La Presidenta Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado,

CONSIDERANDO: Que de conformidad a la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la política general del Estado y representarlo, así como emitir acuerdos, decretos, expedir reglamentos y resoluciones conforme a la Ley (artículos 235 y 245 numerales 2 y 11).

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Asimismo, establece que la migración estará condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país (artículos 35 y 59).

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública, dispone que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada. La Presidenta de la República en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, la Presidenta de la República tiene la facultad de organizar su gabinete; para ello puede nombrar secretarios de Estado a cargo de una responsabilidad general o para la coordinación de sectores que comprendan una o más secretarías de Estado, entidades descentralizadas, desconcentradas, programas, proyectos, empresas o servicios públicos (artículo 12).

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública, establece que los secretarios de Estado son colaboradores de la Presidenta de la República en el despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos de la Administración Pública Centralizada y la coordinación de las entidades y órganos desconcentrados o de las instituciones descentralizadas, en las áreas de su competencia (artículo 33).

CONSIDERANDO: Que en la actualidad no existe una articulación de las instituciones que están relacionadas con los temas migratorios en Honduras, lo que da como resultado la ejecución de acciones aisladas o duplicadas, que no responden a una visión de país sobre la gestión y gobernanza migratoria en Honduras y obstaculizan la optimización de recursos.

CONSIDERANDO: Que para cumplir con el Plan de Gobierno Bicentenario para Refundar Honduras y construir el Estado Socialista y Democrático, el Estado retoma su responsabilidad de planificar todas sus políticas públicas, esto implica crear e institucionalizar un mecanismo interinstitucional político-estratégico, que asesore a la Presidencia de la República en materia migratoria y que establezca un marco de gobernanza temático e institucional, entre otras atribuciones.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.° PCM 031-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de julio del 2014, edición número 33,468, se creó el Instituto Nacional de Migración (INM), como un ente desconcentrado de la Secretaría de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, ahora de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB), con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional. Su ejecución presupuestaria estará bajo el régimen del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) (artículo 1).

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.° PCM 063-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de septiembre del 2014, edición número 33,543 se reformaron los artículos 1, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo n.° PCM 031-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de julio del 2014, reformas que contienen la creación del Instituto Nacional de Migración (INM), atribuciones del director del instituto, así como su operación, administración y funcionamiento (artículos 1, 4 y 5).

POR TANTO,

En uso de las facultades contenidas en los artículos 35, 59, 235, 245 numerales 2) y 11) de la Constitución de la República; artículos 11, 12, 33, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública; Decreto Ejecutivo n.° PCM 031-2014 del 30 de junio de 2014, reformado mediante Decreto Ejecutivo n.° PCM 063-2014; artículo 8, numeral 20) de la Ley de Migración y Extranjería contenida en el Decreto Legislativo n.° 208-2003; y, demás aplicable.

DECRETA: