La presente comunicación presenta un Pacto Verde Europeo para la Unión Europea (UE) y sus ciudadanos. Reanuda el compromiso de la Comisión de responder a los desafíos del clima y el medio ambiente, que constituye la tarea definitoria de esta generación. La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año. De los ocho millones de especies del planeta, un millón está en riesgo de extinción. Estamos contaminando y destruyendo los bosques y los océanos.[1]

El Pacto Verde Europeo es una respuesta a estos desafíos. Se trata de una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.

El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición ha de ser justa e integradora. Debe dar prioridad a la dimensión humana y prestar atención a las regiones, los sectores y los trabajadores expuestos a los mayores desafíos. Teniendo en cuenta que aportará cambios significativos, la participación activa del público y su confianza en esta transición son esenciales para que las políticas funcionen y sean aceptadas. Resulta necesario un nuevo pacto para asociar a los ciudadanos en toda su diversidad con las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y los sectores económicos, en estrecha colaboración con las instituciones de la UE y sus órganos consultivos.

La UE tiene la capacidad colectiva de transformar su economía y su sociedad para situarlas en una senda más sostenible. La UE puede aprovechar sus puntos fuertes como líder mundial en el ámbito de las medidas sobre clima y medio ambiente, protección de los consumidores y derechos de los trabajadores. Reducir aún más las emisiones es un reto que exigirá una inversión pública masiva y un mayor esfuerzo para dirigir el capital privado hacia la acción por el clima y el medio ambiente, evitando al mismo tiempo quedar encajonados en prácticas insostenibles. La UE debe abanderar la coordinación de las iniciativas internacionales para construir un sistema financiero coherente que respalde las soluciones sostenibles. Esta inversión inicial también representa una oportunidad para situar a Europa con firmeza en una nueva senda de crecimiento sostenible e integrador. El Pacto Verde Europeo acelerará y apuntalará la transición necesaria en todos los sectores.

La ambición ambiental del Pacto Verde no se hará realidad si Europa actúa en solitario. Los factores que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son de alcance mundial y no se ven limitados por las fronteras nacionales. La UE puede utilizar su influencia, sus conocimientos técnicos y sus recursos financieros para movilizar a sus vecinos y socios con el fin de que se unan a ella en una senda sostenible. La UE seguirá liderando los esfuerzos internacionales y quiere forjar alianzas con quienes compartan sus ideas. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de preservar su seguridad de abastecimiento y su competitividad incluso si otros no están dispuestos a actuar.

Esta comunicación presenta una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas clave necesarias para hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Se irá actualizando a medida que evolucionen las necesidades y se formulen las distintas respuestas políticas. Todas las actuaciones y políticas de la UE deberán contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los desafíos son complejos y están interconectados. La respuesta política ha de ser audaz y exhaustiva, y debe tratar de maximizar los beneficios para la salud, la calidad de vida, la resiliencia y la competitividad. Será necesaria una estrecha coordinación para explotar las sinergias disponibles en todas las áreas de actuación.[2]

El Pacto Verde es parte integrante de esta estrategia de la Comisión para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas[3], así como las demás prioridades enunciadas en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen[4]. En el marco del Pacto Verde, la Comisión reorientará el proceso del Semestre Europeo de coordinación macroeconómica a fin de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y situar la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la política económica, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el centro de la elaboración de políticas y la acción de la UE.

La figura que se presenta a continuación ilustra los distintos elementos del Pacto Verde.

Figura 1: Pacto Verde Europeo

Para sacar adelante el Pacto Verde Europeo, debemos reflexionar acerca de las políticas de suministro de energía limpia al conjunto de la economía, la industria, la producción y el consumo, las grandes infraestructuras, el transporte, la alimentación y la agricultura, la construcción, la fiscalidad y las prestaciones sociales. Para la consecución de esos objetivos es imprescindible dotar de mayor valor a la protección y el restablecimiento de los ecosistemas naturales, el uso sostenible de los recursos y la mejora de la salud humana. Es en este terreno donde un cambio transformador es más necesario y aporta más beneficios a la economía, la sociedad y el entorno natural de la UE. La UE debe también fomentar la transformación digital y las herramientas digitales necesarias, e invertir en ellas en cuanto que factores esenciales para impulsar los cambios requeridos.

Todas estas áreas de actuación están estrechamente interconectadas y se refuerzan mutuamente, pero se deberá prestar una cuidadosa atención a los posibles compromisos entre los objetivos económicos, ambientales y sociales. El Pacto Verde hará un uso coherente de todos los instrumentos de actuación: la regulación y la normalización, la inversión y la innovación, las reformas nacionales, el diálogo con los interlocutores sociales y la cooperación internacional. El pilar europeo de derechos sociales guiará la acción velando por que nadie se quede atrás.

La adopción de nuevas medidas por sí sola no será suficiente para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además de lanzar nuevas iniciativas, la Comisión colaborará con los estados miembros para redoblar los esfuerzos de la UE a fin de garantizar que la legislación y las políticas actuales que son pertinentes para el Pacto Verde se hagan cumplir y se apliquen de manera efectiva.

La Comisión ya ha expuesto una visión clara de cómo conseguir la neutralidad climática en 2050[5]. Esta visión debe sentar las bases de la estrategia a largo plazo que la UE presentará a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a principios de 2020. Para definir con claridad las condiciones de una transición efectiva y justa, proporcionar previsibilidad a los inversores y garantizar la irreversibilidad de la transición, la Comisión propondrá, a más tardar en marzo de 2020, la primera Ley del clima europea. Así quedará consagrado en la legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, la Ley del clima asegurará que todas las políticas de la UE contribuyan al objetivo de neutralidad climática y que todos los sectores desempeñen el papel que les corresponde.

La Unión ya ha iniciado el proceso de modernización y transformación de la economía con miras al objetivo de neutralidad climática. Entre 1990 y 2018, redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 %, al tiempo que la economía creció un 61 %. Ahora bien, con las políticas actuales solo se logrará reducir esas emisiones en un 60 % de aquí a 2050. Queda mucho por hacer, empezando por una acción por el clima más ambiciosa en la próxima década.

A más tardar en el verano de 2020, la Comisión presentará un plan sometido a una evaluación de impacto que elevará el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 al 50 %, como mínimo, y hacia el 55 % con respecto a los niveles de 1990 de manera responsable. Para lograr esas reducciones adicionales de las emisiones, de aquí a junio de 2021 revisará y, cuando proceda, propondrá revisar todos los instrumentos de actuación pertinentes relacionados con el clima. Este proceso abarcará el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión[6], incluida su posible extensión a sectores nuevos, así como los objetivos de los Estados miembros para reducir las emisiones en sectores no incluidos en dicho régimen[7] y la regulación del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura[8]. La Comisión propondrá modificar la Ley del clima para actualizarla en consecuencia.

Estas reformas políticas contribuirán a garantizar una tarificación eficaz del carbono en todos los sectores económicos. De este modo se fomentarán cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas y se promoverá el aumento de las inversiones sostenibles, tanto públicas como privadas. Los distintos instrumentos de tarificación deben complementarse entre sí y, juntos, formar un marco político coherente.

También reviste una importancia esencial que la fiscalidad esté alineada con los objetivos climáticos. La Comisión propondrá una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía[9], centrada en aspectos medioambientales y en la propuesta de utilizar las disposiciones de los Tratados que permiten al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar propuestas en este ámbito mediante el procedimiento legislativo ordinario por mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad.

Mientras un buen número de socios internacionales no comparta la ambición de la UE, hay riesgo de fuga de carbono, bien porque la producción se traslada de la UE a otros países con una menor ambición en materia de reducción de las emisiones, o bien porque los productos de la UE se sustituyen por importaciones más intensivas en carbono. Si ese riesgo se materializa, no se reducirán las emisiones a escala mundial, lo que frustrará los esfuerzos de la UE y sus industrias por alcanzar los objetivos climáticos mundiales del Acuerdo de París.

Si, a medida que la UE eleva su nivel de ambición climática, persisten diferencias a este respecto a nivel mundial, la Comisión propondrá un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, para sectores específicos, con el fin de atenuar el riesgo de fuga de carbono. De este modo se garantizaría que el precio de las importaciones reflejara con más precisión su contenido de carbono. Esta medida se configurará de manera que respete la normativa de la Organización Mundial del Comercio y otras obligaciones internacionales de la UE. Se trataría de una alternativa a las medidas[10] que abordan el riesgo de fuga de carbono en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE.

La Comisión adoptará una estrategia nueva, más ambiciosa, en materia de adaptación al cambio climático. Se trata de una iniciativa esencial por cuanto el cambio climático va a seguir generando tensiones considerables en Europa a pesar de los esfuerzos de mitigación. Redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, prevención y preparación reviste una importancia crucial. La labor de adaptación al cambio climático debe seguir incidiendo en las inversiones públicas y privadas, incluso en las soluciones basadas en la naturaleza. Será importante asegurar que los inversores, aseguradores, empresas, ciudades y ciudadanos en toda la UE puedan acceder a datos y desarrollar instrumentos para integrar el cambio climático en sus prácticas de gestión de riesgos.

Proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético es esencial para la consecución de los objetivos climáticos de 2030 y 2050. La producción y utilización de energía en todos los sectores económicos representa más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Debe darse prioridad a la eficiencia energética. Ha de desarrollarse un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización de gas. Además, el abastecimiento energético de la Unión debe ser seguro y asequible para los consumidores y las empresas. Para hacer realidad estos objetivos, es fundamental que el mercado energético europeo esté plenamente integrado, interconectado y digitalizado y que, al mismo tiempo, se respete plenamente la neutralidad tecnológica.

Los estados miembros presentarán sus planes revisados en materia de energía y clima a finales de 2019. En consonancia con el Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la energía y la acción por el clima[11], esos planes deben fijar contribuciones nacionales a los objetivos del conjunto de la UE que sean ambiciosas. La Comisión valorará la ambición de los planes y la necesidad de adoptar medidas adicionales en caso de que el nivel de ambición no sea suficiente. Esa evaluación contribuirá al proceso de reforzar la ambición climática de cara a 2030, en cuyo contexto la Comisión revisará y propondrá revisar, cuando proceda, la legislación pertinente sobre energía a más tardar en junio de 2021. Cuando los estados miembros empiecen a actualizar sus planes nacionales de energía y clima en 2023, deberán reflejar el nuevo nivel de ambición climática. La Comisión seguirá velando por la rigurosa garantía del cumplimiento de toda la legislación aplicable.

La transición hacia una energía limpia debe implicar y beneficiar a los consumidores. Las fuentes de energía renovables desempeñarán un papel clave. Será fundamental aumentar la producción de energía eólica marina sobre la base de la cooperación regional entre los estados miembros. La integración inteligente de las energías renovables, la eficiencia energética y otras soluciones sostenibles intersectoriales ayudará a conseguir la descarbonización al menor coste posible. El rápido descenso del coste de las energías renovables, combinado con una mejor configuración de las políticas de apoyo, ya ha atenuado los efectos del despliegue de las energías renovables en la factura energética de los hogares. La Comisión presentará a mediados de 2020 un conjunto de medidas en pro de la integración inteligente. Al mismo tiempo, se facilitará la descarbonización del sector del gas, para lo cual, entre otras cosas, se reforzará el apoyo al desarrollo de gases descarbonizados, se velará por una configuración con vocación de futuro de un mercado del gas descarbonizado competitivo y se tratará el problema de las emisiones de metano en el sector de la energía.

Debe abordarse el riesgo de pobreza energética de los hogares que no pueden permitirse servicios energéticos esenciales para garantizar un nivel de vida básico. Hay programas efectivos, como los sistemas de financiación para la renovación de viviendas, que pueden reducir la factura energética y ayudar al medio ambiente. En 2020, la Comisión presentará unas orientaciones para ayudar a los estados miembros a tratar el problema de la pobreza energética.

La transición hacia la neutralidad climática también requiere infraestructuras inteligentes. Una mayor cooperación transfronteriza y regional contribuirá a la consecución de los beneficios de la transición hacia la energía limpia a precios asequibles. Será preciso revisar el marco regulador de las infraestructuras energéticas, incluido el Reglamento RTE-E[12], para garantizar la coherencia con el objetivo de neutralidad climática. Este marco debe impulsar el despliegue de tecnologías e infraestructuras innovadoras, como las redes inteligentes, las redes de hidrógeno, la captura, el almacenamiento y el uso de carbono, y el almacenamiento de energía, al tiempo que se facilita la integración sectorial. Habrá que modernizar algunas infraestructuras y activos existentes para que mantengan su idoneidad y su resiliencia al cambio climático.

La consecución de una economía climáticamente neutra y circular exige la plena movilización de la industria. Se necesitan veinticinco años —una generación— para transformar un sector industrial y todas las cadenas de valor. Si queremos estar preparados en 2050, deben tomarse decisiones y adoptarse medidas en los próximos cinco años.

La extracción anual mundial de materiales se triplicó entre 1970 y 2017 y sigue creciendo[13], lo que plantea un gran riesgo a nivel mundial. Aproximadamente la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico se debe a la extracción de recursos y la transformación de materiales, combustibles y alimentos. La industria de la UE ha iniciado el proceso de transición, pero aún representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Sigue siendo una industria demasiado «lineal» y dependiente de un flujo de extracción y comercialización de materiales, su transformación en productos y, finalmente, su eliminación como residuos o emisiones. Solo el 12% de los materiales utilizados por la industria procede de reciclado[14].

La transición brinda la oportunidad de expandir la actividad económica sostenible e intensiva en creación de empleo. Hay en los mercados mundiales un considerable potencial de desarrollo de tecnologías de bajas emisiones y de productos y servicios sostenibles. La economía circular ofrece asimismo un gran potencial de creación de actividades y puestos de trabajo nuevos. La transformación, sin embargo, avanza a un ritmo demasiado lento; no se observan progresos ni generalizados ni uniformes. El Pacto Verde Europeo respaldará y acelerará la transición de la industria de la UE hacia un modelo sostenible de crecimiento integrador.

En marzo de 2020, la Comisión adoptará una estrategia industrial de la UE para acometer el doble desafío de la transformación verde y digital. Europa debe aprovechar el potencial de la transformación digital en cuanto que factor clave para propiciar la consecución de los objetivos del Pacto Verde. Junto con la estrategia industrial, un nuevo plan de acción de la economía circular ayudará a modernizar la economía de la Unión y a aprovechar las oportunidades de la economía circular, tanto dentro de la UE como a nivel internacional. Uno de los objetivos esenciales del nuevo marco político será estimular el desarrollo de mercados pioneros de productos climáticamente neutros y circulares, tanto dentro como fuera de la UE.

Las industrias de gran consumo energético, como las del acero, los productos químicos y el cemento, son imprescindibles para la economía de Europa por cuanto abastecen a varias cadenas de valor de importancia esencial. Es crucial descarbonizar y modernizar este sector. Las recomendaciones publicadas por el Grupo de Alto Nivel sobre Industrias de Gran Consumo de Energía ponen de manifiesto el compromiso de la industria con esos objetivos[15].

El plan de acción de la economía circular incluirá una política de «productos sostenibles» que sustentará el diseño circular de todos los productos sobre la base de una metodología y unos principios comunes. El plan de acción dará prioridad a la reducción y reutilización de los materiales antes de su reciclado. Impulsará nuevos modelos de negocio y fijará requisitos mínimos para prevenir la entrada de productos perjudiciales para el medio ambiente en el mercado de la UE. También se reforzará la responsabilidad ampliada del productor.

Si bien el plan de acción de la economía circular guiará la transición de todos los sectores, las actuaciones se centrarán en aquellos que hacen un uso intensivo de recursos, tales como el sector textil o los de la construcción, la electrónica y los plásticos. La Comisión hará un seguimiento de la estrategia de los plásticos de 2018 centrando la atención, entre otras cosas, en la adopción de medidas contra los microplásticos añadidos intencionadamente y contra la liberación no intencionada de plásticos en ámbitos como la producción textil o la abrasión de neumáticos. La Comisión elaborará una serie de requisitos para garantizar que todos los envases del mercado de la UE puedan reciclarse o reutilizarse de manera económicamente viable de aquí a 2030, así como un marco regulador para los plásticos biodegradables y los bioplásticos, y adoptará medidas sobre los plásticos de un solo uso.

Asimismo, el plan de acción de la economía circular incluirá medidas para animar a las empresas a que ofrezcan productos reutilizables, duraderos y reparables y para que los consumidores puedan elegirlos. El plan de acción analizará la necesidad de establecer un «derecho a la reparación» y pondrá coto a la obsolescencia programada de los dispositivos, sobre todo en el sector de la electrónica. La política de consumidores contribuirá a empoderarlos para que tomen sus decisiones con conocimiento de causa y participen activamente en la transición ecológica. Los nuevos modelos de negocio basados en el alquiler y el uso compartido de productos y servicios desempeñarán un papel en este sentido, siempre que sean verdaderamente sostenibles y asequibles.

Disponer de una información fiable, comparable y verificable también es importante para que los compradores puedan tomar decisiones más sostenibles y, además, atenúa el riesgo de «blanqueo ecológico». Las empresas que formulen «declaraciones ecológicas» deberán fundamentarlas con arreglo a una metodología estándar para evaluar sus efectos en el medio ambiente. La Comisión redoblará sus esfuerzos de regulación y en otros aspectos para combatir las declaraciones ecológicas falsas. La digitalización puede contribuir además a mejorar la disponibilidad de información sobre las características de los productos comercializados en la UE. Por ejemplo, un pasaporte electrónico del producto podría facilitar información sobre su origen, su composición, las posibilidades de reparación y desmontaje, y la gestión al final de su ciclo de vida. Las autoridades públicas, incluidas las instituciones de la UE, deben predicar con el ejemplo y asegurar que sus procedimientos de contratación respeten criterios ecológicos. La Comisión propondrá legislación y orientaciones adicionales sobre la contratación pública ecológica.

Una política de productos sostenibles tiene también el potencial de reducir los residuos en una medida considerable. Allí donde no se puede impedir la generación de residuos, debe recuperarse su valor económico y evitarse o reducirse al mínimo sus efectos en el medio ambiente y en el cambio climático. Para ello es preciso adoptar legislación nueva, la cual debe incluir objetivos y medidas para abordar el problema del exceso de envases y la generación de residuos. Al mismo tiempo, las empresas de la UE deben beneficiarse de un mercado único de materias primas secundarias y subproductos robusto e integrado, lo que requiere una cooperación más estrecha a lo largo de las cadenas de valor, tal como ocurre con la Alianza Circular sobre los Plásticos. La Comisión estudiará una serie de requisitos legales para impulsar el mercado de las materias primas secundarias con un contenido reciclado obligatorio (por ejemplo, en el caso de los envases, los vehículos, los materiales de construcción y las baterías). Para simplificar la gestión de residuos por parte de los ciudadanos y velar por que las empresas dispongan de materiales secundarios más limpios, la Comisión propondrá además un modelo de la UE para la recogida separada de residuos. En su opinión, la UE debe dejar de exportar sus residuos fuera de la Unión, por lo que revisará las normas sobre los traslados y la exportación ilegal de residuos.

El acceso a los recursos también es una cuestión de seguridad estratégica para la ambición de Europa de sacar adelante el Pacto Verde. Por tanto, uno de los requisitos previos para hacer realidad esta transición es asegurar el suministro de materias primas sostenibles —en particular, de las materias primas críticas necesarias para las tecnologías limpias y las aplicaciones digitales, espaciales y de defensa— mediante la diversificación del abastecimiento de fuentes primarias y secundarias.

La industria de la UE necesita «pioneros del clima y los recursos» que desarrollen las primeras aplicaciones comerciales de tecnologías de vanguardia en sectores industriales clave de aquí a 2030. Entre las áreas prioritarias figuran el hidrógeno limpio, las pilas de combustible y otros combustibles alternativos, el almacenamiento de energía, y la captura, el almacenamiento y la utilización de carbono. Por ejemplo, la Comisión apoyará tecnologías de vanguardia en acero limpio que propicien el desarrollo de un proceso de fabricación de acero sin emisiones de carbono de aquí a 2030 y explorará la posibilidad de utilizar una parte de la financiación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en proceso de liquidación. Más en general, el Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE contribuirá a desplegar esos proyectos innovadores a gran escala.

La promoción de nuevas formas de colaboración con la industria y las inversiones en cadenas de valor estratégicas son esenciales. La Comisión proseguirá la aplicación del Plan de Acción Estratégico para las Baterías y mantendrá su apoyo a la Alianza Europea de las Baterías. En 2020 propondrá legislación para garantizar una cadena de valor circular, segura y sostenible para todas las baterías, en particular con el fin de abastecer al mercado en expansión de los vehículos eléctricos. Además, la Comisión respaldará otras iniciativas que favorezcan las alianzas y la puesta en común de recursos a gran escala, en forma, por ejemplo, de proyectos importantes de interés común europeo, en los que una ayuda estatal específica limitada el tiempo puede ayudar a crear nuevas cadenas de valor innovadoras.

Las tecnologías digitales son un factor crítico para facilitar la consecución de los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde en muchos sectores distintos. La Comisión explorará medidas que garanticen que las tecnologías digitales, tales como la inteligencia artificial, las redes 5G, la computación en la nube y en el borde y la internet de las cosas, puedan acelerar y potenciar los efectos de las políticas para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. La digitalización brinda además nuevas oportunidades para el control a distancia de la contaminación del aire y del agua, o para la monitorización y optimización del modo de utilización de la energía y los recursos naturales. Al mismo tiempo, Europa necesita un sector digital articulado en torno a la sostenibilidad. La Comisión examinará también una serie de medidas para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento en términos de economía circular del sector en sí mismo, desde las redes de banda ancha hasta los centros de datos y los dispositivos TIC. Valorará la necesidad de reforzar la transparencia sobre el impacto ambiental de los servicios de comunicaciones electrónicas, así como la adopción de medidas más estrictas en el despliegue de redes nuevas y las ventajas de apoyar sistemas de recogida que incentiven la devolución de los dispositivos que no se quieran conservar, como teléfonos móviles, tabletas y cargadores.

La construcción, utilización y renovación de edificios exige cantidades considerables de energía y recursos minerales (por ejemplo, arena, grava y cemento). Los edificios representan además el 40 % de la energía consumida. La tasa anual de renovación del parque inmobiliario de los Estados miembros oscila actualmente entre el 0,4 % y el 1,2 %. Esa tasa deberá como mínimo duplicarse para alcanzar los objetivos de la UE en materia de eficiencia energética y clima. Al mismo tiempo, 50 millones de consumidores tienen dificultades para calentar convenientemente sus hogares.

Para responder al doble desafío de la eficiencia energética y la asequibilidad, la UE y los Estados miembros deben emprender una «oleada de renovación» de edificios públicos y privados. Si bien aumentar las tasas de renovación es todo un desafío, la renovación de edificios reduce la factura energética y puede atenuar la pobreza energética. Además, puede revitalizar el sector de la construcción y brinda la oportunidad de apoyar a las pymes y el empleo local.

La Comisión garantizará rigurosamente el cumplimiento de la legislación sobre la eficiencia energética de los edificios. Esta labor se iniciará con una evaluación de las estrategias de renovación a largo plazo de los Estados miembros en 2020[16]. Asimismo, la Comisión analizará la posibilidad de incluir las emisiones de los edificios en el comercio de derechos de emisión en el marco de su objetivo más general de garantizar que los precios relativos de las distintas fuentes de energía envíen las señales adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Por otro lado, revisará el Reglamento sobre los productos de construcción[17], que debe garantizar que todas las fases del diseño de edificios nuevos y renovados satisfagan las necesidades de la economía circular e impulsen la digitalización y la capacidad de adaptación del parque inmobiliario al cambio climático.

Paralelamente, la Comisión propone colaborar con las partes interesadas en una nueva iniciativa sobre renovación en 2020. Esta colaboración incluirá una plataforma abierta que reunirá al sector de los edificios y la construcción con arquitectos e ingenieros y con las autoridades locales para analizar los obstáculos a la renovación. La iniciativa incluirá también regímenes innovadores de financiación en el marco de InvestEU. Entre los posibles destinatarios de esos regímenes figuran las cooperativas de viviendas o las empresas de servicios energéticos, que podrían renovar edificios recurriendo, por ejemplo, a contratos de eficiencia energética. Uno de los objetivos esenciales sería la organización de iniciativas de renovación a una escala mayor para beneficiarse de mejores condiciones de financiación y de economías de escala. La Comisión también adoptará iniciativas para eliminar las barreras normativas nacionales que obstaculizan las inversiones de eficiencia energética en edificios alquilados y de propiedad múltiple. Se prestará especial atención a la renovación de viviendas sociales con el fin de ayudar a los hogares con dificultades para pagar su factura energética. También se pondrá el foco en la renovación de escuelas y hospitales, pues el dinero que se ahorre gracias a la eficiencia de los edificios se podrá dedicar a apoyar la educación y la salud pública.

El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, y va en aumento. Para lograr la neutralidad climática, es necesaria una reducción del 90 % de las emisiones procedentes del transporte de aquí a 2050. Tendrá que contribuir a esta reducción todo tipo de transporte: por carretera, por ferrocarril, aéreo y por vías navegables. Lograr un transporte sostenible significa que los usuarios sean lo primero y que se les faciliten alternativas a sus hábitos actuales de movilidad más abordables, accesibles, sanas y limpias. La Comisión adoptará una estrategia de movilidad sostenible e inteligente en 2020 que acometerá este reto y abordará todas las fuentes de emisiones.

El transporte multimodal necesita un fuerte impulso. Se aumentará así la eficiencia del sistema de transporte. Como cuestión prioritaria, una parte sustancial del 75 % del transporte interior de mercancías que ahora se realiza por carretera debe pasar al ferrocarril y las vías navegables interiores. Esto requerirá medidas para gestionar mejor y aumentar la capacidad del ferrocarril y las vías navegables interiores, que la Comisión propondrá de aquí a 2021. La Comisión también considerará retirar la Directiva de transporte combinado[18] y presentar una nueva propuesta para convertirla en un instrumento efectivo que apoye las operaciones de carga multimodal, utilizando transporte por ferrocarril y acuático, incluido el transporte marítimo de corta distancia. En el sector de la aviación, deberán reanudarse los trabajos sobre la adopción de la propuesta de la Comisión acerca de un verdadero cielo único europeo, ya que esto contribuirá a lograr reducciones significativas de las emisiones procedentes de la aviación.

La movilidad multimodal automatizada y conectada desempeñará un papel cada vez mayor, junto con los sistemas de gestión inteligente del tráfico propiciados por la digitalización. La infraestructura y el sistema de transporte de la UE se adecuarán para apoyar a nuevos servicios de movilidad sostenible que reduzcan la congestión y la contaminación, especialmente en zonas urbanas. La Comisión contribuirá a desarrollar sistemas inteligentes para la gestión del tráfico y soluciones de «movilidad como servicio», a través de sus instrumentos de financiación, como el Mecanismo «Conectar Europa».

El precio del transporte debe reflejar el impacto que tiene sobre el medio ambiente y la salud. Deben desaparecer las subvenciones a los combustibles fósiles y, en el contexto de la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, la Comisión examinará cuidadosamente las exenciones fiscales actuales, en particular para los combustibles del transporte aéreo y marítimo, y cuál es la mejor forma de solventar cualquier laguna. Asimismo, la Comisión propondrá ampliar el comercio de derechos de emisión europeo al sector marítimo y reducir los derechos asignados gratuitamente a las líneas aéreas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Esto se coordinará con una acción a nivel mundial, especialmente en la Organización de Aviación Civil Internacional y en la Organización Marítima Internacional. La Comisión también considerará de nuevo cómo lograr una tarificación vial efectiva en la UE. La Comisión hace un llamamiento al Parlamento Europeo y al Consejo para que mantengan las aspiraciones de la propuesta original de la Comisión relativa a la Directiva sobre el «Eurodistintivo»[19], y está dispuesta a retirarla si es necesario y a proponer medidas alternativas.

Al mismo tiempo, la UE debe intensificar la producción y utilización de combustibles alternativos y sostenibles para transporte. De aquí a 2025, se necesitarán aproximadamente 1 millón de estaciones públicas de recarga y repostaje para los 13 millones de vehículos de emisión cero y de baja emisión que se espera circulen por las carreteras europeas. La Comisión apoyará el despliegue de puntos públicos de recarga y repostaje donde persistan las lagunas, especialmente para viajes de larga distancia y en zonas con menor densidad de población, y lanzará lo antes posible una nueva petición de fondos al respecto. Estos pasos completarán las medidas adoptadas a nivel nacional. La Comisión considerará opciones legislativas para impulsar la producción y utilización de combustibles alternativos sostenibles para los diferentes modos de transporte. Además, la Comisión revisará la Directiva sobre los combustibles alternativos[20] y el Reglamento RTE-T para acelerar la generalización de vehículos y buques de emisión cero y de baja emisión.

El transporte debe ser infinitamente menos contaminante, sobre todo en las ciudades. Las emisiones, la congestión urbana y la mejora del transporte público deben encararse con una combinación de medidas. La Comisión propondrá normas más estrictas para las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos con motor de combustión. También propondrá que se revise de aquí a junio de 2021 la legislación sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, con objeto de ofrecer una trayectoria clara hacia una movilidad de cero emisiones a partir de 2025. Al mismo tiempo, contemplará aplicar el comercio de derechos de emisión europeo al transporte por carretera, como complemento de las normas de comportamiento, actuales y futuras, en materia de emisiones de CO2 para vehículos. La Comisión tomará medidas con respecto al transporte marítimo, incluido el acceso regulado de los buques más contaminantes a puertos de la UE y la obligación de que los buques atracados utilicen electricidad en puerto. Asimismo, debe mejorarse la calidad del aire en las inmediaciones de los aeropuertos, haciendo frente a las emisiones de contaminantes procedentes de aviones y operaciones aeroportuarias.

Palian las catástrofes naturales, plagas y enfermedades y ayudan a regular el clima. Sin embargo, la UE no está alcanzando algunos de sus objetivos medioambientales más importantes para 2020, como las metas de Aichi en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La UE y sus socios mundiales deben detener la pérdida de biodiversidad. El Informe de Evaluación global de 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas[21] puso de manifiesto la erosión de la biodiversidad a escala mundial, causada principalmente por los cambios en la utilización de la tierra y el mar, la explotación directa de los recursos naturales y el cambio climático como el tercer factor más importante de pérdida de biodiversidad.

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en Kunming, China, en octubre de 2020 es una oportunidad para que el mundo adopte un marco sólido a escala mundial para detener la pérdida de la biodiversidad. Para garantizar que la UE desempeñe un papel clave, la Comisión presentará una Estrategia sobre Biodiversidad para marzo de 2020, a la que seguirá una acción específica en 2021. La Estrategia esbozará la posición de la UE de cara a la Conferencia de las partes, con objetivos globales para proteger la biodiversidad, así como compromisos para atajar las causas principales de la pérdida de biodiversidad en la UE, respaldados por objetivos cuantificables con este mismo fin.

La Estrategia sobre Biodiversidad señalará medidas específicas para alcanzar estos objetivos. Algunos de ellos podrían ser objetivos cuantificados, como incrementar la cobertura de zonas terrestres y marítimas protegidas con gran diversidad a partir de la red Natura 2000. Los estados miembros también deben reforzar la cooperación transfronteriza para proteger y recuperar de forma más efectiva las zonas cubiertas por la red Natura 2000. La Comisión determinará qué medidas, incluso legislativas, podrían ayudar a los estados miembros a mejorar los ecosistemas dañados y restablecer su buen estado ecológico, incluidos los ecosistemas ricos en carbono. La Estrategia sobre Biodiversidad también ofrecerá propuestas para hacer más ecológicas las ciudades europeas e incrementar la biodiversidad en los espacios urbanos. La Comisión contemplará la posibilidad de elaborar un plan de recuperación de la naturaleza y estudiará cómo aportar financiación para ayudar a los estados miembros a alcanzar este objetivo.

Todas las políticas de la UE deben contribuir a preservar y recuperar el capital natural de Europa[22]. La Estrategia «de la granja a la mesa», expuesta en la sección 2.1.6, abordará el uso de plaguicidas y abonos en la agricultura. Proseguirán los trabajos en el marco de la política pesquera común para reducir los efectos negativos que puede tener la pesca en los ecosistemas, sobre todo en zonas sensibles. Además, la Comisión apoyará el establecimiento de zonas marinas protegidas mejor conectadas y bien gestionadas.

Los ecosistemas forestales están sometidos a una presión cada vez mayor, como consecuencia del cambio climático. La superficie forestal de la UE debe mejorarse, tanto en calidad como en cantidad, para que la UE alcance la neutralidad climática y un medio ambiente sano. La forestación y reforestación sostenibles y la recuperación de bosques degradados pueden incrementar la absorción de CO2, a la vez que mejoran la resiliencia de los bosques y fomentan la bioeconomía circular. A partir de la Estrategia sobre Biodiversidad 2030, la Comisión preparará una nueva estrategia forestal para la UE que abarque todo el ciclo forestal y promueva los numerosos servicios que prestan los bosques.

La nueva estrategia forestal para la UE tendrá como objetivos clave la forestación efectiva y la preservación y recuperación de los bosques en Europa, para contribuir a aumentar la absorción de CO2, reducir la incidencia y extensión de los incendios forestales y promover la bioeconomía, respetando plenamente los principios ecológicos favorables a la biodiversidad. Los planes estratégicos nacionales en el marco de la política agrícola común deben incentivar a los gestores forestales para que preserven, planten y gestionen los bosques de forma sostenible. Partiendo de la Comunicación «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo»[23], la Comisión tomará medidas, tanto regulatorias como de otro tipo, para promover productos importados y cadenas de valor que no conlleven deforestación ni degradación forestal.

La «economía azul» sostenible tendrá que desempeñar un papel crucial para aliviar las múltiples demandas sobre los recursos de la tierra en la UE y atajar el cambio climático. El papel de los océanos en la adaptación al cambio climático y la mitigación de ese fenómeno goza cada vez de mayor reconocimiento. El sector puede contribuir a ello, mejorando el uso de los recursos acuáticos y marinos y, por ejemplo, fomentado la producción y el uso de nuevas fuentes de proteínas que reduzcan la presión sobre la tierra de cultivo. Más en general, las soluciones duraderas al cambio climático requieren prestar más atención a las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras, unos mares y océanos sanos y resilientes. La Comisión analizará las conclusiones del Informe especial sobre los océanos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático[24] y propondrá medidas en el ámbito marítimo. Esto incluirá cómo gestionar de forma más sostenible el espacio marítimo, especialmente para facilitar el acceso al creciente potencial de las energías renovables marinas. Además, la Comisión adoptará un enfoque de tolerancia cero con respecto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Conferencia de las Naciones Unidas de 2020 sobre los Océanos, que se celebrará en Portugal, será una oportunidad para que la UE destaque la importancia de tomar medidas con respecto a los océanos.

Conseguir un entorno sin sustancias tóxicas exige más medidas, tanto para evitar que se genere la contaminación como para eliminarla y ponerle remedio. Para proteger a los ciudadanos y los ecosistemas europeos, la UE tiene que supervisar, informar, evitar y solucionar adecuadamente la contaminación del aire, del agua, del suelo y de los productos de consumo. Para ello, la UE y los estados miembros tendrán que examinar de forma más sistemática todas las políticas y regulaciones. Para dar respuesta a estos retos interrelacionados, la Comisión adoptará en 2021 un Plan de acción «contaminación cero» para el aire, el agua y el suelo.

Deben restablecerse las funciones naturales de las aguas subterráneas y superficiales. Esto es esencial para preservar y recuperar la biodiversidad en lagos, ríos, humedales y estuarios, y para evitar y limitar los daños causados por las inundaciones. La aplicación de la Estrategia «de la granja a la mesa» reducirá la contaminación causada por el exceso de nutrientes. Además, la Comisión propondrá medidas para hacer frente a la contaminación causada por la escorrentía urbana y por fuentes de contaminación nuevas o especialmente nocivas, por ejemplo los microplásticos y las sustancias químicas, incluidos los medicamentos. También es necesario abordar los efectos combinados de distintos contaminantes.

La Comisión aprovechará la experiencia adquirida con la evaluación de la actual legislación sobre la calidad del aire[25]. También propondrá reforzar las disposiciones sobre el seguimiento[26], modelización y planes para la calidad del aire que ayuden a las autoridades locales a conseguir un aire más puro. La Comisión propondrá en particular revisar las normas sobre la calidad del aire para hacerlas más conformes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión revisará las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación provocada por las grandes instalaciones industriales. Examinará el alcance sectorial de la legislación y cómo hacerla plenamente coherente con las políticas relativas al clima, la energía y la economía circular. También colaborará con los estados miembros para mejorar la prevención de accidentes industriales.

Para garantizar un entorno sin sustancias tóxicas, la Comisión presentará una estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad. Esta estrategia contribuirá tanto a mejorar la protección de los ciudadanos y el medio ambiente contra las sustancias químicas peligrosas como a impulsar la innovación para el desarrollo de alternativas seguras y sostenibles. Todas las partes, incluida la industria, deben colaborar para conciliar salud y protección del medio ambiente con una mayor competitividad global. Esto puede lograrse simplificando y reforzando el marco jurídico. La Comisión examinará cómo hacer mejor uso de las agencias y organismos científicos de la UE para avanzar hacia un proceso de «una evaluación por sustancia» y ofrecer mayor transparencia a la hora de priorizar las medidas para abordar las sustancias químicas. Al mismo tiempo, el marco regulador deberá reflejar rápidamente la evidencia científica sobre el riesgo que suponen los alteradores endocrinos, las sustancias químicas peligrosas presentes en los productos, incluidos los importados, los efectos combinados de diferentes sustancias químicas y las sustancias químicas muy persistentes.

Para hacer realidad las aspiraciones del Pacto Verde Europeo, es necesaria una inversión considerable. La Comisión ha calculado que realizar los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 requerirá 260 000 millones EUR de inversión anual adicional[27], aproximadamente el 1,5 % del PIB de 2018[28]. Este flujo de inversión deberá mantenerse durante un tiempo. La magnitud de la inversión necesaria requiere movilizar tanto al sector público como al privado.

La Comisión presentará un Plan de inversiones para una Europa sostenible que contribuya a conseguir la financiación adicional necesaria. El Plan combinará financiación específica para apoyar inversiones sostenibles y propuestas que favorezcan un marco que propicie las 

inversiones ecológicas. Al mismo tiempo, será fundamental preparar una cartera de proyectos sostenibles. La asistencia técnica y los servicios de asesoramiento ayudarán a los promotores a encontrar y preparar proyectos y a acceder a fuentes de financiación.

El papel del presupuesto de la UE será decisivo. La Comisión ha propuesto un objetivo del 25% para la integración de la dimensión climática en todos los programas de la UE. El presupuesto de la UE también contribuirá a lograr los objetivos en materia de clima por el lado de los ingresos. La Comisión ha propuesto nuevas fuentes de ingresos («recursos propios»), una de las cuales está basada en los residuos de envases de plástico no reciclados. Otra fuente de ingresos podría consistir en asignar el 20% de los ingresos procedentes de la subasta del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE al presupuesto de la UE.

Al menos el 30 % del Fondo InvestEU contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, los proyectos estarán sujetos a una prueba de sostenibilidad para verificar su contribución a los objetivos sociales y en materia de cambio climático y medio ambiente. InvestEU ofrece además a los estados miembros la posibilidad de utilizar la garantía presupuestaria de la UE, por ejemplo, para cumplir objetivos de política de cohesión relacionados con el clima en sus territorios y regiones. InvestEU también refuerza la cooperación con los bancos e instituciones nacionales de fomento, lo que puede impulsar la ecologización general de sus actividades para cumplir con los objetivos de las políticas de la UE. Por otro lado, como parte de la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, la Comisión revisará el papel de los Fondos de Innovación y Modernización, que no se financian con cargo al presupuesto de la UE a largo plazo. Se aspira a reforzar su papel y su efectividad para encontrar soluciones innovadoras y climáticamente neutras en toda la UE. En la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE también se estudiará la asignación al presupuesto de la UE de los ingresos adicionales procedentes de los derechos, con vistas a reforzar la financiación de la transición justa.

Así mismo, la Comisión colaborará con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), los bancos e instituciones nacionales de fomento y otras instituciones financieras internacionales. El BEI se ha fijado el objetivo de duplicar su meta de lucha contra el cambio climático del 25% al 50% para 2025, convirtiéndose así en el banco europeo del cambio climático.

Como parte del Plan de inversiones para una Europa sostenible, la Comisión propondrá un Mecanismo para una transición justa, con un Fondo de Transición Justa, para que nadie se quede rezagado. La transición solo puede tener éxito si se lleva a cabo de manera justa e integradora. Los más vulnerables son los que están más expuestos a los efectos nocivos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Al mismo tiempo, gestionar la transición dará lugar a cambios estructurales importantes en los modelos empresariales, las competencias necesarias y los precios relativos. A los ciudadanos les afectará de distintas maneras, según sus circunstancias sociales y geográficas. No todos los estados miembros, regiones y ciudades parten del mismo punto para iniciar la transición, ni tiene la misma capacidad de respuesta. Estos retos requieren una enérgica respuesta política a todos los niveles.

El Mecanismo para una transición justa se centrará en aquellas regiones y sectores más afectados por la transición porque dependen de combustibles fósiles o de procesos intensivos en carbono. Recurrirá a fuentes de financiación del presupuesto de la UE así como al Grupo del BEI para movilizar los fondos públicos y privados necesarios. El apoyo llevará aparejado el fomento de la transición hacia actividades hipocarbónicas y resilientes al cambio climático. También tendrá por objetivo proteger a los ciudadanos y trabajadores más vulnerables a la transición, facilitándoles el acceso a programas de reciclaje profesional, empleo en nuevos sectores de la economía o viviendas eficientes desde el punto de vista energético. La Comisión colaborará con los estados miembros y las regiones para ayudarles a implantar planes territoriales de transición.

El Mecanismo vendrá a sumarse a la importante contribución del presupuesto de la UE a través de todos los programas directamente relacionados con la transición, así como a otros fondos, por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo Plus.

Para dar una respuesta a las necesidades de financiación a largo plazo de la transición, la Comisión seguirá estudiando con los socios relevantes, como parte del Plan de inversiones para una Europa sostenible, otras fuentes que puedan movilizarse y formas innovadoras de hacerlo.

La necesidad de una transición socialmente justa también debe reflejarse en las políticas a escala nacional y de la UE. Esto incluye inversiones para ofrecer soluciones abordables a aquellos afectados por las políticas de tarificación del carbono, por ejemplo mediante el transporte público, así como medidas para dar respuesta a la pobreza energética y promover el reciclaje profesional. La coherencia de las políticas en materia de clima y medio ambiente y un enfoque global suelen ser una condición previa para garantizar que se perciban como justas, tal como ilustra el debate sobre la fiscalidad de distintos modos de transporte. Un activo diálogo social contribuye a que empresas y trabajadores anticipen el cambio y lo gestionen con éxito. El proceso del semestre europeo de coordinación macroeconómica apoyará las políticas nacionales sobre estos temas.

