidor a prueba debe producirse después de entregado el informe y antes de que finalice el período de prueba.

Durante el periodo de prueba, el empleado podrá ser despedido sin responsabilidad por la autoridad nominadora, ante la ineficiencia manifiesta del servidor o conducta improcedente que alteren el normal desempeño de sus funciones,56 por incumplimiento de las obligaciones que le son impuestas de conformidad con el presente estatuto, su reglamento general y sus Reglamentos Especiales, debiendo remunerarse al empleado por el tiempo trabajado durante este periodo.

Transcurrido el período de prueba, el nombrado adquirirá la condición de servidor regular.

Los servidores regulares gozarán de los derechos que se reconocen en los artículos que siguen.

El servidor tendrá derecho a recibir mensualmente su sueldo completo, a partir del día en que tome posesión de su cargo.

Del sueldo no podrán hacerse más deducciones que las autorizadas por el servidor mismo, por las leyes y por los tribunales de la República.

Quien ordenare o efectuare deducciones no autorizadas del sueldo del servidor, incurrirá en responsabilidad administrativa frente al Ministerio Público, civil y criminal ante el servidor afectado.

El servidor gozará del derecho a la estabilidad en el ejercicio de su cargo y, en consecuencia, no podrá ser trasladado, descendido ni cancelado, sin justa causa y sin seguirse el procedimiento respectivo.

Cada servidor tendrá derecho a ser promovido a cargos de mayor jerarquía y sueldo, previa comprobación de su eficiencia y méritos.

Se establecerá un sistema de evaluación de servicios que permita calificar esos factores.

El derecho a gozar de vacaciones se adquirirá después de un año de prestación efectiva de servicios.

Los servidores o funcionarios con más de un año de antigüedad gozaran de sus vacaciones con goce de sueldo y beneficios en dos periodos durante los meses de julio y diciembre de cada año, coincidente con las vacaciones del poder judicial. Con excepción del personal que deba prestar servicio de turno.

Durante el periodo de vacaciones será terminantemente prohibido que labore personal no designado como de turno. Exceptuándose aquellos servidores o funcionarios cuyo concurso sea imprescindible para cumplir labores específicas requeridas para la buena marcha de la institución; en estos casos, deberá contarse con la autorización escrita del fiscal general, fiscal general adjunto, directores y jefes de división, según la asignación; en todo caso, deberá enviarse el correspondiente rol a la Jefatura de Personal; debiendo remitirse el mismo a más tardar diez (10) días calendario, antes de iniciado el periodo de vacaciones.

Asimismo, una vez vencido el periodo de vacaciones deberá rendirse un informe de las actividades desarrolladas a quien haya autorizado su labor, debiendo este, ser refrendado para justificar el pago por el periodo laborado.

Lo anterior será sin perjuicio de la supervisión que se desarrolle en estos periodos por la Jefatura de Personal.

No se acumularán los períodos de vacaciones. Los servidores o funcionarios que no hayan gozado sus vacaciones por haberse quedado de turno o cumpliendo labores específicas, deberán obligatoriamente gozar las mismas inmediatamente después de finalizado su turno o el cumplimiento de la labor encomendada.

Aquellos periodos de vacaciones que en casos excepcionales no hayan sido gozados en la forma establecida por este reglamento, prescribirán en el plazo de dos (02) años.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los que ejerzan funciones de investigación criminal y aquellos que tengan labores directamente vinculadas con la práctica de autopsias, tendrán derecho a quince (15) días anuales de descanso especial, con fines profilácticos.

Este descanso profiláctico se disfrutará seis (6) meses después de haberse tomado las vacaciones ordinarias.

Este descanso profiláctico no podrá acumularse en ningún caso y será remunerado. La remuneración consistirá en una cantidad equivalente a quince días de sueldo.

Transcurridos dos (2) años de desempeñarse como tales, este derecho también se reconocerá a los fiscales que acreditados, como titulares o auxiliares, en los tribunales con competencia exclusiva en materia criminal.

Los servidores gozarán de aumentos periódicos de sueldo, atendiendo el costo de la vida.

Igualmente gozarán de aumentos de sueldo, como resultado de la evaluación de sus servicios.

No constituyen aumentos de sueldo ni forman parte de éste las cantidades que se otorguen, en concepto de compensación, a los servidores que sean asignados directamente o por movimientos internos de personal a ejercer sus funciones fuera de la capital de la República. El otorgamiento de las mismas estará regulada atendiendo el costo de la vida de la zona geográfica y se dejarán de pagar cuando el servidor ejerza sus funciones en la capital de la República. Estas cantidades no se reconocerán a quien, antes de su nombramiento, residiere habitualmente en el lugar donde fuere asignado.

Se disfrutará de licencias remuneradas y no remuneradas.

Las remuneradas procederán por causas justificadas, tales como enfermedad, gravidez, accidentes, duelo familiar, becas de estudio y programas de entrenamiento, de conformidad con lo que establezcan los reglamentos de este estatuto.

Las no remuneradas se otorgarán en los casos que determine el reglamento.

Todo servidor gozara de los beneficios que reconocen las leyes de seguridad y de previsión social.

Ninguna institución de las prestadoras de estos servicios podrá negar su atención a estos servidores por hechos o actos imputables al patrono.

También tendrán derecho a disfrutar, de seguro médico hospitalario y de vida por todo el tiempo que ejerzan sus funciones. Este seguro lo pagará el Ministerio Público.

Los servidores tendrán derecho a ser indemnizados cuando fueren cancelados de sus cargos injustamente.

Cada servidor tendrá derecho a recibir un trato justo y respetuoso en el ejercicio de su cargo y a su personal dignidad. Gozarán de los días de descanso semanal y de los días que la ley reconoce como feriados nacionales, así como de los que la autoridad nominadora ordene que no se trabaje.

Los servidores gozarán de una remuneración adicional consistente en el decimotercer mes en concepto de aguinaldo y el catorceavo mes.

Los servidores tendrán las obligaciones siguientes:

1)      Respetar y cumplir con las leyes, este estatuto, su reglamento, demás reglamentos especiales, protocolos, manuales, circulares y directivas;

2)      Respetar a sus superiores y cumplir con las órdenes e instrucciones que impartan y que no sean contrarias a la legislación vigente;

3)      Asistir puntualmente al trabajo y en el sitio geográfico asignado. La asistencia a la Institución deberá ser registrada diariamente a través de los mecanismos establecidos por la División de Recursos Humanos;

4)      Facilitar en todo momento al ser requerido por la División de Recursos Humanos, Superiores Jerárquicos o Supervisión Nacional, información fidedigna con relación a su acreditación académica y en su caso a sus certificaciones médicas;

5)      La autoridad jerárquica superior, deberá iniciar de oficio el procedimiento disciplinario en los casos de comisión de faltas leves por los servidores bajo su dirección;

6)      La autoridad jerárquica superior, deberá notificar por escrito a Supervisión Nacional sobre la comisión de faltas menos graves o graves cometidas, en cuanto tenga conocimiento de las mismas;

7)      La autoridad jerárquica superior, deberá informar sin dilación a la División de Recursos Humanos de todos los permisos de horas o días que autoricen, así como de las incapacidades médicas que se les presenten como justificación de ausencias o incapacidades;

8)      Someterse a la evaluación que sea requerida por el Ministerio Público para refrendar la validez de las incapacidades médicas presentadas;

9)      Atender las funciones que se le asignen en forma personal que sean conformes a su perfil y funciones, con regularidad, puntualidad, diligencia y responsabilidad;

10) Cumplir con las tareas de capacitación o entrenamiento dispuestas con carácter obligatorio por la Fiscalía General de la República, la División de Recursos Humanos o por la Escuela de Formación del Ministerio Público «Fiscal Orlan Arturo Chávez»;

11) Presentar la declaración jurada de bienes en el tiempo y la forma que determina la Ley;

12) Facilitar a la División de Recursos Humanos su dirección de residencia, lugar para recibir notificaciones, distinto a su dirección o asignación laboral; y a mantener actualizado su número telefónico y dirección de correo electrónico. Bajo apercibimiento de tenerse por válidas las comunicaciones o notificaciones efectuadas al último domicilio o dirección de correo electrónico, informados;

13) Guardar reserva y discreción sobre los asuntos relacionados con su trabajo;

14) Abstenerse de divulgar información sobre los asuntos que estén conociendo, sin solicitud escrita de autoridad superior en el mando jerárquico o la debida autorización del fiscal general de la República;

15) Abstenerse de utilizar los medios de comunicación cibernético, televisivo, escrito, radial, medio social impreso o la distribución de panfletos, para proferir en contra de sus compañeros o autoridades institucionales frases discriminatorias, ofensivas, contrarias a las buenas costumbres y en general, todo aquel comentario que atente contra las normas de conducta ética determinadas por el Código que rige a la institución y a su correspondiente colegio profesional;

16) Desempeñar su labor en un marco de cortesía y respeto para sus superiores, subalternos y público en general;

17) Exhibir un comportamiento irreprochable dentro y fuera del servicio;

18) Utilizar el uniforme o la vestimenta determinada por el correspondiente protocolo del Ministerio Publico dentro del horario establecido en lugar visible y en todas sus comparecencias a audiencias y/o actos formales;

19) Devolver, en caso de aprobación de licencia no remunerada, remoción o renuncia del servidor o funcionario, en forma inmediata los uniformes, distintivos e identificaciones, armas, bienes, etc., que en su caso le haya facilitado la institución, a la División de Recursos Humanos;

20) Guardar reserva absoluta para personas que no sean partes en el proceso, respecto de las investigaciones que sean llevadas a cabo en la dependencia en la que preste servicio;

21) Cumplir las tareas propias del servicio, aunque para ello hiciera falta la prolongación de su jornada laboral en el marco de la normativa vigente;

22) Acatar inmediatamente los traslados y rotaciones que se le comuniquen conforme a la normativa vigente; debiendo al efecto hacerse presentes al lugar de asignación a más tardar dentro de setenta y dos (72) horas;

23) Cuidar los bienes de la Institución y velar por su uso racional y específico;

24) Dar cuidado debido al manejo de documentos, expedientes, evidencias, indicios, bienes en depósito; y en general a todos los objetos que se vinculen con la labor fiscal, médico forense, administrativa y las relativas a la investigación criminal;

25) Someterse de conformidad a la Ley del Ministerio Público y a la Ley de Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza a los procedimientos de evaluación y certificación del desempeño, determinados por estas y sus reglamentos;

26) Someterse al régimen disciplinario aplicable en cada caso;

27) Sujetarse estrictamente a las normas determinadas por el Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público;

28) Abstenerse los servidores y funcionarios en todo momento de usurpar o suplantar la autoridad del fiscal general de la República, o de aquella que este haya delegado en los correspondientes superiores jerárquicos, como ser: Directores, Jefes de División, Fiscales Jefes, Jefes de Departamento, etc., para el eficiente desempeño de sus responsabilidades;

29) Dentro del ejercicio de sus deberes y responsabilidades, y fuera de ellas, deberán los servidores y funcionarios abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, dinero, gratificaciones, dádivas, obsequios, recompensas o cualquier bien o ventaja personal, por la realización o no de los servicios inherentes a su cargo o empleo.

30) Abstenerse de la militancia partidista activa;

31) Abstenerse de promover o incitar entre el personal, la injerencia político-sectaria;

32) Abstenerse de utilizar las instalaciones del Ministerio Publico para reunirse o concertar reuniones con cualquier miembro de grupos políticos sectarios, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de organizar actividades ajenas a la finalidad y funciones del Ministerio Público o su servicio;

33) Abstenerse de utilizar o hacer prevaler su cargo o el de sus subalternos para promover reuniones con cualquier miembro de grupos políticos sectarios, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de desarrollar actividades ajenas a la finalidad y funciones del Ministerio Público o su servicio;

34) Abstenerse de Utilizar los bienes del Ministerio Público para celebrar reuniones con cualquier miembro de grupos políticos sectarios partidistas o gremiales, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de desarrollar actividades ajenas a la finalidad y funciones del Ministerio Público o su servicio;

35) Abstenerse de Subarrendar, prendar, vender, alquilar etc., ya sea de manera tácita o expresa, verbal o escrita, a título personal o en representación de grupos de empleados, las instalaciones, bienes o recursos materiales del Ministerio Publico, para obtener con ello un lucro pecuniario o de cualquier otra índole, a nombre personal o del grupo que representen;

36) Abstenerse de realizar en general, actos contrarios a los intereses generales de la sociedad y del Ministerio Público, que ocasionen o puedan ocasionar perjuicio patrimonial en contra de la institución, contra miembros del Ministerio Público, contra sus usuarios o contra la sociedad en general;

37) Abstenerse de solicitar o en su caso, cobrar viáticos, sueldos o bonificaciones por servicio no realizado o no sujeto a pago o por un lapso mayor al realmente empleado en la realización del servicio;

38) Abstenerse de discutir, firmar y ratificar en su caso quien ostente el cargo de Jefatura o Coordinación de una Fiscalía o Unidad Especial, Convenios interinstitucionales con entidades nacionales o extranjeras, según la respectiva materia y especialidad del servidor o funcionario, sin la correspondiente autorización del fiscal general de la República;

39) Abstenerse de gestionar, solicitar o aceptar directamente en su caso, quien ostente el cargo de Jefatura o Coordinación de una Fiscalía o Unidad Especial, la canalización y recepción sin previa autorización expresa de la Fiscalía General, de cualquier capacitación, compras de equipo, materiales y suministros que deban ser objeto del correspondiente proceso de cooperación externa determinado por la Fiscalía General;

40) Formar los servidores o funcionarios responsables de la División de Recursos Humanos los expedientes de personal, mediante el adecuado registro de actividades y antecedentes de cada empleado, observando un orden cronológico, una debida foliación en números y letras de los mismos, una adecuada custodia y registro escrito del préstamo de cada expediente;

41) Cumplir a cabalidad en su caso los servidores o funcionarios, con las cláusulas contenidas en los convenios beca que suscriban con el Ministerio Público;

42) Las demás que determinen, la Ley, este Estatuto y sus Reglamentos.

Los servidores estarán obligados a prestar sus servicios dentro de la jornada ordinaria, que no excederá de cuarenta y cuatro (44) horas ni será inferior a treinta y nueve (39) horas laborables, durante una semana, distribuidas como disponga el Ministerio Público, mediante comunicación escrita.

La jornada diaria podrá ser ordinaria y extraordinaria; la ordinaria, a su vez, podrá ser diurna, nocturna, mixta y las modalidades que reconozca el reglamento.

La jornada diurna ordinaria en ningún caso excederá de ocho (8) horas laborables. La jornada nocturna ordinaria no excederá de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada mixta ordinaria no excederá de siete horas diarias ni de cuarenta y dos a la semana.

El trabajo extraordinario será el que se ejecuta fuera de las horas ordinarias de trabajo, pero sumado al ordinario no excederá de once (11) horas diarias, salvo casos de necesidad, calificados por el superior jerárquico.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se aplicará a quienes tuvieren cargos de dirección, confianza o manejo de fondos o valores.

Se entenderá como cargos de Dirección aquellos que desempeñen la jefatura, Coordinación, Dirección, encargo de una oficina o sección de Fiscalía, Medicina Forense, entidad investigativa, entidad administrativa o unidad especializada del Ministerio Público; a quienes se considerará igualmente superiores jerárquicos para los efectos de la aplicación del Régimen Disciplinario.

Se prohíbe a los servidores del Ministerio Público:

a)      Solicitar o aceptar obsequios por actos propios de sus cargos;

b)     ⁣Prevalerse directa o indirectamente del ejercicio de su cargo para obtener cualquier privilegio dentro o fuera del servicio;

c)      Desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos remunerados, excepto los de carácter docente y los asistenciales de salud;

d)     Realizar actos ajenos al servicio público en las oficinas de trabajo, dentro o fuera de la jornada diaria y utilizando personal y material de la oficina;

e)     Tener militancia partidista activa; y,

f)       En el caso de los profesionales del Derecho, el ejercicio libre de la procuración, abogacía o notariado.

Tipos de infracciones y sanciones. Las infracciones de conformidad con la ley se clasifican en leves, menos graves y graves. Las infracciones leves dan lugar a amonestación verbal o escrita, advirtiendo al funcionario que no incurra nuevamente en la falta y exigiendo a la autoridad competente que repare los agravios morales o materiales ocasionados.

Las infracciones menos graves serán sancionadas con la suspensión del servicio sin goce de sueldo de hasta cuatro (04) días. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión del servicio sin goce de sueldo de hasta ocho (08) días, la pérdida del derecho de ascenso y la cancelación de su nombramiento o despido.

No se considerarán sanciones las correcciones, consejos, observaciones, exhortaciones y/o recomendaciones hechas por el superior en interés de eficientar el servicio a desarrollarse o la conducta del servidor o funcionario.

No obstante, si estos se hacen por escrito, tanto estos como los reconocimientos en su buen desempeño deberán ser remitidos con copia al expediente personal del empleado que administra la División de Recursos Humanos para ser estimadas en base al reglamento de evaluación y certificación de los servidores y funcionarios del Ministerio Público, como antecedentes de su gestión.

Registro. Tanto las sanciones como los reconocimientos deberán ser registrados en el expediente de personal de los servidores y funcionarios del Ministerio Público que administra la División de Recursos Humanos. Estos registros deberán ser llevados en orden cronológico con una debida foliación en números y letras para su validez.

Los servidores que cometan faltas en el servicio y violenten el Código de Ética que rige la institución, serán sancionados con las medidas disciplinarias que reconoce la Ley y este estatuto y su reglamento, previo el agotamiento del correspondiente procedimiento disciplinario.

Faltas leves sancionadas con amonestación privada verbal. Se calificarán como faltas leves y se sancionarán con amonestación privada verbal las conductas siguientes:

1)      Ausentarse de la oficina dentro de la jornada diaria por un período inferior a dos horas, sin causa justificada;

2)      Los errores involuntarios en la realización del trabajo;

3)      Distraerse de sus actividades descuidando el rendimiento y la calidad del trabajo sin que cause perjuicio o incumplimiento a los plazos determinados;

4)      Dilatar estableciendo de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo;

5)      La falta de cuidado o pulcritud en la persona y su no observancia de las normas mínimas de vestimenta determinadas en los correspondientes protocolos;

6)      Descuidar los objetos, bienes y equipo del Ministerio Publico;

7)      Tratar descortésmente a los subalternos, compañeros de trabajo o a los superiores jerárquicos;

8)      Tratar descortésmente al público o usuarios del Ministerio Público;

9)      Incurrir en comportamientos contrarios a las obligaciones que imponen este Estatuto, su reglamento y el Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público; en tanto estos no tuvieren otra sanción señalada expresamente;

10) Las demás que se incluyan en reglamentos, memorándums y circulares que se emitan por la Fiscalía General de la República;

11) Cualquier otra conducta análoga a las anteriores, no señalada en este artículo, que considere de necesaria corrección el superior jerárquico.