El sector privado será clave para financiar la transición ecológica. Es necesario enviar señales a largo plazo para dirigir los flujos financieros y de capital hacia inversiones ecológicas y evitar activos obsoletos. La Comisión presentará en el tercer trimestre de 2020 una estrategia renovada de finanzas sostenibles que centrará la atención en una serie de acciones.

En primer lugar, la estrategia reforzará las bases para una inversión sostenible. Esto exigirá, en concreto, que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la taxonomía para clasificar las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental. La sostenibilidad debe integrarse aún más en el marco de gobernanza empresarial, ya que muchas empresas todavía prestan demasiada atención al rendimiento financiero a corto plazo en comparación con otros aspectos del desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, las empresas y las entidades financieras tendrán que divulgar más datos sobre clima y medio ambiente, de manera que los inversores estén plenamente informados acerca de la sostenibilidad de sus inversiones. Para ello, la Comisión revisará la Directiva sobre divulgación de información no financiera. Para garantizar una gestión adecuada de los riesgos medioambientales y las oportunidades de mitigación, y reducir los costes de transacción que lleva aparejados, la Comisión también ayudará a las empresas y otras partes interesadas a desarrollar prácticas contables del capital natural normalizadas, dentro de la UE y a escala internacional.

En segundo lugar, se brindarán más oportunidades a inversores y empresas, facilitándoles que encuentren inversiones sostenibles y garantizando su credibilidad. Esto se podría realizar mediante etiquetas claras para los productos de inversión minorista y desarrollando una norma de la UE sobre bonos verdes que facilite la inversión sostenible de la manera más conveniente.

En tercer lugar, los riesgos climáticos y medioambientales se gestionarán e integrarán en el sistema financiero. Esto significa integrar mejor estos riesgos en el marco prudencial de la UE y evaluar la idoneidad de los requisitos de capital actuales para los activos verdes. También examinaremos cómo puede contribuir nuestro sistema financiero a aumentar la resiliencia frente a los riesgos climáticos y medioambientales, en particular en lo que se refiere a los riesgos físicos y los daños provocados por catástrofes naturales.

Los presupuestos nacionales desempeñan un papel clave en la transición. El mayor uso de las herramientas de presupuestación ecológica contribuirá a reorientar la inversión pública, el consumo y la fiscalidad hacia las prioridades ecológicas y a separarlos de las subvenciones perjudiciales. La Comisión trabajará con los estados miembros en el escrutinio y el análisis comparativo de las prácticas de presupuestación ecológica. Ello facilitará la labor de determinar hasta qué punto los presupuestos anuales y los planes presupuestarios a medio plazo tienen en cuenta las consideraciones y los riesgos medioambientales e incorporan las mejores prácticas. La revisión del marco de gobernanza económica europeo incluirá una referencia a la inversión pública ecológica en el contexto de la calidad de las finanzas públicas. Ese ejercicio fundamentará un debate sobre la forma de mejorar la gobernanza presupuestaria de la UE, debate cuyos resultados sentarán las bases para cualquier posible medida futura, incluido el tratamiento que habrá de darse a las inversiones ecológicas con arreglo a las normas presupuestarias de la UE, sin menoscabo de las salvaguardias contra los riesgos para la sostenibilidad de las deudas.

El eficaz diseño de las reformas fiscales puede impulsar el crecimiento económico y la resiliencia frente a las perturbaciones climáticas y contribuir a una sociedad más equitativa y a una transición justa. El papel que desempeñan estas reformas es directo, ya que envían las señales de precios correctas y ofrecen los incentivos adecuados para que los productores, los usuarios y los consumidores adopten comportamientos sostenibles. A nivel nacional, el Pacto Verde Europeo creará el contexto necesario para reformas fiscales de gran calado que supriman las subvenciones a los combustibles fósiles, desplacen la carga tributaria desde el trabajo hacia la contaminación y tengan en cuenta las consideraciones sociales. Es necesario asegurar la rápida adopción de la propuesta de la Comisión sobre los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), actualmente en el Consejo, de manera que los estados miembros puedan hacer un uso más selectivo de los tipos del IVA que refleje el aumento de las ambiciones medioambientales, por ejemplo para el fomento de la producción de frutas y hortalizas ecológicas.

Están en marcha evaluaciones de las directrices sobre ayudas estatales pertinentes, incluidas aquellas en materia de protección del medio ambiente y energía. Antes de que termine 2021, las directrices serán objeto de una revisión que reflejará los objetivos del Pacto Verde Europeo, en apoyo de una transición eficiente hacia la neutralidad climática antes de 2050, y facilitará la eliminación gradual de los combustibles fósiles, especialmente los más contaminantes, garantizando condiciones de competencia equitativas en el mercado interior. Estas revisiones suponen también una oportunidad para despejar las barreras comerciales al despliegue de productos limpios.

Las nuevas tecnologías, las soluciones sostenibles y la innovación disruptiva son elementos esenciales para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Para mantener su ventaja competitiva en tecnologías limpias, la UE ha de aumentar considerablemente el despliegue y la demostración a gran escala de nuevas tecnologías en todos los sectores y en todo el mercado único, construyendo nuevas cadenas de valor innovadoras. Este reto supera los medios de que dispone cada Estado miembro. Horizonte Europa, en sinergia con otros programas de la UE, desempeñará un papel determinante a la hora de movilizar inversiones públicas y privadas nacionales. Al menos el 35 % del presupuesto de Horizonte Europa se destinará a financiar nuevas soluciones para el clima que son pertinentes para aplicar el Pacto Verde.

Se utilizará la panoplia completa de instrumentos del programa Horizonte Europa en apoyo de los esfuerzos de investigación e innovación necesarios. Cuatro «Misiones del Pacto Verde» contribuirán a introducir cambios a gran escala en ámbitos como la adaptación al cambio climático, los océanos, las ciudades y el suelo. Estas misiones reunirán a una amplia gama de partes interesadas, entre las que se incluirán las regiones y los ciudadanos. Las asociaciones con la industria y los Estados miembros fomentarán la investigación y la innovación en materia de transporte en lo que respecta, por ejemplo, a las baterías, el hidrógeno limpio, la producción de acero hipocarbónica, los sectores circulares de base biológica y los entornos construidos. Las comunidades de conocimiento e innovación dirigidas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología seguirán promoviendo la colaboración entre los centros de enseñanza superior, los organismos de investigación y las empresas en torno al cambio climático, la energía sostenible, los alimentos del futuro y el transporte urbano inteligente, respetuoso con el medio ambiente e integrado. El Consejo Europeo de Innovación ofrecerá financiación, inversión de capital y servicios de aceleración empresarial a las empresas emergentes y pymes con gran potencial, de forma que puedan introducir innovaciones punteras relacionadas con el Pacto Verde cuya escala pueda ampliarse rápidamente en los mercados mundiales.

Los enfoques convencionales han dejado de ser suficientes. Mediante su énfasis en la experimentación y su presencia en todos los sectores y disciplinas, la agenda de la UE en materia de investigación e innovación adoptará el enfoque sistémico necesario para alcanzar los objetivos del Pacto Verde. El programa Horizonte Europa implicará también a las comunidades locales en el trabajo por un futuro más sostenible mediante iniciativas que procuren combinar la demanda social y el impulso tecnológico.

Los datos accesibles e interoperables radican en el centro de la innovación impulsada por los datos. Estos datos, combinados con la infraestructura digital (superordenadores, nubes, redes ultrarrápidas) y las soluciones de inteligencia artificial, facilitan las decisiones basadas en datos contrastados y amplían la capacidad de comprender y abordar los retos medioambientales. La Comisión apoyará el trabajo destinado a materializar todas las ventajas de la transformación digital en apoyo de la transición ecológica. Una prioridad inmediata será potenciar la capacidad de la UE para predecir y gestionar catástrofes medioambientales. Con tal fin, la Comisión congregará a los más destacados representantes de la comunidad científica y el sector industrial europeos para desarrollar un modelo digital de la Tierra de muy alta precisión.

Las escuelas, los centros de formación y las universidades son foros idóneos para difundir entre los alumnos, los padres y el resto de la comunidad información sobre los cambios necesarios para el éxito de la transición. La Comisión elaborará un marco europeo de competencias que contribuirá al desarrollo y la evaluación de los conocimientos, las capacidades y las actitudes relativos al cambio climático y el desarrollo sostenible. También proporcionará materiales de apoyo y facilitará el intercambio de buenas prácticas en las redes de programas de formación del profesorado de la UE.

La Comisión ha estado trabajando para dotar a los estados miembros de nuevos recursos financieros que aumenten la sostenibilidad de los edificios y el funcionamiento de las escuelas. Ha reforzado la colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y estrechado los vínculos entre los Fondos Estructurales y los nuevos instrumentos financieros con el objetivo de movilizar 3 000 millones EUR de inversiones en infraestructuras escolares en 2020.