De cada amonestación verbal, se dejará constancia en el archivo del superior jerárquico.

Faltas leves sancionadas con amonestación escrita. Se calificarán asimismo como faltas leves y se sancionarán con amonestación escrita con copia a su expediente de personal las conductas siguientes:

1)      Incurrir por segunda vez en una misma falta leve que dé lugar a una amonestación verbal privada;

2)      Dejar de asistir al trabajo o ausentarse de este, por un periodo superior a dos horas, sin justificación;

3)      Registrar indebidamente o simular la asistencia de otro compañero de trabajo a fin de burlar los controles de personal;

4)      Descuidar el manejo de documentos, expedientes, evidencias, sin consecuencias apreciables;

5)      Inasistencia, llegada tardía o desinterés manifiesto en actividades de capacitación;

6)      Desatender o atender con negligencia o en forma indebida a las partes o abogados en los casos a su cargo;

7)      Introducir a su área de trabajo a particulares, vendedores o personal de otras oficinas del Ministerio Público a áreas restringidas;

8)      Desplazarse a otras oficinas sin objeto relacionado con sus funciones;

9)      Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con el desempeño de su cargo, cuando se lo haya solicitado un superior u otra autoridad competente;

10) Contravenir en cualquier forma las normas éticas determinadas por los artículos 1, incisos b), c), d) y e), 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público;

11) Las demás que se incluyan en reglamentos, memorándums y circulares que se emitan por la Fiscalía General de la República;

12) Cualquier otra conducta análoga a las anteriores, no señalada en este artículo, que considere de necesaria corrección el superior jerárquico.

Faltas menos graves. Se calificarán como faltas menos graves y se sancionarán con suspensión en el servicio sin goce de sueldo, hasta por cuatro (4) días, las conductas siguientes:

1)      Incurrir por tercera vez en una misma falta leve que dé lugar a una amonestación escrita;

2)      Contravenir en cualquier forma las normas éticas determinadas por los artículos 1, incisos f), g) y 8 del Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público;

3)      Fomentar la anarquía o inducir a ella a empleados de igual o inferior categoría;

4)      Incumplir los deberes inherentes a las funciones del cargo o a su asignación específica;

5)      Ejercer en forma indebida los derechos o no observar las prohibiciones o incompatibilidades determinadas por nuestra norma positiva cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado;

6)      Tratar en forma ofensiva o agresiva a los superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, subalternos y al público o usuarios;

7)      Incumplir las instrucciones superiores dictadas de conformidad con esta Ley, causando o pudiendo causar perjuicio;

8)      No excusarse a sabiendas de que existe una causa de excusa o recusación;

9)      Descuidar el manejo de documentos, expedientes y evidencias, con consecuencias de daño o perjuicio para la institución, los ciudadanos o el Estado;

10) Ocasionar o dar lugar a daño o deterioro de los bienes que se le confían, por negligencia o descuido;

11) No denunciar ante la autoridad competente, cuando tengan conocimiento, los hechos punibles en que incurran los servidores y funcionarios;

12) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo más allá de los plazos establecidos por la norma positiva que rige en la institución;

13) Utilizar el tiempo concedido como permiso en actividades distintas a las que la justificaron;

14) Divulgar o hacer circular asuntos o documentos cuyo manejo le haya sido confiado;

15) Ser calificado un servidor o funcionario como REGULAR I, en el procedimiento de evaluación y certificación del desempeño, con una nota de 66 a 69%;

16) Encargarse de asuntos ajenos al servicio en horas de trabajo.

17) Dedicarse a actividades de comercio formal o informal a lo interno o externo de la institución, en horas de trabajo;

18) Abstenerse fuera de los parámetros determinados por el artículo 12 de la Ley del Ministerio Público de acatar las órdenes emanadas de sus superiores en el ejercicio de sus funciones;

19) La tendencia a eludir el cumplimiento de cualquier orden o disposición de sus superiores;

20) Negarse a entregar o retardar la entrega de la información que le sea solicitada por la Supervisión Nacional; o negarse a colaborar como testigo al ser requerido por ésta;

21) Negarse a brindar la colaboración o información solicitada por Fiscalía General o su División legal, en contravención a la supervisión determinada por el artículo 24, inciso 25 de la Ley del Ministerio Público;

22) Las discusiones o riñas que tengan lugar en el local de trabajo, con compañeros de trabajo o personas particulares;

23) El extravío de documentos bajo su responsabilidad, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiese incurrir por tal conducta;

24) Proporcionar, a sabiendas, datos inexactos sobre asuntos del servicio;

25) Realizar juegos prohibidos dentro de la oficina o fuera de esta;

26) Develar la reserva de la información concerniente al procedimiento de investigación disciplinario a que está obligado el personal de la Supervisión, su Titular o el personal delegado como agentes o investigadores;

27) Divulgar información concerniente a los diferentes procesos disciplinarios por el personal a cargo de su custodia en las diferentes etapas del mismo;

28) Dejar de cumplir los funcionarios responsables con cualquier procedimiento relacionado con la comunicación o notificación de los actos y resoluciones ordenadas por la autoridad correspondiente;

29) Las demás que se incluyan en reglamentos, memorándums y circulares que se emitan por la Fiscalía General de la República.

30) Cualquier otra conducta análoga a las anteriores y no señalada en este artículo, que considere de necesaria corrección el superior jerárquico.

En la aplicación de la sanción se tomarán en cuenta los efectos producidos, las circunstancias del hecho y el grado de culpabilidad del infractor.

Faltas graves. Se calificarán como faltas graves y se sancionarán con suspensión del servicio sin goce de sueldo de ocho (08) días, hasta el máximo determinado por el artículo 67 de la Ley del Ministerio Público y/o, sin perjuicio de la pérdida del derecho de ascenso, las conductas siguientes:

1)      Incurrir por segunda ocasión en una misma falta menos grave;

2)      Gestionar o propiciar un servidor que no ostente el cargo de Jefatura, Coordinación o Titularidad de una Fiscalía, Dirección o División institucional, la firma y ratificación en su caso de convenios interinstitucionales con entidades nacionales o extranjeras, según la respectiva materia y especialidad del servidor o funcionario, sin la correspondiente autorización del fiscal general de la República;

3)      Gestionar o coadyuvar un servidor que no ostente el cargo de Jefatura, Coordinación o Titularidad de una Fiscalía, Dirección o División institucional en la gestión o solicitud, canalización y recepción sin previa autorización expresa de la Fiscalía General, cualquier capacitación, compras de equipo, materiales y suministros que deban ser objeto del correspondiente proceso de cooperación externa determinado por la Fiscalía General;

4)      Ser calificado un servidor o funcionario que no ostente cargo de jefatura, coordinación o titularidad de una fiscalía, departamento o unidad institucional, como REGULAR II, en el procedimiento de evaluación y certificación del desempeño, con una nota de 60 a 65%; siendo causal de traslado conforme a lo establecido por el artículo 197, inciso b) del presente Reglamento;

5)      Ser calificado un servidor o funcionario que ostente el cargo de Jefatura, Coordinación o Titularidad de una Fiscalía, Departamento o Unidad institucional con una calificación que vaya de REGULAR II a ACEPTABLE, en el procedimiento de evaluación y certificación del desempeño;

6)      La alteración de datos consignados en los documentos bajo su custodia;

7)      Proveer información falsa en cuanto a las actividades de un subalterno, compañero de trabajo o de un superior jerárquico, al ser requerido por cualquier autoridad; o acusarle falsamente ante una autoridad con Poder Disciplinario;

8)      Quien abusando del derecho de libertad de expresión, se sirva de los medios de comunicación cibernético, televisivo, escrito, radial, medio social impreso o la distribución de panfletos, para proferir en contra de sus compañeros o autoridades institucionales frases discriminatorias, ofensivas, contrarias a las buenas costumbres y en general, todo aquel comentario que atente contra las normas de conducta ética determinadas por el Código que rige a la institución y a su correspondiente colegio profesional;

9)      La destrucción por negligencia de páginas, folios, documentos o expedientes que se tramiten en su oficina;

10) Ejecutar cualquier acto de discriminación a usuarios del Ministerio Público;

11) Divulgar asuntos o hacer circular documentos oficiales cuyo manejo le haya sido confiado, con fines distintos a los determinados para cada caso; a particulares a servidores que no tengan relación con los procedimientos correspondiente;

12) Ser embargado por alimentos y negarse a su cumplimiento;

13) Utilizar los recursos humanos del Ministerio Publico, con fines de realizar actividades particulares ajenas al servicio, a favor de terceros o de similar índole;

14) Contraviniendo el contenido de lo previsto por el artículo 7 de la Ley del Ministerio Público, divulgar información sobre los asuntos que estén conociendo, sin solicitud escrita de autoridad superior en el mando jerárquico o la debida autorización del fiscal general de la República;

15) Utilizar el tiempo concedido como Licencia con o sin goce de sueldo en actividades distintas a las que se esgrimieron y aceptaron como válidas para su autorización;

16) Brindar información inexacta o alterada en cuanto a su domicilio y dirección de correo electrónico a la División de Recursos Humanos; y

17) Las demás que se incluyan en reglamentos, memorándums y circulares que se emitan por la Fiscalía General de la República.

18) Cualquier otra conducta análoga a las anteriores y no señalada en este artículo, que considere de necesaria corrección el superior jerárquico.

Despido. Se calificarán como faltas graves que dan lugar a la cancelación del nombramiento o despido.

1)      Incurrir por segunda ocasión en una misma falta grave que dé lugar a la pérdida de derecho de ascenso;

2)      Dejar prescribir a un superior jerárquico el plazo de treinta (30) días calendario para la corrección de las infracciones leves, menos graves e infracciones graves;

3)      Dejar de asistir al trabajo, sin permiso y sin causa justificada, durante dos (2) días hábiles completos y consecutivos, o durante tres (3) días hábiles en forma alterna en el término de un mes;

4)      Haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un delito Doloso;

5)      La aceptación de un delito doloso por un servidor o funcionario, a través de la aplicación de procedimientos abreviados, criterios de oportunidad, suspensión de la persecución penal, la conciliación o cualquier otra medida desjudicializadora o salida alterna al proceso penal;

6)      Declararse la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, entendiendo por inhabilidad e ineficiencia la descalificación en el proceso de evaluación y certificación del desempeño;

7)      La no aprobación de las pruebas de confianza practicadas de conformidad con la Ley de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza;

8)      Todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el servidor durante sus labores, en contra de sus superiores o compañeros de trabajo.

9)      Todo acto de violencia, injurias, calumnias o malos tratamientos en que incurra el servidor fuera del servicio, en perjuicio de sus superiores, cuando los cometiere sin que hubiere precedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte;

10) Incapacidad física o mental, al haber excedido los plazos determinados en el Código del Trabajo. Por aplicación análoga.

11) No hacer las declaraciones patrimoniales que de acuerdo a la ley le correspondan, no colaborar ni proporcionar información solicitada o negarse a la práctica de cualquiera de las pruebas o exámenes de control, así como interferir, manipular o falsear las mismas u otras investigaciones;

12) Obtener incrementos patrimoniales no justificados en forma personal o a favor de familiares o terceras personas;

13) No iniciar los procedimientos disciplinarios contra los servidores bajo su dirección, cuando tengan autoridad para hacerlo o no denunciarlos cuando conozcan de los hechos por comunicación de interesado o pueda conocerlos de oficio aplicando la diligencia esperada;

14) No dar parte la autoridad jerárquica superior a Supervisión Nacional, para el inicio de los procedimientos disciplinarios contra los servidores bajo su dirección;

15) No presentar la documentación o pruebas que respalden la legítima propiedad de bienes muebles o inmuebles, cuando sea requerido para ello por autoridad competente;

16) Presentarse a cualquiera de las oficinas o instalaciones del Ministerio Público bajo los efectos de alcohol, drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes u otras análogas;64

17) Consumir en cualquiera de las oficinas o instalaciones del Ministerio Público alcohol, drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

18) Ser condenado por violencia intrafamiliar, realizar actos perjudiciales, abusos graves o reiterados contra vecinos en su comunidad o lugar de residencia, comprobados mediante detención en sede policial;

19) Pertenecer a estructuras criminales o mantener relaciones estrechas con esas estructuras, que razonablemente le hagan perder la confianza de sus superiores, compañeros de trabajo o la ciudadanía;

20) Formular órdenes, requerimientos o peticiones, que tengan como base hechos notoriamente falsos o prueba notoriamente ilícita;

21) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, dinero, gratificaciones, dádivas, obsequios, recompensas o cualquier bien o ventaja personal o de tercero, por la realización o no de los servicios inherentes a su cargo o empleo. Realizar en general actos de corrupción y perjuicio patrimonial en contra de la institución o contra miembros del Ministerio Público o usuarios;

22) No participar en los procesos de evaluación o interferir con la práctica y adecuado desarrollo de los mismos;

23) Tener participación, por sí o por interpósitas personas, en sociedades o negocios que tengan relaciones económicas o conflictos de intereses, vinculadas con algún asunto cuyo conocimiento esté a su cargo;

24) Hostigar sexualmente a cualquier servidor o servidora del Ministerio Público, o valerse del cargo para hacerlo sobre personas que sean usuarios o beneficiarios de los servicios del Ministerio Público; lo anterior será, sin perjuicio de la acción penal que corresponda;

25) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas estando a cargo de un asunto relacionado con esas personas;

26) Cobrar viáticos, sueldos o bonificaciones por un servicio no realizado, o que fue realizado más no está sujeto a pago por haberse efectuado en condiciones diferentes a las determinadas;

27) Presentar documentos falsos o adulterados para el ingreso o ascenso en el Ministerio Público o para procurar derechos o beneficios institucionales; Lo anterior será, sin perjuicio de la acción penal que corresponda;

28) La inasistencia a diligencias, turnos o audiencias, administrativas o judiciales, o el retiro de éstas, sin causa que lo justifique, y en general perjudicar gravemente el servicio o el resultado de una diligencia o audiencia, por conducta dolosa o culposa;

29) Permitir o participar en actos de tortura o abusos contra detenidos u otras personas, en ejercicio del cargo; o cometer abuso de autoridad o actos arbitrarios; Lo anterior será, sin perjuicio de la acción penal que corresponda;

30) Facilitar a terceros información confidencial, relativa a casos en investigación o de sus propios expedientes;

31) Divulgar o hacer circular en cualquier forma el contenido de asuntos o documentos reservados, confidenciales o secretos, cuyo manejo le haya sido confiado en el curso de la investigación al servidor;

32) Sustraer documentación de la oficina o proporcionar información de hechos o actividades de la oficina, valiéndose para ello de la posición que le da su puesto;

33) Actuar, en cualquier caso que se encuentre bajo su conocimiento, en consecuencia de influencias ejercidas sobre el servidor, por personas con poder político, económico o social; o bien, sin recibir ninguna insinuación en tal sentido, resolver en contrario a la prueba con la evidente intención de satisfacer tales intereses;

34) Aprobar, firmar y ratificar en su caso quien ostente el cargo de Jefatura, Coordinación o Titularidad de una Fiscalía, Dirección o División institucional, Convenios interinstitucionales con entidades nacionales o extranjeras según la respectiva materia y especialidad del servidor o funcionario, sin la correspondiente autorización del fiscal general de la República;

35) Tener militancia partidista activa;

36) Promover o incitar entre el personal la injerencia política;

37) Utilizar las instalaciones del Ministerio Público para reunirse o concertar reuniones con cualquier miembro de grupos políticos, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de organizar actividades ajenas a las funciones del Ministerio Público o su servicio;

38) Valerse de su cargo o el de sus subalternos para promover reuniones con cualquier miembro de grupos políticos, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de desarrollar actividades ajenas a la finalidad y funciones del Ministerio Público o su servicio;

39) Utilizar los bienes del Ministerio Público para celebrar reuniones con cualquier miembro de grupos políticos sectarios, partidistas o gremiales, dentro o fuera de las horas laborales, con la finalidad de desarrollar actividades ajenas a la finalidad y funciones del Ministerio Público o su servicio;

40) Subarrendar, prendar, vender, alquilar o cualquier acto civil o mercantil análogo, ya sea de manera tácita o expresa, verbal o escrita, a título personal o en representación de grupos de empleados, las instalaciones, bienes o recursos materiales del Ministerio Público, para obtener con ello un lucro pecuniario o de cualquier otra índole, a nombre personal o del grupo que representen;

41) Permitir por acción u omisión, el responsable de la administración de las instalaciones, bienes o recursos materiales del Ministerio Público, el sub- arrendamiento, otorgamiento en prenda, venta, alquiler o cualquier acto civil o mercantil análogo, a favor de empleados, representantes de grupos de empleados o terceros particulares vinculados con cualquiera de los anteriores;

42) Permitir que se utilicen los recursos humanos del Ministerio Publico, con fines de realizar actividades particulares ajenas al servicio, a favor de terceros o de similar índole;

43) Gestionar, solicitar o aceptar directamente en su caso, quien ostente el cargo de Jefatura, Coordinación o Titularidad de una Fiscalía, Dirección o División institucional, la canalización y recepción sin previa autorización expresa de la Fiscalía General, de cualquier capacitación, compras de equipo, materiales y suministros que deban ser objeto del correspondiente proceso de cooperación externa determinado por la Fiscalía General;

44) Ausentarse de sus labores o puesto de trabajo, utilizando para ello certificados o constancia médica, adulteradas o que contengan información falsa sobre la existencia de alguna enfermedad o lesión física o mental, que no amerite incapacidad médica;66

45) Negarse, o no comparecer a la evaluación que sea requerida por el Ministerio Público, para refrendar la validez de las incapacidades médicas presentadas;

46) Ocultar, sustraer, alterar o mutilar documentos oficiales, evidencias, instrumentos u objetos contenidos en Expedientes investigativos administrativos bajo su responsabilidad o custodia; sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda;

47) Dejar de formar los expedientes a su cargo, los servidores o funcionarios responsables mediante el adecuado registro de actividades y antecedentes de cada caso, observando un orden cronológico, una debida foliación en números y letras de los mismos que vaya de izquierda a derecha, una adecuada custodia y registro escrito del préstamo de cada expediente;

48) Las demás que se establezcan en los reglamentos especiales.