El reciclaje profesional y la mejora de las competencias son necesarios para extraer los beneficios de la transición ecológica. El Fondo Social Europeo+ propuesto desempeñará un importante papel para ayudar a los trabajadores europeos a adquirir las competencias que necesitan para pasar de sectores en declive a sectores en expansión y adaptarse a nuevos procesos. La Agenda de Capacidades y la Garantía Juvenil se actualizarán para mejorar la empleabilidad en la economía verde. 

Todas las acciones y políticas de la UE deben converger para contribuir al éxito de la UE en su transición justa hacia un futuro sostenible. Los instrumentos de mejora de la legislación de la Comisión proporcionan una sólida base con ese fin. A partir de las consultas públicas, de la identificación de las repercusiones medioambientales, sociales y económicas, y de los análisis de la medida en que las pymes resultan afectadas y en que la innovación se ve fomentada o, por el contrario, obstaculizada, las evaluaciones de impacto contribuyen a tomar decisiones estratégicas eficientes con un coste mínimo, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde. Las evaluaciones también analizan sistemáticamente la coherencia entre la legislación actual y las nuevas prioridades.

Como contribución a su labor de detección y corrección de las incoherencias de la legislación vigente, la Comisión invita a las partes interesadas a que utilicen las plataformas disponibles[29] para simplificar la legislación y localizar casos problemáticos. La Comisión estudiará estas sugerencias cuando prepare los análisis, las evaluaciones de impacto y las propuestas legislativas para el Pacto Verde Europeo.

Además, en función de los resultados de su reciente balance de la política de mejora de la legislación, la Comisión afinará la medida en que sus directrices para la mejora de la legislación y las herramientas de apoyo cubren las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la innovación. El objetivo es garantizar que todas las iniciativas del Pacto Verde alcancen sus objetivos de la manera más eficaz y menos onerosa, y que todas las demás iniciativas de la UE cumplan el mandamiento «no ocasionarás daños». Con tal fin, la exposición de motivos que acompaña a todas las propuestas legislativas y actos delegados incluirá una sección específica en la que se explicará la forma en que cada iniciativa respeta dicho principio.

Los retos mundiales del cambio climático y la degradación del medio ambiente reclaman una respuesta mundial. La UE seguirá promoviendo y aplicando ambiciosas políticas de medio ambiente, clima y energía en todo el mundo. Desarrollará una «diplomacia por el Pacto Verde» más rigurosa, centrada en convencer a los demás y en ofrecer apoyo a quienes asuman su parte de la política de fomento del desarrollo sostenible. Al dar un ejemplo creíble respaldado por la diplomacia, la política comercial, la ayuda al desarrollo y otras políticas exteriores, la UE puede resultar un eficaz adalid en esta empresa. La Comisión y el alto representante colaborarán estrechamente con los estados miembros para movilizar a todos los canales diplomáticos, tanto bilaterales como multilaterales, como las Naciones Unidas, el G7, el G20, la Organización Mundial del Comercio y otros foros internacionales pertinentes.

La UE seguirá garantizando que el Acuerdo de París continúe siendo el marco multilateral indispensable para hacer frente al cambio climático. A medida que vaya disminuyendo el porcentaje de la UE en las emisiones mundiales, la adopción de medidas comparables y el aumento de los esfuerzos por parte de otras regiones serán cruciales para abordar el reto del cambio climático global de forma provechosa. El debate sobre la «ambición climática» se intensificará en los próximos meses, en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de París que requieren balances y actualizaciones periódicos. La Conferencia de las partes que se celebrará en Glasgow en 2020 será un hito importante previo al balance mundial de 2023. En ella se medirán los avances registrados hacia la consecución de los objetivos a largo plazo. El nivel de ambición mundial actual es, a todas luces, insuficiente[30]. La UE fortalecerá sus contactos con todos los socios a fin de aumentar el esfuerzo colectivo y de ayudarles a revisar y aplicar las contribuciones que hayan determinado a nivel nacional y a diseñar estrategias ambiciosas a largo plazo. Esta actividad partirá de la acrecentada ambición de la propia UE, según se indica en la sección 2.

Paralelamente, la UE intensificará su diálogo bilateral con los países socios y, en caso necesario, establecerá formas de colaboración innovadoras. La UE seguirá apelando a las economías del G20 que son responsables del 80 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El incremento del nivel de la acción por el clima llevada a cabo por nuestros socios internacionales requiere estrategias geográficas diseñadas a medida que reflejen los distintos contextos y necesidades locales, por ejemplo, para los grandes emisores actuales y futuros, para los países menos desarrollados y para los pequeños Estados insulares en desarrollo. La UE está trabajando también con sus socios en todo el mundo para desarrollar mercados internacionales de carbono como herramienta clave para crear incentivos económicos a la acción por el clima.

La UE hará hincapié en la ayuda a sus vecinos inmediatos. La transición ecológica para Europa solo será plenamente efectiva si los vecinos más cercanos actúan también con determinación. Se está trabajando en una Agenda Verde para los Balcanes Occidentales. La Comisión y el alto representante contemplan también el establecimiento de una serie de sólidas asociaciones en materia de medio ambiente, energía y clima con los países vecinos del Sur y en el marco de la Asociación Oriental.

Las cumbres UE-China que se organizarán en 2020 en Pekín y Leipzig brindarán la oportunidad de consolidar la asociación entre la UE y China sobre cuestiones climáticas y medioambientales, especialmente en preparación de la Conferencia sobre Biodiversidad de Kunming y de la Conferencia de las Partes en Glasgow.

Del mismo modo, la próxima Estrategia Global con África y la cumbre de 2020 entre la Unión Africana y la UE deberían situar las cuestiones relacionadas con el clima y el medio ambiente entre los capítulos esenciales de las relaciones entre ambos continentes. Concretamente, la Alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles intentará desbloquear el potencial de África para avanzar rápidamente hacia una economía ecológica y circular que incluya sistemas de energía y alimentación sostenibles y ciudades inteligentes. La UE reforzará su colaboración con África para intensificar el despliegue y el comercio de energía sostenible y limpia. La energía renovable y la eficiencia energética, aplicadas por ejemplo a la cocina no contaminante, son factores clave para colmar la brecha de acceso a la energía en África, consiguiendo al mismo tiempo la reducción de emisiones de CO2 requerida. La UE pondrá en marcha una iniciativa «NaturÁfrica» para poner coto a la pérdida de biodiversidad mediante la creación de una red de espacios protegidos en los que se preservará la flora y la fauna silvestres y se ofrecerán oportunidades en los sectores ecológicos a las poblaciones locales.

De forma más general, la UE utilizará sus instrumentos diplomáticos y financieros para garantizar que las alianzas verdes formen parte de sus relaciones con África y otros países y regiones socios, especialmente en América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico.

La UE debe, además, reforzar las iniciativas actuales y abordar con terceros países las cuestiones transversales relacionadas con el clima y el medio ambiente. Esta actividad puede incluir la supresión de las subvenciones mundiales a los combustibles fósiles en consonancia con los compromisos del G-20, la eliminación gradual de la financiación, por parte de las instituciones multilaterales, de las infraestructuras para combustibles fósiles, el aumento de las finanzas sostenibles, el progresivo abandono de la nueva construcción de centrales de carbón y las medidas destinadas a reducir las emisiones de metano.

La UE también reconoce que los retos mundiales en materia de clima y medio ambiente constituyen un importante multiplicador de las amenazas y una fuente de inestabilidad. La transición ecológica reconfigurará las relaciones geopolíticas, incluidos los intereses económicos, comerciales y de seguridad a escala mundial, lo que creará desafíos para una serie de estados y sociedades. La UE trabajará junto con todos sus socios para aumentar la resiliencia climática y medioambiental con el fin de evitar que esas tensiones desencadenen conflictos, inseguridad alimentaria, desplazamientos de la población y migraciones forzosas, y de apoyar una transición justa a escala mundial. Las implicaciones de la política climática deben convertirse en parte integrante de la reflexión y la acción de la UE sobre asuntos exteriores, también en el contexto de la política común de seguridad y defensa.