Superiores jerárquicos. Se entenderá por superior jerárquico a quien tuviere a su cargo la titularidad, coordinación, dirección, jefatura de oficina o sección de Fiscalía, Medicina Forense, entidad investigativa, entidad administrativa del Ministerio Público; y a quien, por tal motivo, deban los subordinados de la oficina respetar, en el ejercicio del poder delegado por la suprema autoridad nominadora de la Institución, para cumplir los actos dictados por éste como su autoridad inmediata superior, regulando su actividad ajustado a la ley, para el buen desempeño tanto de la actividad normal de la oficina, como de la conducta cotidiana de sus subordinados.

Los superiores jerárquicos serán los encargados de investigar, en su caso, y sancionar conforme a este reglamento general, las conductas que constituyan infracciones leves. De toda investigación y la sanción impuesta o su absolución deberán informar a la Supervisión Nacional.

En caso de faltas menos graves y graves, su función se limitará a poner en conocimiento de la falta a la Supervisión Nacional para que esta proceda a iniciar el proceso disciplinario.

Supervisión Nacional. En los casos de conductas que constituyan infracciones disciplinarias menos graves y graves, la Supervisión Nacional es el órgano investigador y promotor de la acción disciplinaria, pudiendo actuar de oficio, por denuncia escrita de un servidor, funcionario, particular, usuario o a solicitud de un superior jerárquico. También conocerá de las faltas leves conexas, entendiéndose por tales aquellas que se imputen al investigado en el mismo procedimiento con las menos graves o graves. Todas las autoridades institucionales, servidores y funcionarios estarán obligados a brindar sin dilación la información pertinente a sus investigaciones que les fuera solicitada por este ente.

La Supervisión Nacional podrá también, cuando lo considere conveniente, investigar las infracciones leves y dar cuenta de ellas al superior jerárquico del presunto infractor, para que imponga la sanción respectiva o absuelva, según el caso. Si el superior omitiere seguir el procedimiento en un plazo razonable, lo hiciere con negligencia o manifestare que no puede o no tiene voluntad de seguirlo, el Supervisor Nacional iniciará el procedimiento sancionador directamente, resolviendo el caso con la propuesta de sanción o absolución según proceda.

De igual manera, podrá solicitar el apoyo de los órganos de investigación e inteligencia del Estado para la investigación y recolección preliminar de todo indicio, prueba o elemento de prueba que ayude a establecer la veracidad, eficacia, aseguramiento de las fuentes de prueba e identificación, en su caso, de los responsables internos a la institución o de terceros que se involucren en los hechos investigados, ya sea que se trate de actividades de corrupción, crimen organizado, cualquier actividad delictiva común o de infiltración que ponga en riesgo la institucionalidad, la seguridad de las instalaciones, bienes, recursos o de sus servidores y funcionarios.

Debiendo, en su caso, remitir informe y copia de lo actuado a la Fiscalía de Enjuiciamiento de los Servidores y Funcionarios del Ministerio Público, para que proceda al ejercicio de la acción penal pública.

De todos los procedimientos disciplinarios iniciados y de las peticiones de sanción presentadas, el Supervisor Nacional deberá informar en forma inmediata a la Fiscalía General Adjunta, en cumplimiento a lo establecido por el último párrafo del artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.

Integración y funciones de la Supervisión Nacional. La Supervisión Nacional estará a cargo de un Supervisor Nacional, que deberá tener los siguientes requisitos:

a)      Ser hondureño por nacimiento;

b)     Ser mayor de treinta y cinco (35) años;

c)      Abogado, de reconocida honorabilidad y honestidad;

d)     Ser fiscal o miembro del Ministerio Público, con una antigüedad de cinco (05) años consecutivos.

Este funcionario será designado por el fiscal general y su cargo estará excluido del sistema de carrera del Ministerio Público. Contará con la asistencia de investigadores especializados, denominados Agentes Delegados, quienes, según la materia, realizarán las investigaciones; y asimismo, con Supervisores Regionales para promover la acción disciplinaria ante el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público y el personal administrativo que sea necesario y definido según su reglamento interno. Las funciones de este personal serán determinadas en el respectivo reglamento.

La Supervisión Nacional tiene las siguientes funciones:

1)      Planear, dirigir y evaluar el Sistema de Supervisión en el Ministerio Público; velar para que el ejercicio de las funciones y actividades de cada servidor sea el intrínseco determinado por cada perfil de cargo, a fin de garantizar el efectivo desarrollo de todos los cargos, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando como superiores jerárquicos;

2)      Actuar de oficio o recibir denuncias sobre infracciones disciplinarias de todo tipo, investigarlas directamente, por medio del personal a su cargo;

3)      Formar el proceso de investigación llevando un orden cronológico y debidamente foliado de las actuaciones realizadas y pruebas recabadas, cuyos originales serán puestos a la orden del Tribunal Disciplinario, para que este forme a su vez el que corresponda al inicio de su proceso. Al efecto deberá conservar en sus archivos copia autenticada del proceso remitido al Tribunal;

4)      Presentar la solicitud de imposición de sanción debidamente sustentada ante el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público, según el tipo de infracción;

5)      Facultar a sus Agentes Delegados para presentar en su caso las solicitudes a que se refiere el numeral anterior; asimismo, la sustanciación de los procesos y la interposición de los recursos e impugnaciones que correspondan ante las autoridades superiores de la institución;

6)      Previo a la interposición del recurso de reposición, impugnar las resoluciones pronunciadas por los Superiores Jerárquicos en los procedimientos de sanción disciplinaria por conductas que constituyan infracciones leves ante el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público;

7)      Previo a la interposición del recurso de reposición, impugnar ante el Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público las resoluciones denegatorias que emita el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público en los casos que resuelvan procedimientos de sanciones por faltas menos graves o graves que no ameriten sanción de despido;

8)      Previo a la interposición del recurso de reposición, impugnar ante el fiscal general de la República las resoluciones denegatorias que emita el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público en los casos que resuelvan procedimientos de sanciones por faltas graves que ameriten sanción de despido;

9)      Solicitar la revisión de lo actuado por el Consejo de la Carrera del Ministerio Público ante la Fiscalía General, que desestimen la aplicación de la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público;

10) Apoyar a los Superiores Jerárquicos en la tramitación de procedimientos de investigación y sanción de infracciones leves;

11) Fomentar en todo el Ministerio Público la lucha contra la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, contribuyendo según su capacidad y recursos a la formación de una cultura de corrección y conducta responsable, para el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión institucional;

12) Mantener permanentemente informado al fiscal general y al fiscal general adjunto del resultado de su gestión, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; solicitando en su caso a la Unidad de Apoyo Técnico Jurídico de la División Legal de Fiscalía General, el auxilio pertinente a las funciones determinadas por el artículo 24, inciso 25 de la Ley del Ministerio Público;

13) Vigilar que la atención a las quejas y reclamos que formulen los ciudadanos, relacionados con el cumplimiento de la función de la entidad, se atiendan de acuerdo con las normas legales vigentes;

14) Enviar los informes de sus investigaciones individuales y resultados de sanción o absolución para ser agregados al correspondiente expediente de personal de la División de Personal del Ministerio Público. Igualmente procederá cuando reciba los informes de los superiores, con relación a investigaciones realizadas por ellos y sus resultados;

15) Rendir un informe anual al fiscal general y al fiscal general adjunto sobre la situación disciplinaria del Ministerio Público, conteniendo las recomendaciones, sugerencias y propuestas pertinentes a propósito de su gestión;

16) Las demás que le asigne el fiscal general y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.

Los procedimientos de investigación y la presentación de la solicitud de aplicación de la sanción, no podrán exceder de diez (10) días calendario, contados a partir de que la Supervisión tenga conocimiento de la falta.

El Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público. Para efectos de conocer de los diferentes procedimientos disciplinarios que correspondan a la comisión de faltas menos graves o graves, deberá integrarse un Tribunal Disciplinario, el mismo que, por su carácter administrativo autónomo, funcionará a lo interno de la División de Recursos Humanos; este ente será el encargado de sustanciar mediante el personal delegado, el procedimiento de audiencias de descargo y emitir en definitiva la resolución debidamente motivada y contentiva de la sanción que corresponda o la denegatoria a la solicitud presentada por la Supervisión Nacional, en los casos de infracciones menos graves y graves denunciados.

El Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público, en adelante designado como «Tribunal Disciplinario» o «Tribunal», estará conformado por tres miembros y un suplente; contará, además de su presidente, con un miembro propietario, un miembro que hará las veces de secretario y un suplente. El tribunal funcionará como un órgano disciplinario autónomo, a fin de garantizar la excusa de los superiores jerárquicos en la sustanciación de los procesos disciplinarios y con ello su neutralidad, limitándoles en su actividad disciplinaria a la aplicación de sanciones por faltas leves y a la simple puesta en conocimiento de las infracciones a los supuestos constitutivos de faltas menos graves y graves determinados por el presente ordenamiento y su reglamento general.

En caso de ausencia de cualquiera de sus miembros y de no haber un suplente designado, integrarán el Tribunal Disciplinario, por el orden, quienes ostenten la Dirección General de Fiscalía, la Jefatura de la División Legal, la Jefatura de Personal o quienes estos delegaren como responsables.

Su presidente y sus restantes miembros serán nombrados por el fiscal general de la República, como servidores de confianza; estos miembros, deberán reunir los siguientes requisitos:

a)      Ser hondureño por nacimiento;

b)     Ser mayor de treinta (30) años;

c)      De reconocida honorabilidad y honestidad;

d)     Ser Profesional Universitario con una experiencia mínima de cinco (05) años en materias relacionadas con la administración de personal.

Su integración se dará con tres (03) miembros, debiendo rotarse entre los cuatro (04) nombrados su integración en los diferentes asuntos de que deba conocer.

En los procesos disciplinarios que se solicitare como sanción el despido, el Tribunal Disciplinario será presidido por el fiscal general adjunto. Y se observarán en cuanto a la impugnación que hubiese de recaer, las reglas de procedimiento especiales determinadas por este Estatuto y su Reglamento. Pudiendo delegarse esta presidencia por el fiscal general o el fiscal general adjunto en cualquiera de los miembros restantes, en caso de imposibilidad de este último para integrarse.

Lo anterior será sin perjuicio, de que el fiscal general pueda designar provisionalmente a otros integrantes en caso de existir ausencias que no permitan la integración; lo que se desarrollará con los funcionarios indicados por este Estatuto.

Todos los miembros propietarios y suplentes designados, mientras dure su designación, trabajarán a tiempo completo en el Tribunal Disciplinario, aplicándoles las incompatibilidades, excusas y recusaciones a que está sujeto el personal del Ministerio Público.

Funciones del Tribunal Disciplinario . El Tribunal, tendrá las siguientes funciones:

1)      Formar los expedientes disciplinarios, llevando al efecto un archivo que estará a cargo de la Secretaría del Tribunal, garantizando en todos los procesos administrativos formados una relación cronológica y la debida foliación en números y letras;

2)      Decidir sobre las impugnaciones que conforme al Estatuto y este reglamento deba conocer a solicitud de Supervisión Nacional;

3)      Admitir o rechazar mediante resolución motivada y fundada en nuestro ordenamiento positivo, todo escrito, petición, diligencia y/o prueba de las partes y terceros que le sean presentadas;

4)      Ordenar las diligencias y notificaciones necesarias en la forma determinada por este reglamento, para asegurar el debido proceso;

5)      Señalar la fecha de la audiencia oral y realizarla para escuchar a las partes, recibir la prueba y dictar la resolución correspondiente. Excepcionalmente podrá realizar anticipos de prueba y podrá ordenar de oficio la práctica de nuevas pruebas, en cualquier momento antes del cierre de la audiencia;

6)      Emitir la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento disciplinario administrativo, en la cual se deberá dictar la correspondiente resolución como sanción (es) a imponer; o en su defecto, sobre la improcedencia del procedimiento disciplinario, en los casos planteados por la Supervisión Nacional, de conformidad a lo previsto por la Ley, el presente Estatuto y su reglamento general, en cuanto a la determinación de la responsabilidad administrativa que corresponda a los servidores y funcionarios sometidos al procedimiento; velando en todo momento por la estricta observancia de la legalidad y garantías individuales de éstos en los procesos disciplinarios administrativos;

7)      Resolver a más tardar el día siguiente de su planteamiento los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones definitivas;

8)      En caso de impugnación, posterior a la emisión de la resolución definitiva, en el caso de faltas menos graves y graves que no ameriten sanción de despido, deberá remitirse dentro de los siguientes cinco (05) días al Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público, copia autenticada por el Secretario del Tribunal con una certificación contentiva de su resolución en cuanto la procedencia o improcedencia del procedimiento iniciado, para los efectos legales pertinentes;

9)      Si una vez resuelto el recurso de reposición contra caso de impugnación, posterior a la emisión de la resolución definitiva, en un procedimiento por falta grave que amerite sanción de despido, deberá remitirse al fiscal general de la República, en el plazo de un (01) día, los antecedentes formados por el secretario del Tribunal con una certificación contentiva de la resolución impugnada en cuanto la procedencia o improcedencia del procedimiento iniciado, para los efectos a su resolución en el plazo determinado por este estatuto y su reglamento;

10) Aplicar en la evacuación del procedimiento disciplinario las reglas determinadas por el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y este reglamento; y en forma subsidiaria las del proceso penal y/o administrativo en lo que corresponda;

11) Notificar sus actuaciones y resoluciones en forma inmediata, personalmente o fijando cédula de notificación en su libro de notificaciones y agregando constancia de notificación vía correo electrónico a las partes interesadas en el expediente;

12) Llevar un libro de asistencia y préstamo de expedientes, en el cual se deberán anotar diariamente las visitas y solicitudes de expedientes efectuadas por las partes.

Excusas y recusaciones. Contra los intervinientes en el proceso disciplinario, serán admisibles las causales de excusa y/o recusación, tasándose como válidas en lo que fueren aplicables por analogía las establecidas por el artículo 83 del Código Procesal Penal. Debiendo presentarse por escrito a la brevedad ante la secretaria del Tribunal, con el señalamiento expreso de la causal que se invoca y los motivos en que se funda, presentando al efecto, por escrito y junto con el escrito de recusación, las pruebas que las sustenten; en consecuencia, las mismas solo serán admisibles si no se encuentran comprendidas dentro de las causales de inadmisibilidad que determina el presente artículo.

Las dilaciones ocasionadas por la tramitación de los procesos de recusación serán contabilizadas en el plazo de prescripción, asumiendo responsabilidad por la dilación el servidor o funcionario que ocasionare dilaciones innecesarias en el procedimiento; lo anterior será, sin perjuicio del conteo de plazo razonable determinado en este reglamento.

El procedimiento a observarse en cuanto a la tramitación de las excusas y recusación será el determinado taxativamente por el Reglamento General del Estatuto.

Poder disciplinario. El poder disciplinario consiste en la facultad delegada por el fiscal general de la República, tanto en la Supervisión Nacional como en el Tribunal Disciplinario, para iniciar los procedimientos, instar su gestión procesal y resolver las peticiones concretas planteadas en cuanto al régimen disciplinario a ser impuesto; estando en todo momento dirigido a asegurar el respeto de los principios y deberes que rigen las actuaciones de los empleados del Ministerio Público, y la correspondiente aplicación de sanciones o la declaratoria de su improcedencia, mediante la observancia estricta de los principios fundamentales determinados por nuestra Constitución a fin de garantizar la regularidad procesal y el debido proceso.

Para los efectos del presente estatuto, los plazos de prescripción se contarán en el modo determinado por este y su reglamento, entendiéndose que su conteo iniciará a partir de que la Supervisión Nacional, en caso de faltas menos graves y graves y/o el Superior Jerárquico en caso de faltas leves, tenga conocimiento formal de la falta o infracción cometida por el servidor, ya sea por haber presenciado el hecho o por conocerlo mediante informe, auditoría o investigación.

Criterios de aplicación de las sanciones. Para determinar la sanción correspondiente, se deben considerar los siguientes criterios:

1)      La gravedad de la infracción;

2)      Su vinculación directa con el Código de Ética de la Institución;

3)      Su vinculación directa con las obligaciones determinadas en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y este Reglamento;

4)      Los antecedentes en la función del presunto infractor, que podrán ser acreditados con declaración testifical, misma que deberá ser vinculada estrictamente con la o las infracciones que se le imputen;

5)      El estudio del expediente de personal y la vinculación de la documentación contenida en el mismo con la infracción que se le impute;

6)      Los perjuicios efectivamente causados, en especial, los que afectaren a la prestación del servicio o la seriedad del riesgo;

7)      La actitud posterior del presunto infractor al hecho que se repute como infracción;

8)      La reparación del daño, si lo hubiere.

En todos los casos deberá existir proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción efectivamente impuesta, debiendo en todo momento fundarse su imposición en la legalidad determinada.

Contabilización de los plazos y procedimiento de notificación. Todas las diligencias del procedimiento administrativo, a partir de su apertura, se practicarán en días y horas hábiles e inhábiles, pudiendo practicar sus diligencias fuera de las horas laborales o en días feriados, que fundamentará o autorizará en su caso la Supervisión Nacional, el Tribunal Disciplinario, el Consejo de Personal o, en última instancia, la Fiscalía General.

Los procedimientos en casos de faltas leves y en la investigación de las infracciones graves y muy graves serán determinados por el Reglamento General del Estatuto.

Deberes de los agentes delegados por la Supervisión. Son obligaciones de investigación y preparación de solicitudes de sanción conferidas a los agentes delegados por la Supervisión:

1)      Intervenir en todas las diligencias de investigación para las que esté comisionados;

2)      Practicar u ordenar la práctica de todas las diligencias que consideren oportunas para emitir una conclusión ajustada a derecho en cuanto a la procedencia de la investigación iniciada por el Supervisor Nacional o el agente delegado;

3)      Recopilar por su propia iniciativa todas las pruebas necesarias para la investigación y sustentar en su caso la petición de sanción que haya de presentarse. Las declaraciones de testigos y otras pruebas, las recogerá trasladándose al lugar donde se encuentren, sin esperar que comparezcan o sean llevados a la oficina;

4)      Informar por escrito al Supervisor Nacional sobre la falta de colaboración en la investigación por parte de cualquier miembro de la Institución, para los efectos de ley correspondientes;

5)      Presentar en su caso la solicitud de imposición de sanción en la forma prescrita por este estatuto y su reglamento;

6)      Asistir a las audiencias correspondientes, cuando así le sea requerido por el Tribunal Disciplinario, por el Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público, o en su caso, por los Tribunales Jurisdiccionales;

7)      Guardar la confidencialidad sobre las actuaciones de investigación, aun después de su conclusión;

8)      Presentar el informe final de sus investigaciones.

Las reglas generales al Proceso de Investigación desarrollado por Supervisión Nacional, serán las que determina taxativamente el Reglamento General del Estatuto.