La política comercial puede apoyar la transición ecológica de la UE. En efecto, puede servir de plataforma para colaborar con los socios comerciales en la acción por el clima y el medio ambiente. Los compromisos con la sostenibilidad se han ido reforzando constantemente en los acuerdos comerciales de la UE, especialmente en lo que respecta a la intensificación de la acción contra el cambio climático. Además, la Comisión ha redoblado sus esfuerzos para la aplicación y el control del cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la UE, objetivo al que contribuirá el nombramiento de un alto responsable de la aplicación de la política comercial. Por lo que se refiere concretamente al cambio climático, los acuerdos más recientes de la UE recogen sistemáticamente el compromiso vinculante de las Partes con la ratificación y la ejecución efectiva del Acuerdo de París. La Comisión propondrá que el cumplimiento de este Acuerdo constituya en el futuro un elemento esencial de cualquier acuerdo comercial global. La política comercial de la UE facilita el comercio y la inversión en bienes y servicios ecológicos y promueve regímenes de contratación pública respetuosos con el clima. La política comercial debe, además, garantizar que el comercio y las inversiones en las materias primas que la economía de la UE necesita para la transición verde sean equitativos y estén libres de todo falseamiento. Puede ayudar a combatir prácticas nocivas como la tala ilegal, mejorar la cooperación en materia de regulación, promover las normas de la UE y eliminar las barreras no arancelarias en el sector de las energías renovables. Todas las sustancias químicas, materiales, alimentos y otros productos que se introducen en el mercado europeo deben ajustarse plenamente a los reglamentos y las normas de la UE. La UE debería utilizar su experiencia en la regulación «verde» para animar a sus socios a diseñar normas similares a las de la UE y tan ambiciosas como ellas, facilitando así el comercio y mejorando la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático en estos países.

Al tratarse del mercado único más extenso del mundo, la UE puede fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales. La Comisión seguirá aplicándose en la elaboración de nuevas pautas de crecimiento sostenible y utilizará su peso económico para configurar normas internacionales que estén en consonancia con las ambiciones medioambientales y climáticas de la UE. Se dedicará a facilitar el comercio de bienes y servicios medioambientales en los foros bilaterales y multilaterales, así como a apoyar unos mercados de la UE y mundiales abiertos y atractivos de productos sostenibles. Colaborará con socios de todo el mundo para garantizar la seguridad de los recursos de la UE y el acceso fiable a las materias primas estratégicas.

La política de cooperación internacional y de asociación de la UE deberá seguir contribuyendo a canalizar los fondos, tanto públicos como privados, que la transición requiere. La UE y sus estados miembros siguen siendo los principales donantes mundiales de ayuda al desarrollo y proporcionan más del 40% de los fondos públicos mundiales destinados a la acción por el clima. Como los fondos públicos no serán suficientes, la UE y sus estados miembros coordinarán su ayuda con el fin de implicar a sus socios en la reducción del déficit de financiación mediante la movilización de financiación privada. El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional propuesto por la Comisión se plantea asignar un 25% de su presupuesto a objetivos relacionados con el clima. La Comisión respaldará también el compromiso asumido por los recursos financieros públicos nacionales de mejorar el clima de inversión y lograr contribuciones del sector privado. Esta labor habrá de ir acompañada de oportunidades para eliminar o reducir el riesgo de las inversiones en desarrollo sostenible a través de instrumentos como las garantías de financiación y las combinaciones de financiaciones.

Para movilizar a los inversores internacionales, la UE se mantendrá también en la vanguardia de los esfuerzos por establecer un sistema financiero que sustente el crecimiento sostenible a nivel mundial. La UE recurrirá a la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles recientemente creada para coordinar las iniciativas de financiación sostenibles desde el punto de vista ambiental, como la taxonomía, la divulgación de información, las normas y las etiquetas. La Comisión fomentará también los debates en otros foros internacionales, en particular el G7 y el G20.

La participación y el compromiso de los ciudadanos y de todas las partes interesadas es crucial para el éxito del Pacto Verde Europeo. Los recientes acontecimientos políticos han puesto de manifiesto que las políticas transformadoras solo funcionan si los ciudadanos participan plenamente en su diseño. Lo que preocupa a los europeos es mantener su puesto de trabajo, poder calentar su hogar y llegar a fin de mes. Las instituciones de la UE tienen que estar a su escucha si desean que el Pacto Verde prospere y genere cambios duraderos. Los ciudadanos son y deben seguir siendo el motor de la transición.

A más tardar en marzo de 2020, La Comisión pondrá en marcha un Pacto europeo por el clima que se centrará en tres ejes de interacción con los ciudadanos en lo que respecta a la acción por el clima. En primer lugar, fomentará el intercambio de información y de ideas y facilitará la comprensión, por parte de los ciudadanos, de la amenaza y el reto que suponen el cambio climático y la degradación del medio ambiente, así como de las formas de contrarrestarlos. Para ello, utilizará múltiples canales y fórmulas, como la celebración en los estados miembros de actos construidos sobre el modelo de los diálogos con los ciudadanos organizados por la Comisión. En segundo lugar, abrirá espacios reales y virtuales para que quienes así lo deseen expresen sus ideas y su creatividad y colaboren en iniciativas ambiciosas, tanto de forma individual como colectiva. Se animará a los participantes a que se comprometan con objetivos de acción por el clima específicos. En tercer lugar, la Comisión trabajará en la creación de capacidad para facilitar las iniciativas de base sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. La información, la orientación y los módulos educativos podrían ayudar a intercambiar buenas prácticas. La Comisión velará por que la transición verde ocupe un lugar destacado en el debate sobre el futuro de Europa.

El Pacto por el clima tomará sus raíces en la actual ronda de diálogos con los ciudadanos organizados por la Comisión y en las asambleas de ciudadanos de toda la UE, así como en la labor de los comités de diálogo social. Seguirá obrando para empoderar a las comunidades locales y regionales, incluidas las comunidades de energía. Se robustecerá la dimensión urbana de la política de cohesión y se ofrecerá a las ciudades, a través de la Iniciativa Urbana propuesta, la asistencia necesaria para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollar estrategias de desarrollo urbano sostenible. El Pacto de los alcaldes de la UE mantendrá su crucial empuje. La Comisión colaborará con esa iniciativa para seguir prestando asistencia a las ciudades y regiones que deseen comprometerse a asumir compromisos ambiciosos en materia de clima y energía. Seguirá siendo una plataforma esencial para intercambiar buenas prácticas sobre la introducción de cambios a nivel local.

La Comisión también desea reducir su impacto medioambiental como institución y como empleadora. En 2020, presentará un Plan de acción integral para aplicar, dentro de su organización, los objetivos del Pacto Verde y para llegar a la neutralidad climática antes de que concluya 2030. Insta a todas las demás instituciones, órganos y organismos de la UE a que remen en la misma dirección y presenten medidas similares e igualmente ambiciosas.

Además de suscribir el Pacto por el Clima, la Comisión y los Estados miembros deben esforzarse por garantizar que todos los instrumentos de planificación disponibles en el ámbito del Pacto Verde Europeo se utilicen de forma coherente. Los principales instrumentos de este tipo son los planes nacionales de energía y clima y los planes estratégicos nacionales propuestos para aplicar la política agrícola común. La Comisión velará por que se ajusten a los fines perseguidos y por que los estados miembros los apliquen efectivamente, para lo que recurrirá si procede a mecanismos como el semestre europeo.

Los fondos europeos, incluidos los de desarrollo rural, ayudarán a las zonas rurales a sacar partido de las oportunidades de la economía circular y de la bioeconomía. La Comisión reflejará esta necesidad en su visión a largo plazo para las zonas rurales. Prestará una especial atención al papel de las regiones ultraperiféricas en el Pacto Verde Europeo, teniendo en cuenta su vulnerabilidad frente al cambio climático y a las catástrofes naturales y sus activos excepcionales: la biodiversidad y las fuentes de energía renovables. La Comisión impulsará el trabajo en la iniciativa «Energía limpia para las islas de la UE» con el fin de desarrollar un marco a largo plazo que acelere la transición hacia una energía limpia en todas las islas de la UE.

La Comisión y los estados miembros deben también garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las políticas y la legislación. La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental desempeñará un papel fundamental para pormenorizar la situación de cada Estado miembro. La Comisión presentará también, como complemento del Pacto Verde Europeo, un nuevo programa de acción en materia de medio ambiente que incluirá un nuevo mecanismo de seguimiento para garantizar que Europa no quede rezagada en el cumplimiento de sus objetivos medioambientales. Además, establecerá un cuadro de indicadores que le permitirá supervisar los avances hacia la consecución de cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La Comisión considerará la posibilidad de revisar el Reglamento Aarhus para mejorar el acceso a los mecanismos de recurso administrativo y judicial al nivel de la UE por parte de los ciudadanos y las ONG que tengan dudas sobre la legalidad de las decisiones que afecten al medio ambiente. Además, tomará medidas para mejorar su acceso a la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales nacionales de todos los estados miembros. La Comisión propiciará la actuación de la UE, sus estados miembros y la comunidad internacional para intensificar la lucha contra los delitos medioambientales.

El Pacto Verde Europeo da paso a una nueva estrategia de crecimiento para la UE. Sustenta la transición de la UE hacia una sociedad equitativa y próspera que responda a los desafíos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y venideras. La Comisión solicita al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo que refrenden el Pacto Verde Europeo y que presten su total apoyo a las medidas de que se compone.