Las investigaciones que realicen los órganos de investigación e inteligencia del Estado, establecidas en el artículo 62 del Estatuto serán canalizadas conforme a los protocolos de legalidad que definen la Fiscalía de Enjuiciamiento de los servidores y funcionarios del Ministerio Publico y la Supervisión Nacional. Dicha información mientras no se utilice ante los Tribunales de Justicia o dentro del proceso disciplinario tendrá carácter de reservado.

Una vez agotada la investigación y de ser procedente, el supervisor nacional o el agente delegado presentará la solicitud de imposición de la medida disciplinaria que corresponda ante el Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público.

Con esta solicitud se da inicio al procedimiento disciplinario por faltas menos graves o graves. Deberá, en consecuencia, la Supervisión Nacional, remitir escrito notificando para los efectos administrativos pertinentes al superior jerárquico del servidor o funcionario sometido al proceso.

La acción incoada se limitará a los hechos investigados; por lo que, si durante el procedimiento ante el Tribunal Disciplinario, se advierte que el servidor o funcionario investigado ha incurrido en la comisión de otros hechos constitutivos de infracción disciplinaria, deberá iniciar por separado otra investigación. En estos casos, no se interrumpirá el proceso disciplinario, haciéndose la compulsa y certificación de la documentación donde radiquen esos hechos constitutivos de otras infracciones disciplinarias.

Solo se dispondrá la ejecución de la sanción y su incorporación al expediente personal cuando esta adquiera firmeza.

Contenido de la solicitud de inicio del procedimiento disciplinario. La solicitud de inicio del procedimiento disciplinario deberá contener:

1)      Suma en la cual se indique la infracción cometida y la sanción que se solicita;

2)      La individualización e identificación del servidor o funcionario imputado como responsable de la falta, señalando el cargo, la oficina a la que pertenece, oficina en la que presta su servicio, profesión u oficio, número de colegiación (en su caso), su número de tarjeta de identificación personal, dirección de correo electrónico ; nombre de su superior inmediato y los demás elementos que se considere pertinentes;

3)      Breve relación de los hechos objeto de la investigación;

4)      Síntesis de la prueba recabada y propuesta para su evacuación en la correspondiente audiencia;

5)      Calificación técnico jurídica de la conducta imputada como falta cometida por el servidor, determinando concretamente la infracción o infracciones cometidas, subsumiéndolas dentro de los supuestos determinados por el Estatuto y el presente reglamento;

6)      Solicitud formal de auto de admisión e inicio del procedimiento disciplinario y señalamiento de la audiencia de descargo correspondiente;

7)      Las demás peticiones qué según las circunstancias, procedan conforme a derecho; y,

8)      El lugar, fecha, firma y sello del Supervisor Nacional o su agente delegado.

Procedimiento posterior a la interposición de la solicitud. Una vez presentada la correspondiente solicitud, el Tribunal Disciplinario deberá resolver sobre su admisión y, en su caso, señalar la audiencia de descargo dentro del plazo de tres (03) días, siguiendo las reglas que al efecto determina el Reglamento General del Estatuto.

Contra este acto, solo procederá en su caso la reserva del derecho a utilizar como argumento el que se estime pertinente contra su emisión, como causal de la impugnación que proceda ante el Consejo en su caso y de no resolverse de conformidad en la resolución definitiva emitida por el Tribunal. Esta reserva deberá presentarse por escrito a más tardar al día siguiente de celebrado el acto. De no presentarse la misma en la forma aquí determinada, se entenderá por consentido el acto y no valdrá su alegato como argumento en caso de impugnación.

Procedimiento de audiencias orales. Durante la etapa de audiencias orales a observar en el procedimiento disciplinario, se deberá observar las reglas que se determinen en el Reglamento General del presente estatuto.

Contra los actos que emanen de las mismas, solo procederá en su caso la reserva del derecho a utilizar como argumento el que se estime pertinente contra su emisión, como causal de la impugnación que proceda ante el Consejo en su caso y de no resolverse de conformidad en la resolución definitiva emitida por el Tribunal.

Esta reserva deberá presentarse por escrito a más tardar al día siguiente de celebrado el acto. De no presentarse la misma en la forma aquí determinada, se entenderá por consentido el acto.

Procedimiento Posterior a la Celebración de la Última Audiencia Oral por el Tribunal Disciplinario. Emisión de su Resolución. El Tribunal Disciplinario una vez concluido el procedimiento de audiencias deberá emitir su resolución definitiva dentro del plazo de cinco (05) días calendario y observar las reglas de procedimiento que al efecto determina el Reglamento General de este Estatuto.

Esta resolución será ejecutada en forma inmediata, aplicando la sanción que corresponda y/o emitiendo en su caso, el correspondiente acuerdo de cancelación por despido; o en su defecto comunicando la resolución absolutoria al superior jerárquico del servidor o funcionario.

Las decisiones del Tribunal Disciplinario, en su trámite podrán adoptarse por unanimidad o por mayoría.

Contra la resolución definitiva que dicte el Tribunal Disciplinario en los procedimientos por faltas menos graves y graves que impliquen la suspensión y/o pérdida del derecho de ascenso, respectivamente, únicamente procederá su impugnación ante el Consejo de la Carrera del Ministerio Público.

Contra la resolución definitiva que dicte el Tribunal Disciplinario en los procedimientos iniciados para conocer de faltas graves que ameriten despido, únicamente procederá su impugnación por escrito ante el fiscal general de la República. Esta impugnación sin perjuicio de la decisión definitiva que haya de adoptar el fiscal general, no suspenderá la ejecución de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario.

Los escritos de impugnación expresarán los agravios que ocasiona la resolución impugnada y deberán ser presentados dentro del día hábil siguiente a la notificación en legal y debida forma de la resolución definitiva, ante el Tribunal Disciplinario, dirigidos al órgano que deba conocer de la impugnación.

En caso de impugnarse la resolución que haya de recaer en los procesos iniciados para conocer de faltas menos graves y graves que impliquen la suspensión y/o pérdida del derecho de ascenso, respectivamente, los antecedentes junto con los escritos de impugnación deberán ser remitidos a más tardar dentro de los cinco (05) días siguientes de ser firme la resolución definitiva, al Consejo de la Carrera del Ministerio Público para la resolución de la correspondiente impugnación.

En caso de impugnarse la resolución que haya de recaer en los procesos iniciados para conocer de faltas graves que ameriten despido, los antecedentes junto con los escritos de impugnación serán remitidos a más tardar al día siguiente de ser firme la resolución, al despacho del fiscal general de la República, quien decidirá a la brevedad sobre el asunto; haciéndolo con la vista de los antecedentes, confirmando, modificando o revocando la decisión adoptada; devolviendo al día siguiente los antecedentes al Tribunal Disciplinario, debiendo este remitir los autos a la brevedad a la Jefatura de la División de Recursos Humanos, para preparar el acuerdo de despido que hubiere de firmarse, o en su defecto proceder al archivo de las diligencias notificando tanto al servidor, como a su superior jerárquico de su absolución.

Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, procediendo únicamente su impugnación ante los órganos jurisdiccionales de la república.

Reglas del procedimiento sancionatorio a ser observado por el Consejo de la Carrera del Ministerio Público. Emisión de su resolución. El Consejo de la Carrera deberá proceder de la manera determinada por el Reglamento General del Estatuto y emitir su resolución en un plazo de diez (10) días.

No obstante lo anterior, cualquier exceso injustificado en el plazo máximo concedido por la Ley al Consejo para resolver, hará incurrir a su personal auxiliar en las responsabilidades disciplinarias que les fueren imputables y a sus integrantes en las responsabilidades legales que correspondan ante el fiscal general. Al efecto, la Unidad de Apoyo Técnico Jurídico de la División Legal de Fiscalía General, de oficio o a petición de parte, emitirá el informe correspondiente, sugiriendo la determinación que se estimare pertinente a ser adoptada por la Fiscalía General. Este informe no será vinculante, pudiendo el fiscal adoptar su decisión de acuerdo al mismo o emitir la resolución que estime pertinente oído este.

La resolución del fiscal general en los procedimientos por faltas menos graves y graves que impliquen la suspensión y/o pérdida del derecho de ascenso, respectivamente, deberá ser emitida en un plazo que no exceda de treinta (30) días luego de recibidos los antecedentes; podrá ser recurrida en reposición y, una vez firme, pondrá fin a la vía administrativa.

Las resoluciones de las autoridades institucionales que intervengan en la sustanciación del procedimiento disciplinario deberán contener, por regla general y como mínimo, la estructura que determine al efecto el Reglamento General del Estatuto.

El servidor puede ser cancelado por despido, por renuncia o por cesantía.

Las causas y procedimientos del despido se rigen por lo dispuesto en este estatuto y sus reglamentos.

Cuando el servidor renuncie, se procederá, sin más trámite, cuando se considere conveniente, a emitir el acuerdo de cancelación.

La cancelación por cesantía procederá en los siguientes casos:

a)      Cuando por razones de orden presupuestario fuere forzoso la reducción de personal; y,

b)     Cuando, para obtener una más eficaz y eficiente organización administrativa, se impusiera la reducción del personal.

En los supuestos del artículo anterior, la División solicitará al Consejo su opinión sobre la cancelación.

La solicitud debe contener los cargos que se suprimirán y los nombres de los servidores que serán cancelados, junto con los estudios técnicos que verifiquen la existencia de los supuestos indicados en el artículo anterior, así como los demás documentos que sean necesarios.

En la selección de los servidores que resulten afectados con la cancelación, se tomará en cuenta lo siguiente:

a)      Los resultados de la evaluación periódica de los servicios del personal;

b)     La cantidad de sanciones que hubieren sido objeto;

c)      La antigüedad en el servicio; y,

d)     La condición de ser padre de familia pobre, con cinco o más hijos menores.

El Consejo, recibida la solicitud, ordenará que se cite, entregándole copia de la solicitud y de la documentación, al o a los servidores afectados, por medio de la Secretaría, a una audiencia que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud.

En la audiencia se expondrá, por parte de él o los afectados y por parte de LA DIVISIÓN, lo que estimaren adecuado a sus intereses.

Dentro de los cinco (5) días siguientes, a la celebración de la audiencia, el Consejo dictará resolución.

En la resolución, se indicará si se fuere procedente la cancelación; si el Consejo estimare que la cancelación no procede para todos los servidores nominados, indicará con precisión solamente los que deben ser cancelados y la supresión de los cargos respectivos.

Cuando la opinión fuere contraria a la cesantía, la División no podrá solicitar nuevamente la cancelación por cesantía de los mismos servidores en el plazo de un año.

Emitida la resolución declarando la procedencia de la cancelación, el fiscal general de la República emitirá los acuerdos de cancelación respectivos. La División procederá a suprimir los cargos objeto de la cesantía.

No se podrá practicar ningún movimiento de personal sobre el cargo suprimido por la cesantía. Quien infrinja esta disposición incurrirá en una falta grave y será sancionado en los términos de este estatuto.

Los servidores que fueren cancelados por cesantía tendrán derecho al pago de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años.

No obstante, los cancelados por cesantía tendrán el derecho de participar en los procesos de selección de personal, cuando el puesto objeto del concurso fuere del mismo grado y clase del suprimido.

Los servidores cancelados por despido podrán impugnar el acuerdo de cancelación directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Cuando la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo decrete que la cancelación por despido es injusta, el servidor tendrá derecho a lo siguiente: al pago de una indemnización o al reintegro.

Cuando se decidiere el pago de la indemnización, esta será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años.

También se le reconocerá el pago de dos meses de sueldo en concepto de preaviso, en el caso de que este no se hubiere comunicado.

Cuando se decidiere el reintegro, se procederá en los términos del artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Cuando el servidor fuere cancelado por renuncia y tuviere más de cinco años de prestar sus servicios en el Ministerio Público, tendrá derecho a una bonificación equivalente al cincuenta (50%) de la cantidad que pudiera corresponderle para auxilio de cesantía en adición al pago de los derechos adquiridos; en este caso quien hubiere renunciado no podrá reingresar al Ministerio Público, sino transcurridos cinco años después de la fecha de cancelación por renuncia.

En los casos anteriores, se reconocerá al servidor cancelado el pago completo o proporcional de las vacaciones, del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el catorceavo mes.

La promoción es el ascenso de un cargo a otro de grado o clase superior.

Las promociones podrán efectuarse por antigüedad, previo concurso, siempre y cuando el desempeño del servidor o funcionario, durante el proceso de evaluación y certificación, haya sido evaluado como de sobresaliente o excepcional.

El traslado a otro puesto de la misma clase o grado podrá ser decidido en los casos siguientes:

a)      Cuando lo solicite el servidor y la División emitiere dictamen favorable;

b)     Cuando de la evaluación de servicios resulte comprobada la incapacidad o ineficiencia de un servidor en el desempeño de su cargo y no fuere procedente su cancelación para el mejor servicio público.

c)      Cuando el servidor haya obtenido una calificación de regular a aceptable por las pruebas de certificación, conforme a los supuestos establecidos por el Reglamento Especial del Sistema de Evaluación y Certificación del Desempeño para Servidores y Funcionarios del Ministerio Público.

En este caso, no se emitirá el acuerdo respectivo sin que previamente hubiera sido oído el servidor respectivo.

No constituye traslado el movimiento interno de personal o rotación de la que pueda ser objeto un servidor. En consecuencia, puede ser movilizado o rotado, siempre que ocupe el mismo cargo, a cualquier dependencia dentro del Ministerio Público o a cualquier lugar del país, sin seguir ningún procedimiento. Sin embargo, en estos casos se le reconocerá gastos de transporte y demás que identifique la Dirección de Administración y que se deriven inmediata y directamente de la movilización.

La permuta es el cambio voluntario que se opera entre dos servidores que ocupan cargos de la misma clase y grado.

La permuta procederá solamente cuando los servidores objeto de la misma lo hubieren solicitado y los superiores inmediatos respectivos lo aprobaren.

El descenso solamente procederá cuando de la evaluación de servicios resultare que el servidor objeto de la misma es incapaz o deficiente en el desempeño de un cargo y se estimare, por las evaluaciones practicadas, que puede desempeñarse en un cargo inferior.

El descenso se decretará mediante acuerdo emitido por el fiscal general de la República o por quien tuviere tal potestad mediante delegación. Sin embargo, si el descenso no lo aceptace, el servidor se procederá a despedirlo.

El servidor contra el cual se dictare auto de formal procesamiento o declaratoria de reo será suspendido del ejercicio de su cargo.

La suspensión del cargo en estos casos será sin goce de sueldo y durará hasta que se dicte en cada caso el sobreseimiento provisional, definitivo o la sentencia absolutoria, y las mismas sean firmes.

La presentación de un requerimiento fiscal en contra de un servidor o funcionario del Ministerio Público será suficiente para que la autoridad nominadora proceda a su rotación a cualquier lugar del país; debiendo el superior jerárquico de la oficina a la que sea asignado, garantizar un registro que refleje las actividades desarrolladas y visitas recibidas por el servidor o funcionario durante su gestión, a fin de garantizar la efectividad de las investigaciones iniciadas y asegurar las fuentes de prueba.

La aplicación de criterios de oportunidad, suspensión de la persecución penal y la conciliación en casos de delitos dolosos tendrá las mismas consecuencias de lo previsto en el artículo 60, numeral 5 de este Estatuto. La Autoridad Nominadora, vista la aceptación de los hechos imputados por el servidor o funcionario, emitirá en forma inmediata la resolución correspondiente una vez notificado de su aplicación y ordenará acto continuo la emisión del acuerdo de cancelación correspondiente.

Para todos los efectos anteriores, el Fiscal a cargo de la causa deberá notificar en forma inmediata a la División de Recursos Humanos, a su Jefatura de Personal y a la División Legal del Ministerio Público, tanto de la interposición de los requerimientos fiscales como de las resoluciones dictadas por los órganos de la justicia, para que se elaboren los proyectos de resolución y, en su caso, los acuerdos correspondientes, que en cada caso deba aprobar en definitiva el fiscal general de la República.

Mediante resolución fundada y en delitos de naturaleza culposa, el fiscal general de la República, podrá considerar no aplicar la suspensión del cargo que determina este artículo.

Artículo 89

El plazo de prescripción para iniciar una investigación y aplicar una sanción para falta leve, menos grave o grave que no amerita como sanción el despido será el determinado por el artículo 74 de la ley del Ministerio Público, el presente Estatuto y su Reglamento General. En el caso de otros plazos determinados por la ley, este Estatuto o su Reglamento, el conteo iniciará a partir de la fecha en que fuere efectivo el ejercicio del derecho conferido y su ejercicio prescribirá en el plazo previsto por este artículo o en su caso por el de prescripción que sea determinado expresamente para cada actividad.

En el caso de las sanciones graves a las que se imponga como sanción el despido, el plazo de prescripción para iniciar una investigación y aplicar una sanción se contará a partir del día en que se ponga en conocimiento de su comisión a la Supervisión Nacional y el plazo de su sustanciación no podrá exceder de los términos establecidos en la ley y este Estatuto. Lo anterior será sin perjuicio de que cualquier exceso en el mismo pueda ser justificado conforme a la razonabilidad del plazo adicional que hubiese sido requerido para desarrollar en legal y debida forma el proceso disciplinario, garantizando en primera instancia los derechos fundamentales del servidor o funcionario sometido al mismo y, en último caso la no lesividad a los intereses fundamentales de la institución.

Para los efectos del presente estatuto, los plazos de prescripción se contarán en el modo determinado por este y su reglamento, entendiéndose que su conteo iniciará a partir de que la Supervisión Nacional y/o el Superior Jerárquico en cada caso, como designados por la suprema Autoridad Nominadora como empleador, según la competencia determinada en cada caso, tengan conocimiento formal de la falta o infracción cometida por el servidor, ya sea por haber presenciado el hecho o por conocerlo mediante informe, auditoría o investigación.

En los casos de fraude de ley, ya sea mediante presentación de pruebas falsas, adulteradas, certificaciones médicas espurias o de todo documento, peritaje o testimonio que sea producto de alteración o carente de verdad y que sea valorado así por parte del Tribunal Disciplinario en su resolución, ordenará remitir copia a la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de los servidores y funcionarios del Sector Justicia para los efectos de ley.

Razonabilidad del Plazo. En todo caso, las dilaciones en estos procedimientos, más allá de los plazos determinados, únicamente podrán fundarse razonablemente en plazos adicionales, que necesariamente obedezcan a criterios tales como:

a)      La complejidad del asunto;

b)     La actividad procesal del servidor o funcionario sometido al procedimiento; y,

c)      La conducta o actividad concreta ordenada por la autoridad administrativa de la División de Recursos Humanos, el Consejo de Personal o aquellos que designe para garantizar la legalidad del procedimiento y la prevalencia del derecho sustancial el fiscal general.

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100